Por Canuto  

La FCC respaldó la petición de AT&T para dejar de ofrecer telefonía básica en ciertas zonas de California y ordenó al estado frenar la aplicación de sus reglas. La decisión afecta una disputa sobre el reemplazo de líneas de cobre por alternativas inalámbricas y podría terminar en los tribunales.
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  • La FCC ordenó a California no aplicar sus requisitos de Operador de Último Recurso contra AT&T, en una decisión que la empresa venía buscando tras un revés judicial.
  • AT&T planea dejar de aceptar nuevos clientes de telefonía básica y retirar el servicio a 184.000 hogares y 15.000 comercios desde el 1 de junio de 2027.
  • La comisionada Anna Gomez votó en contra y sostuvo que California debe poder definir estándares para las alternativas inalámbricas y proteger a los usuarios.


La FCC limita la capacidad de California para exigir servicio telefónico a AT&T

Una orden federal cambia el pulso de la disputa

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ordenó el viernes 20 de noviembre a California detener la aplicación de sus reglas de Operador de Último Recurso, conocidas como COLR, contra AT&T. La decisión respalda la petición de la empresa para dejar de ofrecer servicio telefónico básico en ciertas zonas del estado y abre un nuevo frente en la disputa entre el gobierno federal y California sobre quién puede regular las telecomunicaciones.

Las obligaciones COLR exigen que AT&T ofrezca servicio telefónico a cualquier cliente potencial dentro de su territorio de operación en California. La compañía quiere dejar de aceptar nuevos clientes de telefonía básica y descontinuar el servicio de 184.000 clientes residenciales y 15.000 comerciales a partir del 1 de junio de 2027, mientras busca reemplazar las antiguas conexiones de cobre con una alternativa inalámbrica para el hogar.

La orden de la FCC concede la solicitud de AT&T para apartar las reglas estatales y se suma a una autorización federal previa para descontinuar el servicio. La empresa había intentado conseguir el mismo resultado en los tribunales, pero un juez federal rechazó en julio su petición para anular las normas de California, de modo que la resolución de la comisión modifica el escenario sin borrar el antecedente judicial.

Según el reporte de Ars Technica, California podría llevar la nueva decisión a los tribunales, por lo que la orden no necesariamente cerrará el conflicto. El estado se ha mantenido prácticamente solo frente a AT&T en este asunto: la compañía ya obtuvo exenciones de las obligaciones COLR en 20 de los 21 estados donde tiene redes cableadas.

El reemplazo de cobre por servicio inalámbrico

El centro técnico de la discusión es qué servicio puede sustituir a las líneas de cobre que AT&T busca retirar. La empresa sostiene que un teléfono inalámbrico doméstico conectado a su red celular ofrece una alternativa suficiente, y la FCC aceptó ese planteamiento para las zonas donde autorizó el reemplazo del servicio de voz heredado por una opción moderna basada en protocolo de internet.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, describió las normas de California como reglas diseñadas para otra época y afirmó que ya no encajan con un mercado competitivo y avanzado. También sostuvo que los requisitos estatales bloquean el avance de AT&T en una transición que, según la comisión, ya cuenta con autorización federal en determinadas áreas del estado.

California no sostiene que toda sustitución inalámbrica esté prohibida. El estado afirma que sus reglas permiten alternativas de ese tipo, siempre que cumplan los estándares que California exige para el servicio telefónico básico, y que AT&T todavía debe demostrar que su oferta inalámbrica satisface esas obligaciones antes de retirar el servicio existente.

Entre los requisitos estatales figuran opciones de tarifa plana con llamadas de voz ilimitadas, tarifas con descuento del programa Lifeline para clientes de bajos ingresos que reúnen los requisitos y servicios de retransmisión telefónica para personas sordas o con dificultades auditivas. La disputa, por tanto, no se limita a elegir entre cobre y conexión celular: también plantea qué prestaciones deben acompañar el cambio y quién verifica que la alternativa conserve esas protecciones.

La objeción de Anna Gomez y el papel del regulador estatal

La comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez, votó en contra de la orden y defendió la función de las comisiones estatales como una instancia cercana a los consumidores. Señaló que esos organismos conocen sus comunidades, reciben reclamos y responden ante las personas que dependen de los servicios, una relación que, a su juicio, una agencia federal en Washington no siempre puede reproducir.

Gomez también recordó que la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) mantiene abierto un procedimiento para revisar cómo modernizar sus reglas COLR. En lugar de anticiparse a ese proceso, argumentó, la FCC debería permitir que avance y dejar que California determine qué debe incluir una obligación moderna de servicio básico, con participación de quienes vivirán la transición.

La comisionada cuestionó que la resolución federal trate a la CPUC como un obstáculo que debe eliminarse, en vez de como un socio regulador. Según su postura, las transiciones tecnológicas funcionan mejor cuando las autoridades estatales conservan un papel real, sobre todo porque conocen las condiciones locales y pueden evaluar directamente las necesidades de los usuarios.

Gomez agregó que AT&T no planea retirar el servicio antes del 1 de junio de 2027, un plazo que, en su opinión, daba tiempo a la CPUC para terminar su revisión. Criticó que la FCC optara por ordenar al estado que ajuste sus protecciones a una resolución federal a la que la comisionada se opuso, en vez de esperar las conclusiones del procedimiento estatal.

El choque se suma a otras disputas entre Washington y California

La resolución se apoya en una línea de acción que la FCC había adelantado en marzo, cuando emitió una orden para facilitar que los operadores descontinúen redes de cobre. Esa decisión planteó que las reglas estatales pueden quedar desplazadas si entran en conflicto con las autorizaciones federales para retirar servicios y con las atribuciones de la comisión; AT&T invocó ese criterio en su demanda contra California.

La controversia también se inscribe en una larga pugna sobre la autoridad estatal en materia de telecomunicaciones. Durante la primera administración de Donald Trump, la FCC no logró en 2019 anular a escala nacional las leyes estatales de neutralidad de red, y California posteriormente venció en los tribunales a proveedores de internet que impugnaron su propia ley.

Las reglas de neutralidad de red de California y otras regulaciones estatales de telecomunicaciones vuelven a estar bajo presión por condiciones que la administración Trump vinculó con subvenciones federales. California rechazó este mes las exigencias del gobierno de Estados Unidos para dejar de aplicar sus leyes, en una disputa que conecta la regulación del sector con el financiamiento para ampliar el acceso a internet.

En ese otro frente, el estado podría tener que escoger entre mantener la aplicación de sus leyes de telecomunicaciones o recibir USD $1.420 millones destinados a desplegar banda ancha en 270.571 ubicaciones. Aunque esa controversia sobre subvenciones es distinta de la orden contra AT&T, ambas reflejan el mismo choque institucional sobre el alcance de las normas estatales y la autoridad federal para condicionar decisiones de California.


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