Por Canuto  

Illinois aprobó un nuevo impuesto de 0,2% sobre transacciones con activos digitales dentro de su presupuesto estatal para 2027, una medida que grupos del sector describen como la legislación anti-cripto más dura vista hasta ahora en un estado de EE. UU. El rechazo se centra en que la norma no contempla exenciones para transferencias entre billeteras propias, obliga a los intermediarios a recaudar el tributo y prevé sanciones penales para quienes operen sin registro.

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  • El gobernador JB Pritzker firmó el SB 3019, que incluye un impuesto de 0,2% sobre actividad comercial con activos digitales desde el 1 de enero de 2027.
  • Grupos como Crypto Council for Innovation, Digital Chamber y Blockchain Association cuestionan la legalidad y el proceso legislativo de la medida.
  • El presupuesto también incorpora nuevos impuestos digitales sobre publicidad dirigida, plataformas de redes sociales y mercados de predicción.

 

Illinois acaba de colocarse en el centro del debate regulatorio sobre criptomonedas en Estados Unidos tras promulgar un impuesto estatal de 0,2% sobre la actividad comercial con activos digitales. La medida fue incorporada dentro del Proyecto de Ley del Senado 3019, la norma presupuestaria para el año fiscal 2027.

El gobernador JB Pritzker firmó el presupuesto el 16 de junio, activando una reacción inmediata de grupos de la industria cripto y especialistas tributarios. Para los críticos, el artículo dedicado a activos digitales convierte a Illinois en el estado con la postura fiscal más agresiva contra este mercado.

El nuevo esquema forma parte de un presupuesto de USD $55.900 millones. Dentro de ese paquete, el Artículo 3 crea la llamada Ley del Impuesto sobre el Privilegio de los Activos Digitales.

Según el texto, el tributo gravará al usuario por “el privilegio de recibir cualquier actividad comercial de activos digitales” dentro del estado. La tasa será de 0,2% sobre el valor del activo digital involucrado.

La disposición entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Su alcance ha generado inquietud no solo entre usuarios e intermediarios locales, sino también entre plataformas fuera del estado que hagan suficientes negocios con residentes de Illinois.

Qué establece el nuevo impuesto cripto de Illinois

La ley define la “actividad comercial de activos digitales” como las transacciones realizadas en un intercambio de corredores registrado. En la práctica, eso implica que las operaciones ejecutadas mediante exchanges, corredurías y facilidades de transmisión quedarán sujetas al nuevo cobro.

Los corredores de activos digitales deberán recaudar el impuesto y remitirlo al estado. Esa obligación recaerá sobre exchanges, brokers y otras plataformas que encajen en la definición legal contemplada en la norma.

Uno de los puntos más controvertidos es la ausencia de exenciones para movimientos entre billeteras propias. Los críticos sostienen que incluso transferir monedas de una billetera personal a otra podría quedar gravado si la operación pasa por una plataforma cubierta por la ley.

El alcance práctico descrito por los opositores va más allá de la compraventa. También abarca, según su lectura, la transferencia y el almacenamiento de activos digitales en exchanges y corredores en nombre de residentes de Illinois.

La firma BDO USA advirtió que plataformas ubicadas fuera de Illinois podrían terminar sujetas al mismo marco si alcanzan un umbral suficiente de actividad con usuarios del estado. Esa posibilidad amplía el impacto potencial de la medida más allá de las empresas domiciliadas localmente.

Las proyecciones citadas por analistas indican que Illinois espera recaudar más de USD $800 millones en total por los cambios tributarios incluidos en el paquete. De ese monto, el impuesto vinculado a activos digitales aportaría cerca de USD $60 millones anuales.

Industria considera la norma como la más anti-cripto del país

La reacción del ecosistema fue inmediata. El Crypto Council for Innovation, Digital Chamber y Blockchain Association señalaron que ningún otro estado estadounidense ha promulgado un impuesto estatal comparable sobre transacciones con criptomonedas.

Antes de la firma del gobernador, el Crypto Council for Innovation pidió la eliminación completa del Artículo 3. En su carta, argumentó que la propuesta podría violar leyes federales al apuntar de forma específica a la tecnología blockchain como medio de transferencia de activos.

El consejo comparó el enfoque con gravar correspondencia por el simple hecho de enviarse por correo electrónico en lugar de correo postal. Esa analogía buscó ilustrar lo que considera un trato discriminatorio frente a mecanismos tradicionales de transferencia financiera.

Blockchain Association y Digital Chamber también remitieron una carta conjunta antes de la promulgación. Allí calificaron la iniciativa como económicamente destructiva, procedimentalmente deficiente e insostenible.

Ambas organizaciones afirmaron que el Senado introdujo la propuesta dentro del presupuesto sin la debida participación pública. Para esos grupos, el proceso fue un ejemplo de elaboración de políticas a última hora en un tema complejo y de gran impacto.

Mo Bell-Jacobs, gerente senior de impuestos estatales y locales en la práctica de impuestos nacionales de RSM US LLP, dijo que profesionales fiscales y asociaciones del sector fueron tomados por sorpresa. Señaló que se trata de un impuesto muy único y novedoso, y que ni siquiera resultaba sencillo entenderlo por completo.

Miles Jennings, asesor general de a16z Crypto, fue aún más tajante. Describió la norma como una de las leyes más anti-cripto de Estados Unidos y sostuvo que no existe un impuesto estatal comparable sobre transacciones de acciones, bonos o derivados.

Jennings afirmó que, bajo esta lógica, comprar BTC implicaría pagar impuesto, y mantener BTC en Coinbase también podría generar un costo fiscal. Su crítica central es que las criptomonedas estarían siendo tratadas de forma distinta a otros instrumentos financieros.

