Por Canuto  

Más de 100 empresas y organizaciones del ecosistema cripto han intensificado su ofensiva en Washington para intentar asegurar la aprobación de la Ley CLARITY en el Senado. La iniciativa es vista por el sector como una oportunidad decisiva para obtener reglas federales más claras y frenar la presión informal que, según denuncian, ha limitado el acceso bancario de las compañías vinculadas a activos digitales.
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  • Más de 100 firmas y organizaciones cripto presionan al Senado de EE. UU. para avanzar la Ley CLARITY.
  • La industria afirma que el proyecto ayudaría a frenar prácticas regulatorias informales contra la banca cripto.
  • Aunque el comité del Senado ya dio luz verde, el texto aún enfrenta obstáculos políticos y procesales.

La industria de las criptomonedas ha elevado su presión sobre el Senado de Estados Unidos para intentar asegurar la aprobación de la Ley CLARITY, un proyecto que el sector considera crucial para establecer reglas federales más claras antes de que el impulso político en el Congreso pierda fuerza.

Más de 100 empresas y organizaciones del ecosistema, encabezadas por Digital Chamber, Crypto Council for Innovation y Blockchain Association, han reforzado su campaña de cabildeo. La meta es empujar el proyecto más allá del Comité Bancario del Senado y llevarlo hasta el pleno, donde la disputa política luce mucho más compleja.

Para el sector, no se trata solo de una discusión técnica sobre marcos regulatorios. También está en juego el acceso básico al sistema financiero para exchanges y compañías de infraestructura que dependen de relaciones bancarias estables para operar entradas y salidas entre dinero fiduciario y criptoactivos.

De acuerdo con la información publicada por Yahoo Finance, el Comité Bancario del Senado aprobó el proyecto a mediados de mayo tras meses de negociaciones bipartidistas. Sin embargo, esa votación fue apenas una etapa inicial en un proceso que todavía enfrenta riesgos procesales y resistencia política antes de llegar al escritorio presidencial.

Una ofensiva coordinada del sector

La carta enviada por la coalición el 23 de abril al Comité Bancario del Senado reunió a firmas de gran peso dentro del mercado. Entre los firmantes figuran Coinbase, Circle, Kraken, Ripple, ConsenSys, Anchorage Digital, Galaxy Digital, Andreessen Horowitz y Paradigm.

La composición del grupo es relevante porque mezcla actores de infraestructura institucional, fondos de capital de riesgo y plataformas orientadas al usuario minorista. Esa amplitud sugiere que el reclamo no responde a un solo segmento del mercado, sino a una preocupación compartida en varias capas de la industria.

También firmaron capítulos universitarios de Stand With Crypto, una señal de que la campaña no se limita al trabajo tradicional de lobby en Washington. Además del frente institucional, la estrategia busca activar presión electoral y ciudadana sobre senadores considerados clave para cualquier votación cerrada.

Digital Chamber, a través de su campaña Crypto Banking, ha concentrado esfuerzos en senadores de voto oscilante, tanto dentro del Comité Bancario como en el caucus demócrata más amplio. Esa aritmética es central, ya que el proyecto necesitaría respaldo bipartidista para superar el umbral de 60 votos requerido para avanzar en el pleno.

El centro de la disputa: banca, supervisión y “Operation Choke Point 2.0”

El principal reclamo de la coalición apunta a lo que la industria describe como “Operation Choke Point 2.0”. Con ese término, los grupos sostienen que reguladores federales como la Reserva Federal, la FDIC y la OCC habrían presionado informalmente a bancos para reducir o cortar servicios a clientes vinculados con criptomonedas.

Según esa denuncia, el problema no radica solo en la dureza del enfoque regulatorio, sino en la forma en que habría sido aplicado. La crítica señala que gran parte de esa presión se habría ejercido sin regulación formal, sin debido proceso y sin un rastro documental claro que pudiera ser impugnado en tribunales.

Para exchanges como Coinbase, Kraken y Gemini, el proyecto de ley tendría implicaciones directas sobre su capacidad de mantener y ampliar rampas de entrada y salida entre el sistema bancario y el mercado cripto. Ese punto es especialmente sensible porque tales conexiones resultan esenciales para depósitos, retiros y servicios a clientes institucionales y minoristas.

