Un jurado en Santa Fe ordenó a Meta pagar USD $375 millones tras concluir que la empresa engañó a los consumidores sobre la seguridad de Facebook e Instagram y puso en riesgo a menores. El caso, impulsado por el fiscal general de Nuevo México, marca la primera gran derrota judicial de este tipo para la compañía y podría influir en litigios similares en Estados Unidos.
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- Un jurado halló a Meta responsable de dos reclamaciones bajo la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México.
- La sanción civil asciende a USD $375 millones, aunque la empresa ya dijo que apelará el veredicto.
- El juicio se apoyó en una investigación encubierta, testimonios de exdirectivos y documentos internos de Meta.
Meta recibió en Nuevo México un revés judicial que puede convertirse en referencia para otros casos abiertos en Estados Unidos sobre redes sociales y seguridad infantil. Un jurado en Santa Fe ordenó a la compañía pagar USD $375 millones en sanciones civiles tras concluir que engañó a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y puso en peligro a los niños.
La decisión llegó después de un juicio de seis semanas y representa, por ahora, la primera derrota de esta naturaleza para Meta ante un jurado por daños vinculados con usuarios jóvenes. Aunque la cifra puede parecer limitada frente al tamaño de una empresa valorada por el mercado en cerca de USD $1,5 billones, el alcance simbólico y jurídico del fallo es mucho mayor.
La oficina del fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, describió el resultado como un momento decisivo para padres preocupados por lo que enfrentan sus hijos en internet. Según expuso el estado, los ejecutivos de Meta conocían los riesgos, ignoraron advertencias internas y mantuvieron un discurso público incompatible con la evidencia presentada en el juicio, reseña TechCrunch.
Para lectores menos familiarizados con este debate, el punto central del caso no fue una simple falla técnica aislada. La acusación sostuvo que ciertas funciones y dinámicas de Facebook e Instagram facilitaron contactos peligrosos con menores y que la empresa no actuó con la diligencia suficiente pese a conocer señales de alerta reiteradas.
Cómo se construyó el caso contra Meta
La causa surgió de una investigación encubierta realizada en 2023 por autoridades de Nuevo México. Investigadores estatales crearon cuentas señuelo en Facebook e Instagram y se hicieron pasar por usuarios menores de 14 años para observar cómo respondían las plataformas y qué tipo de interacciones podían generarse.
De acuerdo con la información reportada por TechCrunch, esas cuentas recibieron material sexualmente explícito y fueron contactadas por varios hombres de Nuevo México que solicitaron sexo. Esos hombres fueron arrestados en mayo de 2024, y dos de ellos fueron detenidos en un motel donde creían que se reunirían con una niña de 12 años, según las conversaciones que habían sostenido con las cuentas creadas por los investigadores.
Ese operativo fue la base probatoria inicial del caso. Luego se sumaron documentos internos de Meta, testimonios de antiguos empleados y declaraciones que, en conjunto, apuntaron a una misma conclusión: dentro de la empresa existían advertencias sobre riesgos para menores que no habrían recibido la atención debida.
El jurado consideró a Meta responsable de las dos reclamaciones presentadas por el estado bajo la Ley de Prácticas Desleales. La multa se calculó a razón de USD $5.000 por infracción, que es el máximo permitido por esa legislación estatal.
Los testimonios que más dañaron a la empresa
Una parte importante del caso descansó en declaraciones de exdirectivos y exempleados de Meta. Entre ellas destacó la de Arturo Béjar, quien trabajó seis años en la empresa como líder de ingeniería y producto desde 2009 y ya había expuesto preocupaciones similares ante el Senado en años previos.
Béjar declaró ante el tribunal que intentó alertar a ejecutivos de Meta después de que su propia hija de 14 años recibiera insinuaciones sexuales no deseadas en Instagram. También explicó que los mismos algoritmos personalizados que hacen valiosas a las plataformas para la publicidad segmentada podrían servir con igual eficiencia para conectar depredadores con menores.