Sanciones, riesgos legales y dudas sobre su compatibilidad federal

La ley no solo establece una obligación tributaria. También prevé consecuencias penales para intermediarios que operen en Illinois sin registrarse y sin cumplir con las nuevas reglas.

De acuerdo con el texto citado por los grupos de la industria, un corredor que incumpla podrá enfrentarse a un cargo de delito de clase 3. Si resulta condenado, podría recibir multas de hasta USD $25.000 y penas de prisión de entre dos y cinco años.

Ese punto elevó el tono del debate porque combina fiscalidad, cumplimiento regulatorio y riesgo penal en un mismo paquete. Para la industria, la mezcla de estos elementos puede desalentar operación, inversión y desarrollo empresarial dentro del estado.

Los críticos también sostienen que la norma podría chocar con marcos federales en desarrollo. Las empresas del sector ya vienen adaptándose a la Ley de Activos Digitales y Protección al Consumidor del gobierno federal, mientras el Congreso trabaja por separado en su propio marco tributario nacional para esta clase de activos.

Desde esa perspectiva, imponer un gravamen estatal adicional sobre las transacciones cripto añade complejidad y costos regulatorios. Los opositores consideran que este tipo de superposición normativa incentiva a empresas e innovadores a mudarse a jurisdicciones más favorables.

Texas y Wyoming aparecen con frecuencia en ese argumento como destinos alternativos para proyectos del sector. La crítica no parte solo del monto de 0,2%, sino del mensaje político y regulatorio que transmite la decisión de Illinois.

Un paquete más amplio de nuevos impuestos digitales

El impuesto cripto no llegó solo. El SB 3019 incluyó lo que el profesor Andrew D. Appleby describió como prácticamente todos los impuestos digitales concebibles dentro de una sola legislación presupuestaria.

Entre ellos figura un impuesto a la extracción de datos de redes sociales. También se suman un impuesto a la publicidad digital, un impuesto sobre “apuestas” en mercados de predicción y un impuesto a los deportes de fantasía.

En el caso de la publicidad digital, Illinois se unirá a otros estados que gravan esa actividad con un impuesto de 10% sobre los ingresos brutos derivados de “servicios de publicidad dirigida” dentro de sus fronteras. La medida se aplicará a negocios cuyos ingresos brutos acumulativos anuales de esos servicios superen USD $1.000.000 en los 12 meses previos.

Las estimaciones citadas para ese segmento apuntan a una recaudación de cerca de USD $200 millones. La norma también alcanzaría a empresas que generen ingresos por publicidad digital en redes sociales y formatos display.

El paquete crea además un sistema de tarifas mensuales para plataformas de redes sociales según su número de usuarios en Illinois. Las empresas con más de 100.000 y hasta 500.000 usuarios pagarían USD $0,10 por usuario al mes.

Las plataformas con más de 500.000 y hasta 1 millón de usuarios pagarían USD $40.000 más USD $0,25 mensuales por cada usuario que supere los 500.000. Las que tengan más de 1 millón de usuarios pagarían USD $165.000 más USD $0,50 por mes por cada usuario de Illinois que exceda ese umbral.

El instituto citado en la cobertura estimó que la tarifa sobre plataformas de redes sociales recaudaría más de USD $200 millones. Los tres nuevos impuestos, incluidos el de publicidad, el de redes sociales y el de activos digitales, entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

La iniciativa también incorpora a los mercados de predicción dentro del esquema fiscal asociado a la Ley de Apuestas Deportivas de Illinois. Estos mercados permiten negociar contratos basados en resultados de eventos del mundo real, como elecciones, datos económicos o partidos deportivos.

Debate político, contexto tributario y posibles efectos para el ecosistema

El gobernador Pritzker defendió el presupuesto con el argumento de que cada elemento fue deliberado minuciosamente para lograr una amplia asequibilidad para los residentes de Illinois. Su oficina había anticipado que estaría complacido de firmarlo.

Sin embargo, la oposición sostiene que el componente cripto fue acelerado para ayudar a cerrar la brecha presupuestaria del estado. Ese señalamiento se apoya en la estimación de recaudación y en la supuesta falta de audiencias públicas o consultas formales con actores del sector.

El trasfondo también incluye controversias más amplias sobre fiscalidad digital en Estados Unidos. Los impuestos sobre publicidad digital en Maryland y Washington enfrentan desafíos legales en curso, mientras otros estados exploran nuevas vías para gravar la economía digital.

En ese escenario, Illinois aparece como un laboratorio agresivo de tributación subnacional aplicada a internet, datos, redes sociales y criptoactivos. El problema para la industria es que, si la medida sobre activos digitales sobrevive al escrutinio político y legal, podría inspirar iniciativas similares en otros estados vecinos.

Para usuarios nuevos en el tema, la controversia no gira solo en torno a cuánto se paga. También toca una cuestión de neutralidad tecnológica, es decir, si un estado puede gravar de manera singular una forma específica de mover o custodiar valor digital cuando no aplica el mismo tratamiento a instrumentos tradicionales.

Ahí radica la intensidad de la reacción. Los grupos cripto ven la ley como un precedente que redefine la relación entre los estados y los activos digitales, mientras Illinois la presenta como una pieza más de su estrategia para ampliar ingresos públicos en la economía digital.

Por ahora, los hechos clave están claros. El impuesto de 0,2% fue aprobado, entrará en vigor el 1 de enero de 2027, no contempla exenciones explícitas para transferencias entre billeteras propias y podría acarrear sanciones penales para intermediarios no registrados.

El conflicto, por tanto, apenas comienza. Lo que ocurra en los próximos meses, ya sea en tribunales, en el Congreso o en otras legislaturas estatales, ayudará a definir si Illinois abrió una nueva era de tributación cripto o si terminó forzando una reacción correctiva a nivel nacional.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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