La Ley CLARITY buscaría obligar a que ese tipo de conducta regulatoria se canalice mediante procesos formales de elaboración normativa. En la práctica, reemplazaría el uso predominante de cartas de supervisión y documentos de orientación por mecanismos más visibles, debatibles y sujetos a revisión.

Un argumento de competitividad nacional

Los defensores del proyecto no han centrado su discurso únicamente en la innovación tecnológica o en la defensa de las empresas del sector. También han intentado vincular la aprobación de la ley con la competitividad de Estados Unidos frente a otras jurisdicciones que avanzan con marcos más definidos para activos digitales.

El director ejecutivo de Crypto Council for Innovation advirtió que, sin la aprobación de la ley, “EE. UU. corre el riesgo de perder su ventaja en esta competencia global”. La frase apunta a un argumento que ha ganado espacio entre legisladores centristas, especialmente aquellos que no se identifican con el entusiasmo cripto, pero sí con la necesidad de proteger liderazgo financiero e innovación doméstica.

A esa línea discursiva se sumó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una audiencia del Senado sobre el presupuesto del año fiscal 2027. Allí sostuvo que la Ley CLARITY es “crítica para mantener el liderazgo financiero de EE. UU. y el estatus del dólar como moneda de reserva”.

Esa coincidencia entre miembros de la administración y el lobby de la industria ha dado más peso político al proyecto. Aun así, la alineación no ha sido suficiente para desactivar todas las objeciones, especialmente entre demócratas que siguen mirando con cautela cualquier flexibilización regulatoria sobre el sector.

Los obstáculos políticos siguen en pie

Pese al avance en comité, el panorama en el Senado sigue lejos de estar asegurado. Analistas ya han advertido que persisten barreras procedimentales importantes antes de que el texto pueda ser sometido a una votación definitiva en el pleno.

Además, dentro del Partido Demócrata continúan las preocupaciones sobre el posible impacto del proyecto en la aplicación de la ley. Parte de esas reservas se conecta con la percepción de que una legislación más favorable a la industria podría debilitar herramientas de control en un mercado que aún arrastra controversias regulatorias y reputacionales.

Otro factor político que complica la discusión es que la familia del presidente Donald Trump mantiene intereses empresariales en el sector, un punto que ha alimentado sospechas y críticas entre algunos legisladores demócratas. Esa dimensión añade sensibilidad al debate, incluso entre quienes aceptan que el marco actual presenta vacíos y contradicciones.

La volatilidad del proceso también se ha reflejado en los mercados de predicción. Las probabilidades asociadas a la aprobación de la Ley CLARITY han mostrado movimientos bruscos ante contratiempos procesales previos, lo que evidencia lo rápido que puede cambiar el sentimiento político alrededor del proyecto.

Impacto inmediato en el mercado y lo que está en juego

Tras la votación favorable en el Comité Bancario, las acciones vinculadas al sector cripto registraron alzas importantes. La reacción sugiere que los inversionistas están leyendo el avance como una posible señal de alivio regulatorio para empresas que han operado durante años bajo incertidumbre legal y fricciones con el sistema bancario.

Sin embargo, el optimismo bursátil convive con una realidad política mucho más incierta. Para la industria, la Ley CLARITY representa algo parecido a una ventana de oportunidad limitada, quizá la última con opciones realistas de concretar un marco federal antes de que cambie la correlación de fuerzas o se estanque la agenda legislativa.

Para lectores menos familiarizados con el debate, el trasfondo es sencillo pero importante. Las compañías cripto no solo buscan normas más favorables, sino reglas explícitas, estables y públicas que sustituyan decisiones opacas o informales de supervisión, especialmente cuando esas decisiones afectan su acceso a infraestructura bancaria esencial.

En ese contexto, la batalla por la Ley CLARITY va más allá de una disputa sectorial. El caso se ha convertido en una prueba sobre cómo Estados Unidos piensa regular la economía digital emergente, cuánto espacio dará a la innovación financiera y qué tan transparente debe ser la actuación de sus agencias cuando intervienen en industrias de alto crecimiento.


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