Por Canuto  

India evalúa un modelo interino para supervisar las criptomonedas mediante organizaciones de autorregulación, mientras el RBI mantiene su preferencia por una política cercana a la prohibición.

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  • El Comité Permanente de Finanzas recomendó que organizaciones de autorregulación vigilen el mercado cripto bajo la supervisión del RBI o SEBI.
  • India cuenta con 39,3 millones de usuarios verificados por KYC, pero los activos digitales todavía no tienen reconocimiento legal formal.
  • La propuesta surge mientras el RBI advierte sobre riesgos para la soberanía monetaria y una parte importante del volumen migra a plataformas extranjeras.

 


El Comité Permanente de Finanzas del Parlamento de India recomendó permitir que organizaciones de autorregulación supervisen temporalmente el mercado de criptomonedas. El esquema funcionaría bajo la vigilancia del Banco de la Reserva de India, conocido como RBI, o de la Junta de Valores y Bolsa de India, SEBI.

La propuesta busca llenar un vacío legal que afecta a millones de usuarios de activos digitales. India grava las ganancias cripto, pero todavía no reconoce las criptomonedas como una clase formal de activos ni ofrece un marco regulatorio integral.

El comité presentó la recomendación en su 36º informe sobre el propuesto Código de Mercados de Valores de 2025. El documento llegó al Parlamento el 23 de julio, en un momento de debate intenso sobre el futuro de la industria dentro del país.

La iniciativa también expone una diferencia de criterio entre el Parlamento y el RBI. Mientras el comité explora una vía de regulación provisional, el banco central ha comunicado que todavía prefiere una política que se incline hacia la prohibición.

Una vigilancia provisional mientras llega la ley

El comité planteó que las organizaciones de autorregulación reconocidas establezcan y hagan cumplir estándares de conducta para las empresas del sector. Esta estructura operaría de manera interina, mientras el gobierno prepara una legislación permanente para los activos digitales.

Las SRO no actuarían sin controles públicos, según la propuesta. El RBI o SEBI asumirían la supervisión de estas entidades, con el propósito de limitar conflictos de interés y asegurar que la industria cumpla obligaciones comunes.

La protección del inversionista ocuparía el primer lugar dentro del modelo recomendado. Entre las tareas esperadas figuran la auditoría de las reservas de los exchanges, la atención de reclamos y la separación legal de los fondos de los clientes.

La separación de activos busca impedir que el dinero de los usuarios se mezcle con el balance corporativo de las plataformas. El mecanismo permitiría distinguir con mayor claridad entre los recursos de los clientes y las obligaciones financieras de una empresa.

El comité examinó sistemas operativos de Reino Unido, Singapur, Estados Unidos y la Unión Europea antes de proponer el esquema de autorregulación. La comparación internacional sirvió como referencia para diseñar una respuesta temporal ante la ausencia de una ley india específica.

Un mercado gravado, pero sin reconocimiento legal

India aplica actualmente un impuesto del 30% sobre las ganancias obtenidas con criptomonedas. Además, establece una deducción en la fuente del 1% sobre las transacciones relacionadas con activos digitales.

La existencia de estos impuestos no significa que las criptomonedas tengan reconocimiento formal como clase de activo. El Ministerio de Finanzas ha señalado que los activos cripto permanecen fuera del alcance regulatorio general, salvo en materia tributaria, lavado de dinero y reportes.

El país dispone de una Unidad de Inteligencia Financiera para recibir y gestionar reportes vinculados con posibles operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, ese mecanismo no sustituye una legislación que defina los derechos, obligaciones y responsabilidades de los participantes del mercado.

El comité también solicitó mayor claridad sobre las categorías legales aplicables a los activos digitales. Algunos tokens podrían funcionar como valores, otros como derivados y otros podrían pertenecer a categorías todavía diferentes.

La clasificación tendría consecuencias directas para exchanges, emisores, custodios e inversionistas. Sin definiciones precisas, las autoridades enfrentan dificultades para determinar qué reglas deben aplicarse a cada producto y quién debe supervisarlo.

