Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Japón está probando un nuevo enfoque para frenar el lavado de dinero con criptomonedas: en vez de montar una gran infraestructura estatal, el regulador quiere que exchanges, bancos y firmas de análisis compartan información y ejecuten controles más cerca de las transacciones. Con pilotos de tres meses y participantes de peso como GMO Coin, Bitbank y Chainalysis, el país busca afinar un marco que también cubra stablecoins y NFT, mientras acelera su agenda de integración cripto hacia 2028.

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  • La Agencia de Servicios Financieros (FSA) apoyará durante tres meses pilotos privados para probar medidas antilavado en cripto.
  • Participan exchanges como GMO Coin y Bitbank, además de Chainalysis Japón, y divisiones cripto de Rakuten y Nomura.
  • El foco está en compartir datos sobre direcciones sospechosas y coordinar alertas entre exchanges y bancos, incluyendo stablecoins y NFT.

 

Los reguladores japoneses buscan apoyo del sector privado para enfrentar lo que expertos describen como un aumento del lavado de dinero impulsado por criptomonedas. El movimiento toma forma después de que Tokio señalara que recurrirá al mundo empresarial para reforzar los controles, en un momento en que el país se prepara para una mayor adopción de activos digitales dentro del sistema financiero.

La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) indicó la semana pasada que respaldará los esfuerzos de empresas privadas para ejecutar pilotos relacionados con el lavado de dinero con criptomonedas durante los próximos tres meses. El objetivo es poner a prueba la efectividad y la viabilidad legal de un marco en el que las compañías colaboren entre sí y compartan información sobre actividades sospechosas vinculadas al ecosistema cripto, reporta Yahoo Finance.

La iniciativa llega mientras Japón se encamina a un “giro cripto” más amplio. El país ha dado señales de que quiere integrar plenamente las criptomonedas en el sector financiero para 2028, una ambición que vuelve más urgente mejorar mecanismos de cumplimiento, coordinación y respuesta ante riesgos de fraude y blanqueo.

Por qué el regulador mira al sector privado

El trasfondo es un cambio operativo que ya se observa en otras jurisdicciones: más tareas prácticas de prevención de lavado se ejecutan donde están los datos y el flujo transaccional. Aleksander Gora, jefe de identidad y confianza digital en el proveedor de seguridad Teranode Group, dijo a DL News que “a nivel global” aparece un patrón consistente: el sector privado ejecuta cada vez más operaciones AML porque posee “las capas de datos, tecnología y transacciones”.

En ese esquema, el Estado no se retira, pero redefine su rol. Gora sostuvo que los gobiernos seguirán marcando el marco regulatorio, mientras que la ejecución se moverá hacia quienes están más cerca de las transacciones. Para el mercado, esto implica que los controles pueden volverse más rápidos y más granularmente conectados al comportamiento real de los usuarios y direcciones, aunque también exige criterios comunes para evitar arbitrajes entre plataformas.

Este enfoque apunta a un reto típico del ecosistema cripto: la trazabilidad existe, pero la identificación de riesgos requiere correlacionar información dispersa. Las operaciones en cadena pueden verse, pero la atribución de una dirección, el patrón de fraude y la conexión con cuentas bancarias o identidades verificadas suele depender de datos que no siempre están en manos de un solo actor.

En Japón, además, el momento importa. A medida que crece el interés por stablecoins y servicios financieros cripto ofrecidos por instituciones tradicionales, el perímetro de riesgo deja de limitarse a exchanges especializados. El regulador parece querer que el marco funcione en un entorno híbrido, donde bancos, brokers y negocios cripto conviven y comparten clientes.

Quiénes participan y qué se probará en los próximos tres meses

La FSA señaló que varias bolsas de criptomonedas nacionales líderes participarán en los pilotos, incluidas GMO Coin y Bitbank. A ellas se suma la rama japonesa de Chainalysis, firma conocida por su análisis Blockchain y apoyo a investigaciones y monitoreo de actividad ilícita, según describió el anuncio citado por la fuente.

También aparecen nombres relevantes del sector financiero japonés. Están involucradas las divisiones de criptomonedas del gigante minorista Rakuten y del proveedor de valores Nomura. El conglomerado Hitachi también expresó interés en el proyecto, lo que sugiere que la discusión no se limita a servicios financieros puros, sino a capacidades tecnológicas e infraestructura.

La FSA indicó que otras empresas también trabajan en los pilotos, pero pidieron mantener sus identidades en secreto. Ese detalle sugiere sensibilidad competitiva o reputacional, algo frecuente cuando se prueban esquemas de intercambio de información que, si se interpretan mal, podrían percibirse como reconocimiento implícito de exposición a riesgos.

