Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

La industria cripto en Estados Unidos podría recibir pronto reglas federales claras, pero sin respaldo legislativo firme podrían revertirse con facilidad.

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  • Paul Atkins advierte que las reglas de la SEC no serán “a prueba del futuro” sin una ley del Congreso.
  • El CLARITY Act enfrenta tensiones por DeFi, stablecoins y conflictos de interés.
  • El Senado necesita apoyo demócrata clave para aprobar la legislación.

 

La industria de criptomonedas en Estados Unidos parece encaminarse, finalmente, hacia una definición oficial sobre qué activos digitales serán regulados por qué agencias federales. Sin embargo, esa claridad podría no ser permanente.

El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Paul Atkins, afirmó que su agencia está preparada para emitir reglas que otorguen al sector la certidumbre regulatoria que ha demandado durante años. Pero advirtió que tales normas podrían revertirse mediante una simple votación futura de la comisión.

Durante su testimonio ante el Comité Bancario del Senado el día de hoy, reseñado por CoinDesk, Atkins sostuvo que se necesita una base legislativa sólida que impida retrocesos en administraciones posteriores. Según declaró, las reglas administrativas no son inmunes a cambios políticos.

“Necesitamos una base sólida en el estatuto para evitar retrocesos en el futuro”, señaló Atkins ante los legisladores. Añadió que, aunque impulse normas favorables a la innovación, estas no estarán protegidas de manera definitiva sin una ley del Congreso.

Reglas sin blindaje legislativo

La SEC, bajo la dirección de Atkins, ha intentado revertir lo que él describe como un enfoque previo de “cabeza enterrada en la arena” respecto a la política cripto. Con su agenda denominada “Project Crypto”, la agencia busca establecer marcos regulatorios claros para empresas del sector.

Atkins reiteró que la SEC posee una autoridad amplia para redactar reglas que coloquen a las compañías cripto sobre una base regulatoria definida. Sin embargo, subrayó que esas reglas necesitarán ser respaldadas por legislación que las sustente formalmente.

“No necesitamos, creo, una buena ley que venga fuera del congreso”, afirmó el funcionario. Sin esa ley, cualquier normativa podría deshacerse con la misma facilidad con la que fue adoptada.

El problema es que la legislación correspondiente en el Senado atraviesa dificultades significativas. El proyecto conocido como CLARITY Act aún no logra consolidar consenso bipartidista pleno.

El estancamiento del CLARITY Act

Una versión similar del CLARITY Act ya fue aprobada por la Cámara de Representantes el año pasado. Además, el mes pasado otra versión superó el Comité de Agricultura del Senado en una votación dividida por líneas partidistas.

Sin embargo, para su aprobación final en el pleno del Senado, la industria necesitará al menos siete votos demócratas adicionales, además de una posible unanimidad republicana. El margen político es estrecho.

El senador demócrata Mark Warner, uno de los principales negociadores del proyecto, aseguró que aún existe un grupo bipartidista amplio trabajando en la iniciativa. “Queremos tener esta lista”, afirmó, aunque matizó que debe hacerse de forma segura.

Warner ha mostrado especial preocupación por las finanzas descentralizadas o DeFi. Considera prioritario evitar que actores maliciosos utilicen estas plataformas para actividades ilícitas.

“Tenemos que asegurarnos que no aprobaremos un régimen que habilite a malos actores u operaciones en el margen de la ley”, declaró. Sus posiciones han generado inquietud en la industria, que teme regulaciones demasiado restrictivas para los proyectos DeFi.

Stablecoins y conflictos de interés

Otro punto de fricción en las negociaciones gira en torno a los programas de recompensas asociados a stablecoins. Ejecutivos cripto y representantes bancarios no han logrado acordar un compromiso sobre este aspecto.

Además, legisladores demócratas sostienen que aún no se han resuelto preocupaciones centrales relacionadas con la dotación completa de personal en las agencias regulatorias y los posibles conflictos de interés.

Entre estos últimos, mencionan los profundos vínculos empresariales con el sector cripto que, según su visión, mantienen altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Donald Trump.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también intervino en el debate público. Criticó a los “nihilists” de la industria cripto que se oponen a regulaciones rigurosas, y sugirió que quienes no deseen supervisión estricta podrían mudarse a El Salvador.

Presión política y reloj en marcha

Desde el lado republicano, el senador Bernie Moreno expresó su apoyo al presidente de la SEC y afirmó que el Congreso ha fallado al no proporcionar leyes claras. “El Congreso ha fallado de forma miserable en producir leyes”, comentó.

El presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, adoptó un tono optimista respecto al avance del CLARITY Act. Sin embargo, incluso líderes de la industria como el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, han mostrado disposición a retirar su apoyo si el texto final no resulta satisfactorio.

La Casa Blanca ha instruido a los negociadores a encontrar puntos de acuerdo antes de que termine el mes. El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, French Hill, advirtió que el tiempo apremia.

El resultado de estas conversaciones determinará si la industria cripto obtiene un marco regulatorio estable y duradero o solo reglas administrativas susceptibles de ser modificadas en el futuro.

En un contexto global donde otras jurisdicciones avanzan con marcos normativos más definidos, la incertidumbre legislativa en Estados Unidos podría influir en la competitividad del país dentro del ecosistema digital.

Por ahora, la claridad regulatoria parece cercana. Pero su permanencia dependerá de que el Congreso logre transformar esa claridad en ley.

Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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