Por Canuto  

Un grupo de política vinculado al ecosistema Zcash pide a la SEC que permita verificar afirmaciones de emisores de tokens sin hacer públicos historiales de billeteras ajenos a esas afirmaciones. Su planteamiento busca separar la prueba de que una transacción cumple las reglas de una red de la evidencia necesaria para demostrar cómo se usaron los fondos.
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  • PGPZ solicitó que los emisores puedan respaldar sus declaraciones con pruebas dirigidas, registros contables y divulgación selectiva, sin exponer actividad financiera no relacionada.
  • La propuesta de la SEC contempla cierta redacción de anexos por motivos de privacidad, pero el grupo quiere que esa protección se aplique de forma coherente y amplia.
  • La organización sostiene que los saldos materiales, las condiciones preferenciales y los conflictos de interés deben seguir siendo visibles para los inversores.

Grupo vinculado a Zcash pide a la SEC proteger la privacidad sin ocultar conflictos

Pretty Good Policy for Zcash (PGPZ), un grupo de política vinculado al ecosistema Zcash, pidió a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que permita a los emisores de tokens demostrar afirmaciones sobre sus recaudaciones sin revelar historiales de billeteras que no guarden relación con ellas. En una carta presentada el 20 de octubre, el grupo sostuvo que la evidencia debería ajustarse a lo que los inversores necesitan comprobar, en lugar de convertir el acceso a toda la actividad financiera en requisito por defecto.

El planteamiento toca una tensión central en las divulgaciones de activos digitales: cómo ofrecer información suficiente sobre el uso del dinero y los posibles conflictos de los emisores sin exponer movimientos privados innecesarios. PGPZ también advierte que demostrar que una transacción siguió las reglas de una red no demuestra, por sí solo, cómo se gastaron los fondos aportados por los inversores; para esa afirmación podrían hacer falta registros contables u otras pruebas financieras.

La evidencia debe responder a la afirmación

La carta de PGPZ distingue entre verificar la validez técnica de una transacción y comprobar el uso de los fondos recaudados. Una prueba criptográfica puede respaldar que una operación respetó las reglas de una cadena, pero eso no establece automáticamente si el emisor destinó el dinero a los fines que declaró; confundir ambas cosas dejaría sin responder una pregunta relevante para los inversores.

Por esa razón, el grupo no plantea que las pruebas criptográficas reemplacen cualquier control financiero. Su argumento es que cada método debe respaldar la afirmación apropiada: una prueba sobre el funcionamiento de la red puede servir para una cuestión técnica, mientras que la rendición de cuentas sobre el gasto quizá requiera libros contables u otra documentación financiera.

PGPZ quiere que los emisores expliquen qué verifica el método elegido y cuáles son sus limitaciones. Esa descripción permitiría al lector distinguir entre una garantía acotada y una conclusión más amplia que la evidencia no sustenta, además de mostrar cuándo un comprobante criptográfico resulta suficiente y cuándo se necesita documentación adicional.

El grupo también propone diferenciar la información que debe hacerse pública de los documentos de respaldo que un auditor o un regulador podrían necesitar examinar. La solicitud preserva expresamente las normas de auditoría aplicables, de modo que reducir la exposición pública no equivalga a impedir que las autoridades revisen registros subyacentes cuando corresponda.

Qué plantea la propuesta de la SEC

La propuesta de la SEC, emitida el 18 de agosto, contempla dos vías de exención para ciertas ofertas de activos criptográficos. Una permitiría a empresas emergentes recaudar hasta USD $5 millones durante cuatro años y otra establecería una exención de recaudación de fondos de hasta USD $75 millones en un período de 12 meses.

Los emisores que cumplieran los criterios tendrían una vía adaptada frente a los requisitos de registro de valores, pero las obligaciones de divulgación y las disposiciones federales contra el fraude y la manipulación seguirían aplicándose. Por tanto, la discusión sobre privacidad no elimina la necesidad de informar: plantea cómo entregar información pertinente sin publicar datos financieros que no aporten a la evaluación de la oferta.

La Norma 103 establecería los requisitos de divulgación narrativa para quienes recurrieran a esas exenciones. Entre los asuntos contemplados están la economía y asignación material de los tokens, incluido el suministro, los precios, los bloqueos, los métodos de distribución, las tenencias de partes relacionadas y los calendarios de liberación.

