Una columna de India McKinney, de la Electronic Frontier Foundation, sostiene que la ley KIDS podría ir mucho más allá de la identificación digital y crear un régimen de vigilancia y censura. El debate plantea preguntas centrales sobre privacidad, libertad de expresión y los límites de la protección infantil en internet.
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• India McKinney, de la Electronic Frontier Foundation, considera que la ley KIDS representa una amenaza para la privacidad y la libre expresión.
• La autora sostiene que el proyecto podría crear un sistema de vigilancia masiva, más amplio que el llamado cardado digital.
• El debate enfrenta la protección de los menores con el riesgo de establecer controles permanentes sobre la actividad en línea.

La ley KIDS enfrenta críticas por posibles riesgos de vigilancia masiva

La propuesta es cuestionada por sus posibles efectos sobre la privacidad, la censura y la libertad de expresión en internet.

Una advertencia sobre el alcance de la ley

La discusión sobre la ley KIDS ha comenzado a concentrarse en una pregunta esencial: cómo proteger a los menores sin convertir internet en un espacio sometido a vigilancia constante. Para sus críticos, el proyecto puede crear consecuencias mucho más amplias que las anunciadas por sus promotores.

En una columna de opinión publicada por CoinDesk el 23 de julio de 2026, India McKinney, de la Electronic Frontier Foundation, describió la iniciativa como una amenaza seria para quienes valoran la privacidad y la libre expresión.

El argumento central de McKinney es que la ley no debe evaluarse únicamente por su propósito declarado. También es necesario examinar la infraestructura de control que podría surgir de su aplicación y el efecto que tendría sobre los usuarios de internet.

La autora sostiene que los legisladores están considerando un proyecto capaz de crear un régimen de vigilancia y censura. En su análisis, esa posibilidad debería servir como una señal de alerta para la sociedad en general.

La preocupación no se limita a los menores ni a sus familias. Según el planteamiento de McKinney, cualquier mecanismo diseñado para identificar, clasificar o restringir usuarios puede terminar afectando a un público mucho más amplio.

Del cardado digital a la vigilancia masiva

El título de la columna establece una comparación directa entre la ley KIDS y el llamado cardado digital. McKinney considera que la propuesta sería mucho peor que esa práctica porque podría consolidar un sistema permanente de observación.

La expresión cardado digital alude, en el debate sobre internet, a mecanismos que exigen comprobar la identidad o la edad de una persona antes de permitirle acceder a determinados espacios digitales. El problema aparece cuando esa comprobación deja de ser excepcional y se convierte en una condición general de navegación.

Desde la perspectiva de la privacidad, una exigencia de identificación puede generar registros sobre las actividades de los usuarios. Esos registros podrían revelar qué contenidos consultan, qué servicios utilizan o qué comunidades digitales frecuentan.

La columna no presenta la ley como una simple herramienta técnica de protección. McKinney advierte que su implementación podría dar lugar a una arquitectura de vigilancia masiva, con efectos difíciles de limitar una vez que el sistema esté instalado.

La diferencia entre una medida puntual y una infraestructura permanente resulta decisiva. Una comprobación concreta puede parecer acotada, mientras que un sistema general de supervisión puede modificar la manera en que millones de personas se expresan y participan en línea.

Privacidad y libertad de expresión

La privacidad no solo protege información personal, sino también la posibilidad de explorar ideas sin quedar expuesto de manera automática. Cuando los usuarios sienten que cada actividad puede ser observada, pueden evitar búsquedas, conversaciones o contenidos legítimos.

Ese efecto puede afectar especialmente a quienes participan en debates sensibles. Periodistas, activistas, investigadores y ciudadanos comunes podrían moderar sus opiniones por temor a que sus actividades digitales sean registradas o interpretadas fuera de contexto.

La libre expresión también depende de la existencia de espacios donde las personas puedan leer, aprender y comunicarse sin controles desproporcionados. McKinney considera que un régimen de vigilancia y censura amenaza directamente esas condiciones.

La autora no presenta la privacidad como un obstáculo frente a la seguridad infantil. Su argumento apunta a que las políticas públicas deben proteger a los menores sin debilitar derechos fundamentales para toda la población.

El dilema exige evaluar con cuidado quién recopilaría la información, para qué se utilizaría y qué límites existirían. También obliga a preguntar si los datos podrían compartirse con terceros o emplearse para propósitos diferentes a los originales.

El debate legislativo y sus consecuencias

El hecho de que los legisladores consideren el proyecto convierte el debate en un asunto inmediato. Para McKinney, no se trata de una discusión abstracta sobre tecnología, sino de una posible transformación de las reglas que organizan la vida digital.

Las leyes relacionadas con internet suelen crear sistemas difíciles de desmontar. Una vez que empresas, plataformas y organismos adoptan procedimientos de verificación, pueden aparecer incentivos para ampliar su uso a nuevas categorías de contenidos y usuarios.

El riesgo señalado por la Electronic Frontier Foundation consiste en que una medida presentada como protección pueda terminar normalizando la vigilancia. Esa normalización puede reducir la resistencia pública ante futuras exigencias de identificación y control.

También existe una dimensión institucional. Las autoridades tendrían que demostrar que cualquier mecanismo de supervisión es necesario, proporcional y sujeto a controles independientes, en lugar de asumir que una finalidad legítima justifica cualquier herramienta.

La columna invita a observar el proyecto desde una perspectiva más amplia. La pregunta no es solamente si la ley busca proteger a los niños, sino qué tipo de internet podría existir después de aplicar sus mecanismos.

Una discusión que trasciende la ley KIDS

La controversia refleja un conflicto recurrente en la regulación tecnológica. Los gobiernos buscan responder a riesgos reales en línea, mientras defensores de los derechos digitales advierten que algunas soluciones pueden producir daños estructurales.

Para los lectores que siguen las criptomonedas, blockchain y otras tecnologías digitales, el debate resulta especialmente relevante. Estos sectores suelen defender la autonomía del usuario, la privacidad y la reducción de intermediarios, principios que pueden entrar en tensión con sistemas obligatorios de identificación.

La discusión también conecta con el diseño de plataformas y servicios digitales. Las decisiones sobre identidad, acceso y moderación pueden influir tanto en las grandes empresas tecnológicas como en proyectos descentralizados y comunidades en línea.

McKinney plantea que quienes valoran la privacidad y la libre expresión deben prestar atención al proceso legislativo. Su advertencia busca evitar que una política con una intención popular se convierta en una herramienta de vigilancia difícil de controlar.

La ley KIDS continúa siendo presentada en el contexto de la protección infantil, pero sus críticos exigen revisar sus posibles efectos secundarios. El futuro del proyecto dependerá, entre otros factores, de si los legisladores incorporan límites claros para impedir la censura y la vigilancia masiva.

La opinión expresada por McKinney pertenece a la autora y no representa necesariamente la posición de CoinDesk, Inc., sus propietarios o sus afiliados.

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