Su frase fue una de las más citadas del juicio. “El producto es muy bueno conectando a personas con intereses”, dijo Béjar. “Y si tu interés son las niñas pequeñas, será realmente bueno conectándote con niñas pequeñas”.
También testificó Brian Boland, exvicepresidente de marketing de producto para alianzas en Meta, quien pasó casi doce años en la compañía. Según su declaración, cuando salió de la empresa en 2020 “absolutamente no creía que la seguridad fuera una prioridad” para el CEO Mark Zuckerberg y para la entonces COO Sheryl Sandberg.
Zuckerberg, la adicción y el foco sobre los menores
Mark Zuckerberg fue interrogado bajo juramento como parte del proceso. Una grabación de esa declaración, realizada hace un año y mostrada al jurado a comienzos de marzo, produjo algunos de los momentos más recordados del juicio por el contraste entre sus respuestas y la tesis del estado.
Zuckerberg describió como “inconclusa” la investigación sobre si las plataformas son adictivas. El estado rechazó esa caracterización y sostuvo que los propios investigadores de Meta concluyeron que varias funciones del producto fueron diseñadas para generar respuestas de dopamina y aumentar el tiempo de uso en las aplicaciones.
Cuando se le preguntó si, como padre, tendría derecho a saber si un producto usado por su propio hijo es adictivo, Zuckerberg respondió que había mucho que “desentrañar” en esa pregunta. Luego añadió que él y su esposa investigan personalmente si los productos “son buenos para usar” antes de permitir su acceso a sus hijos y que, además, supervisan cómo los utilizan.
Según su declaración, sus hijos “son más pequeños”. Esa respuesta fue parte del esfuerzo de la defensa por contextualizar el uso familiar de la tecnología, pero no evitó que el jurado terminara respaldando la posición del estado.
La apelación de Meta y los otros frentes abiertos
Meta ya anticipó que apelará. En declaraciones difundidas a varios medios, un portavoz señaló que la empresa respeta el proceso, pero no está de acuerdo con el veredicto y sostuvo que trabaja intensamente para mantener seguras a las personas en sus plataformas.
Sin embargo, el caso de Nuevo México no es su único problema judicial en este frente. Meta y la plataforma de video YouTube también enfrentan un juicio en Los Ángeles por acusaciones de que sus servicios son adictivos y han perjudicado a usuarios jóvenes.
En ese proceso, el jurado delibera sobre la demanda presentada por una mujer californiana de 20 años identificada solo como K.G.M. Ella sostiene que desarrolló adicción a las redes sociales durante la infancia y que eso derivó en ansiedad, depresión y problemas de imagen corporal. TikTok y Snap también figuraban como demandados, pero llegaron a un acuerdo antes del juicio.
El lunes, el juez que supervisa el caso en Los Ángeles indicó al jurado que siguiera deliberando después de que el panel informara dificultades para alcanzar un veredicto respecto de uno de los demandados. Eso abre la posibilidad de una repetición parcial del juicio.
Lo que viene en Nuevo México
El litigio en Santa Fe todavía no ha terminado. Una segunda fase del caso comenzará el 4 de mayo y será un juicio sin jurado sobre reclamaciones de molestia pública presentadas por el estado contra Meta.
Esa etapa podría derivar en sanciones adicionales y, quizá más relevante, en cambios impuestos por el tribunal sobre el funcionamiento de las plataformas. Entre las medidas mencionadas en el caso figuran requisitos de verificación de edad y nuevas protecciones para menores.
A diferencia de una estrategia basada solo en violaciones concretas de normas de consumo, Nuevo México también sostiene que las plataformas de Meta han dañado de manera general la salud y la seguridad de los residentes del estado. Ese enfoque amplía el alcance del debate y podría influir en futuros litigios regulatorios.
Para el sector tecnológico, el fallo no solo eleva la presión legal sobre Meta. También refuerza la idea de que las plataformas digitales enfrentan una fase más agresiva de supervisión judicial y política cuando hay evidencia de riesgos para menores, diseño adictivo o contradicciones entre mensajes públicos y hallazgos internos.
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