La norma también abarca los mecanismos de creación y destrucción de tokens y los métodos para verificar su historial de transacciones. Otras disposiciones tratan el uso previsto de los ingresos, la gestión, las operaciones con partes relacionadas, los conflictos y las restricciones de transferencia o reventa que afecten a personas vinculadas con el emisor.

Privacidad sin borrar información material

La Norma 103(a) permitiría adaptar las divulgaciones a las circunstancias del emisor y señala que no es necesario incluir información cuando un requisito no resulte aplicable o cuando los datos pertinentes se desconozcan o no estén razonablemente disponibles. PGPZ enfoca su petición en otro aspecto: cuánto de la actividad financiera que respalda una declaración debe quedar expuesto al público para que esa declaración sea útil.

El grupo pide que la SEC permita expresamente el uso de registros contables, pruebas criptográficas y divulgación selectiva de registros relevantes, siempre que el emisor explique qué demuestra el método y qué no. También solicita que la agencia evite convertir la entrega de una clave de visualización en el medio predeterminado para verificar información, porque una clave puede revelar un historial financiero extenso aunque no permita gastar los fondos.

La carta no propone ocultar concentraciones materiales de tokens, condiciones preferenciales ni conflictos de interés. PGPZ acepta que los emisores presenten cifras agregadas o descripciones narrativas cuando estas expliquen adecuadamente las tenencias, relaciones y transacciones, pero sostiene que la síntesis no debe esconder aspectos que cambien la comprensión de los inversores.

Si la identidad de una persona resulta material o la norma exige divulgarla, la posición del grupo es revelar esa identidad y omitir identificadores financieros innecesarios, como una dirección de billetera que no aporte al análisis. La distinción busca preservar la información relevante sobre quién tiene intereses, qué relaciones existen y dónde podrían surgir conflictos, limitando a la vez la exposición de actividad ajena a esas cuestiones.

Redacciones, claves y próximos pasos

Las instrucciones para el Formulario 1-CRYPTO, en su apartado 15, permitirían redactar anexos cuando la divulgación constituyera una invasión claramente injustificada de la privacidad personal, y mencionan expresamente las direcciones de billeteras criptográficas como ejemplo. PGPZ pide que este criterio se aplique de manera consistente a las divulgaciones de la Norma 103, los formularios relacionados y los sitios web de los emisores.

El mismo apartado contempla otra vía para redactar ciertos términos de anexos si el emisor trata habitualmente la información como privada o confidencial y lo omitido es materialmente irrelevante. La instrucción exige identificar la omisión y señalar con corchetes dónde se eliminó información; además, el personal de la SEC podría solicitar una copia sin editar y los análisis de respaldo, y exigir que se restaure una redacción que no esté suficientemente justificada.

Ese procedimiento podría limitar la exposición pública sin apartar los documentos de la revisión regulatoria, pero no crearía un permiso general para eliminar información narrativa material. De ahí que la petición de PGPZ incluya una orientación más amplia para que los emisores sepan qué pueden mantener fuera de sus documentos públicos y qué información debe seguir disponible para sustentar sus declaraciones.

La carta se presentó el 20 de octubre, fecha límite para enviar comentarios sobre la propuesta, y al 26 de octubre el expediente de la SEC todavía identificaba el Reglamento de Activos Criptográficos como una norma propuesta. En consecuencia, las protecciones solicitadas por PGPZ no constituían una vía de cumplimiento ya adoptada: eran recomendaciones para que la agencia las considere al preparar el texto final.

Paul Atkins había defendido en declaraciones del 15 de diciembre el potencial de las pruebas de conocimiento cero, la divulgación selectiva y los diseños de billeteras para acreditar cumplimiento sin entregar un historial financiero completo. Atkins aclaró que esas opiniones eran personales y no necesariamente representaban a la SEC ni a los demás comisionados, una precisión importante al comparar esa visión con las reglas que la agencia finalmente adopte.

PGPZ mantiene que Zcash no es un valor y aclara que no presupone que una organización de su ecosistema necesite recurrir a las exenciones propuestas o al puerto seguro. Como informó CryptoSlate, el resultado regulatorio permitirá medir si la SEC diferencia con claridad entre lo que un inversor debe conocer y los registros que un auditor o regulador puede revisar sin convertir cada historial de billetera en información pública.

La cuestión de fondo no es si los emisores deben rendir cuentas, sino cómo probar sus afirmaciones sin divulgar más de lo necesario. La prueba para la SEC será permitir que los fundadores protejan actividad financiera no relacionada y, al mismo tiempo, exigir información creíble sobre sus tenencias, conflictos y uso de los fondos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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