Por Canuto  

Massachusetts presentó un marco que exige a los nuevos centros de datos asumir el costo de la energía limpia que necesitan, mientras pausa un beneficio fiscal y establece requisitos adicionales para los proyectos más grandes.
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  • El estado exige que los desarrolladores cubran los costos de infraestructura y prioricen la generación renovable en el sitio.
  • Quedó pausada la aceptación de solicitudes para una exención de impuestos de 20 años destinada a ciertos proyectos.
  • Los centros de datos con una demanda máxima superior a 25 MW enfrentarán requisitos adicionales, incluidos acuerdos formales de beneficios comunitarios.

Massachusetts presentó un marco regulatorio que exige a los desarrolladores de nuevos centros de datos asumir el costo de la energía limpia necesaria para sus operaciones. La administración de la gobernadora Maura Healey bautizó el enfoque como “Bring Your Own Clean Energy”, una fórmula destinada a evitar que el costo de alimentar instalaciones de alto consumo recaiga sobre los clientes habituales o presione aún más la red eléctrica estatal.

La medida llega en medio de una expansión de la infraestructura digital vinculada con servicios en la nube, inteligencia artificial y procesamiento de datos, aunque la información disponible no atribuye el cambio a un proyecto tecnológico específico. KuCoin informó que el marco busca responder simultáneamente al aumento de los costos eléctricos, las preocupaciones ambientales y los posibles efectos sobre la salud pública asociados con la ola de construcción de centros de datos en el estado.

Un nuevo modelo para pagar la electricidad

Entre sus primeras decisiones, Massachusetts pausó la aceptación de solicitudes para acceder a una exención de impuestos sobre ventas y uso con una duración de 20 años, creada en 2024 para proyectos que generaran al menos 100 empleos y comprometieran una inversión mínima de USD $50.000.000.

La suspensión no elimina definitivamente el beneficio, pero lo mantiene en pausa mientras las autoridades evalúan si existen protecciones suficientes para los contribuyentes de tarifas y para el medio ambiente. En la práctica, la decisión introduce una condición política y regulatoria adicional para los operadores que esperaban reducir sus costos iniciales mediante incentivos fiscales estatales.

El modelo denominado “Trae tu propia energía limpia” también coloca sobre los operadores los costos de infraestructura asociados con sus instalaciones. El estado indicó que los desarrolladores deberán priorizar la generación renovable en el sitio, una exigencia que puede incluir soluciones propias de producción energética, aunque la información divulgada no especifica una tecnología obligatoria ni establece un calendario único para cada proyecto.

La lógica de la norma consiste en separar el crecimiento de la demanda de los centros de datos del costo que soportan los hogares y otros usuarios de la red. Si una instalación requiere nuevas conexiones, refuerzos de transmisión o capacidad adicional, la administración pretende que el desarrollador asuma ese esfuerzo financiero en lugar de trasladarlo automáticamente a la base general de clientes eléctricos.

Más control comunitario y protección para los usuarios

El 8 de septiembre de 2026, Healey emitió la Orden Ejecutiva No. 658, que añadió requisitos para los proyectos de mayor escala. Los centros de datos con una demanda máxima superior a 25 megavatios deberán demostrar el cumplimiento del marco estatal y enfrentar requisitos de participación y beneficios comunitarios antes de avanzar en el proceso de revisión correspondiente.

Estos acuerdos colocan a las comunidades en una posición más relevante durante la evaluación de instalaciones que pueden modificar el uso del suelo, la infraestructura eléctrica y las condiciones ambientales del área. La información de origen no detalla qué beneficios concretos deberán incluir los pactos, por lo que el alcance práctico dependerá de los acuerdos que alcancen los desarrolladores con cada localidad.

Massachusetts también estableció un Fondo de Protección de los Contribuyentes de Tarifas, diseñado para recaudar pagos de los desarrolladores que no cubran la totalidad de sus costos de energía. La herramienta busca crear una reserva financiera frente al riesgo de que el consumo de una instalación termine generando gastos que no fueron asumidos de manera directa por su propietario.

La creación del fondo refleja una preocupación central de la administración estatal: que el crecimiento de la demanda digital produzca beneficios privados mientras distribuye sus costos entre los usuarios comunes. La Data Center Coalition cuestionó ese diagnóstico y sostuvo que los centros de datos no necesariamente elevan las tarifas eléctricas de otros clientes, además de destacar las contribuciones económicas continuas que estas instalaciones realizan en Massachusetts.

La conexión con los objetivos climáticos del estado

Las nuevas reglas forman parte de una estrategia climática más amplia de Massachusetts, que apunta a reducir en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 frente a los niveles de 1990. El estado también mantiene el objetivo de alcanzar emisiones netas cero para 2050, una meta que condiciona las decisiones sobre industrias intensivas en electricidad.

Para respaldar esos compromisos, Massachusetts se fijó la meta de añadir 10 gigavatios de nueva capacidad de energía renovable y 5 gigavatios de almacenamiento energético para 2035. La administración de Healey presenta la expansión de fuentes limpias y baterías como una forma de atender el aumento de la demanda sin depender exclusivamente de la infraestructura existente ni ampliar la presión sobre los usuarios de la red.

Los centros de datos ocupan un lugar sensible dentro de ese debate porque requieren suministro constante y pueden operar durante largos periodos con una demanda elevada. La política estatal intenta que ese consumo esté acompañado por nueva capacidad limpia, en vez de permitir que el crecimiento de la computación se apoye únicamente en la electricidad disponible para hogares, comercios y otras actividades.

Sin embargo, el marco también plantea una tensión entre las metas de descarbonización, la competencia por atraer inversiones y la velocidad con la que se construye infraestructura tecnológica. Las autoridades deberán demostrar que las exigencias protegen a los contribuyentes sin cerrar por completo la puerta a proyectos que, según la industria, aportan actividad económica y empleos al estado.

La disputa entre inversión tecnológica y costos públicos

La oposición de la Data Center Coalition muestra que el debate no se limita a la fuente de la electricidad, sino que abarca quién debe pagar por la expansión de la red. El grupo sostiene que no existe una relación automática entre la llegada de centros de datos y un aumento de las tarifas para los demás clientes, mientras Massachusetts parte de la necesidad de establecer salvaguardas antes de autorizar nuevos compromisos de infraestructura.

Ambas posiciones pueden coexistir parcialmente: un centro de datos podría generar empleos, inversión y actividad económica, pero también requerir obras eléctricas costosas o capacidad adicional que afecte la planificación estatal. La nueva norma no afirma que todas las instalaciones produzcan el mismo impacto, sino que establece que sus desarrolladores deben demostrar responsabilidad financiera y ambiental antes de obtener respaldo regulatorio.

La pausa de la exención fiscal de 20 años aumenta la incertidumbre para los proyectos que habían estructurado sus planes con base en ese incentivo. Hasta que el estado defina qué protecciones considera adecuadas, las empresas deberán evaluar sus inversiones considerando tanto el precio de la energía limpia como los costos de infraestructura, los posibles pagos al fondo y la necesidad de negociar con las comunidades.

El siguiente paso será determinar cómo se aplicará el marco a proyectos concretos y cómo se medirá el cumplimiento de la obligación de adquirir el 100% de energía limpia. Por ahora, Massachusetts envía una señal clara a la industria: la expansión de los centros de datos seguirá siendo posible, pero no bajo un esquema en el que los usuarios comunes absorban automáticamente sus costos energéticos y ambientales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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