El regulador explicó que los pilotos medirán “la efectividad y las credenciales de cumplimiento legal” del nuevo marco para empresas privadas. En la práctica, se busca habilitar colaboración y compartición de información sobre lavado relacionado con criptomonedas, de manera que el aprendizaje pueda usarse para afinar reglas, procesos y estándares, sin asumir desde el inicio que un solo diseño sirve para todo tipo de actor.

Stablecoins, NFT y el reto de vigilar nuevas formas de transacción

Una parte central de las pruebas es el alcance. Las empresas trabajarán con afiliados del propio regulador para explorar medidas de cumplimiento AML para transacciones que incluyan stablecoins y tokens no fungibles (NFT). Esto amplía el foco más allá del intercambio spot tradicional, donde los controles suelen estar más maduros.

Las stablecoins plantean un desafío particular porque buscan funcionar como dinero digital con baja volatilidad. En un entorno de pagos y transferencias rápidas, la presión por controles efectivos aumenta, sobre todo si instituciones tradicionales comienzan a emitir o distribuir monedas estables respaldadas en yenes.

Los NFT, por su parte, no solo se asocian a coleccionables. También pueden utilizarse como vehículos para transferir valor en mercados menos líquidos y con precios más subjetivos. Por eso, incluirlos en el marco de pruebas apunta a evitar zonas grises, donde la supervisión quede rezagada respecto de la innovación.

Shiv Shankar, CEO del mercado descentralizado Blockchain, Boundless, y ex jefe de cumplimiento en Coinbase Japón, dijo a DL News que, en lugar de construir una instalación estatal masiva, los gobiernos pueden establecer estándares y exigir que entidades privadas los implementen. Agregó que, en lugares como Japón, donde los reguladores son cautelosos pero con visión tecnológica a futuro, ese modelo “encaja bastante bien”.

Compartir información: direcciones sospechosas y coordinación entre industrias

Uno de los participantes explicó que la FSA quiere que “múltiples bolsas de criptomonedas y negocios de monedas estables verifiquen la sofisticación y eficiencia de las medidas de AML” compartiendo información sobre “direcciones de carteras sospechosas de fraude entre industrias”. En la práctica, esto apunta a crear señales accionables que se propaguen con rapidez entre distintos actores.

Ese intercambio abriría la puerta a una coordinación más directa entre exchanges y bancos. La idea es que las bolsas de criptomonedas puedan compartir información con entidades bancarias sobre transacciones sospechosas, y que los bancos hagan lo propio. En un ecosistema donde el dinero entra y sale del mundo cripto a través de rampas fiat, esa visibilidad cruzada se vuelve una pieza clave para detectar patrones.

La colaboración intersectorial podría ganar peso si Japón avanza en la desregulación y difumina límites entre criptomonedas y finanzas tradicionales. En ese escenario, el riesgo no desaparece, sino que se redistribuye, y los controles necesitan ser consistentes para no crear “puntos ciegos” entre tipos de institución.

También hay una dimensión operativa: compartir información requiere estándares, gobernanza y claridad legal. Por eso, la FSA puso énfasis en que los pilotos evalúen credenciales de cumplimiento legal. El regulador parece buscar evidencia práctica de que el intercambio puede hacerse sin vulnerar obligaciones, ni generar fricciones innecesarias entre competidores.

El contexto: Japón acelera servicios cripto y permisos para actores tradicionales

El plan se entiende mejor con la agenda de mercado que ya está en marcha. Bancos y empresas de valores japoneses han intensificado esfuerzos para lanzar stablecoins respaldadas por yenes y ofrecer a sus clientes una gama de servicios financieros relacionados con criptomonedas durante el próximo año. Esa expansión eleva la necesidad de controles robustos y cooperación.

En paralelo, se reporta que Nomura busca un permiso de operación japonés para su intercambio de criptomonedas con sede en Europa este año. Según la misma línea de información, rivales bancarios como Daiwa Securities Group y SMBC Nikko Securities también estarían considerando movimientos similares, lo que sugiere competencia creciente por posicionarse en servicios cripto regulados.

En un entorno así, el regulador enfrenta un equilibrio: habilitar innovación e integración sin relajar estándares contra el lavado de dinero. La apuesta por pilotos con actores privados apunta a aprender rápido, probar herramientas y mecanismos de coordinación, y trasladar ese aprendizaje a reglas que funcionen a escala cuando el mercado sea más grande y complejo.

Si el modelo prospera, Japón podría consolidar una supervisión más basada en estándares y colaboración técnica, donde las entidades que manejan datos transaccionales tengan un rol activo en la detección temprana. Por ahora, el énfasis está en probar el marco, medir su efectividad y ajustar su diseño legal, con la mira puesta en un sistema financiero que quiere convivir con cripto de forma más plena hacia 2028.


Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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