El RBI mantiene una postura cercana a la prohibición

La recomendación parlamentaria llegó pocas semanas después de que el RBI expresara ante el mismo comité una posición más restrictiva. El banco central indicó en mayo y junio que prefería una política orientada hacia la prohibición de las criptomonedas.

El RBI sugirió excluir a los bancos de la exposición a los activos digitales. También mantuvo la prohibición de criptomonedas privadas respaldadas por monedas fiduciarias como una de las opciones que el gobierno podría considerar.

El banco central argumentó que las stablecoins vinculadas al dólar podrían afectar la soberanía monetaria de India. Desde su perspectiva, una expansión de estos activos podría reducir el control de las autoridades sobre los flujos monetarios internos.

Los funcionarios fiscales comparten varias preocupaciones del RBI, especialmente respecto de las operaciones realizadas en el extranjero. Según Cryptopolitan, menos del 25% de las 645.000 personas que transaron con criptomonedas durante el año terminado en marzo de 2023 reportaron sus ganancias.

La diferencia entre gravar las operaciones y reconocer legalmente los activos crea una situación compleja. Los usuarios deben cumplir obligaciones tributarias, pero no cuentan con una protección regulatoria equivalente frente a fallas de plataformas, conflictos de custodia o disputas comerciales.

La migración hacia exchanges extranjeros

El sistema tributario vigente ha recibido críticas de quienes consideran que impulsa la actividad cripto fuera de India. En lugar de fortalecer el mercado doméstico, los gravámenes podrían estar motivando a usuarios y empresas a buscar plataformas internacionales.

Raghav Chadha, miembro de Rajya Sabha, afirmó ante el Parlamento en febrero que cerca del 73% del volumen de criptomonedas de India se había trasladado a exchanges extranjeros. También sostuvo que alrededor de 120 millones de indios utilizan plataformas de otros países.

Chadha añadió que aproximadamente 180 startups de criptomonedas habían abandonado India. Sus declaraciones presentaron la migración empresarial como una señal de que la incertidumbre regulatoria y fiscal podría estar reduciendo la actividad local.

El parlamentario resumió su posición con una frase contundente: “La prohibición no es protección. La regulación es protección”. El argumento sostiene que una prohibición puede desplazar a los usuarios hacia jurisdicciones menos accesibles para las autoridades, sin eliminar necesariamente la demanda.

Manhar Garegrat, jefe de Liminal Custody, calificó las recomendaciones como “un paso constructivo hacia la construcción de un ecosistema de activos digitales más maduro en India”. Su valoración refleja el respaldo de parte de la industria a una solución regulatoria gradual.

Una base de usuarios que presiona por reglas claras

El RBI indicó que India tenía 54 proveedores de servicios registrados ante la Unidad de Inteligencia Financiera. También reportó 39,3 millones de usuarios verificados mediante KYC que poseían aproximadamente 20.437 crore de rupias.

Ese monto equivale a cerca de USD $2.400 millones, de acuerdo con la información presentada al comité. La cifra muestra que existe una actividad doméstica relevante pese a la falta de reconocimiento legal y a la posición restrictiva del banco central.

Los usuarios verificados enfrentan una paradoja regulatoria. Las autoridades pueden identificar parte importante de la actividad mediante procedimientos KYC y mecanismos fiscales, pero todavía no han establecido reglas completas para proteger sus fondos o resolver disputas.

El modelo de SRO podría ofrecer estándares mínimos para exchanges y otros proveedores mientras avanza el proceso legislativo. No obstante, su eficacia dependerá del alcance de la supervisión pública y de la capacidad de las organizaciones para sancionar incumplimientos.

Los próximos pasos dependerán del gobierno indio, que debe decidir si convierte la recomendación en una política formal. El comité espera que se redacte una legislación robusta con definiciones legales claras y una base adecuada para las SRO interinas.

El debate continuará entre quienes priorizan la estabilidad monetaria y quienes consideran que la regulación puede reducir los riesgos del mercado. Por ahora, India mantiene un sistema que cobra impuestos sobre las criptomonedas, pero todavía no determina plenamente su lugar dentro de la economía legal.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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