Por Canuto  

Los mayores bancos de Estados Unidos evalúan llevar a tribunales a la Oficina del Contralor de la Moneda, en medio de una disputa por nuevas licencias que podrían facilitar el ingreso de firmas cripto y fintech al sistema financiero nacional bajo una supervisión que, según la banca, sería menos exigente.

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  • El Bank Policy Institute, que representa a 40 grandes prestamistas como JP Morgan, Goldman Sachs y Citigroup, analiza opciones legales contra la OCC.
  • La disputa gira en torno a la reinterpretación de reglas federales que facilitaría cartas de fideicomiso bancario nacional para empresas cripto, blockchain y pagos.
  • Grupos bancarios y reguladores estatales advierten que el cambio podría afectar la protección al consumidor, la competencia y la estabilidad financiera.

 

Los principales bancos de Estados Unidos están considerando demandar a su regulador financiero federal por una nueva orientación que podría abrir más espacio a empresas de criptomonedas, pagos y tecnología financiera dentro del sistema bancario nacional. El conflicto enfrenta a la banca tradicional con la Oficina del Contralor de la Moneda, conocida como OCC por sus siglas en inglés.

En el centro de la disputa está una reinterpretación de las reglas de licencias federales. Según los bancos, este cambio permitiría que compañías cripto y fintech operen en los 50 estados bajo una carta de fideicomiso bancario nacional, sin quedar sujetas al mismo nivel de supervisión y controles que enfrentan los bancos plenamente establecidos.

La OCC es uno de los reguladores bancarios clave de EE. UU. Su función incluye aprobar cartas bancarias nacionales. En la práctica, contar con ese tipo de licencia puede dar a una empresa acceso más amplio al sistema financiero y un marco operativo de alcance nacional.

La tensión ha escalado porque la banca sostiene que no se trata solo de competencia. También plantea una discusión sobre el perímetro regulatorio, el trato equivalente entre actores que ofrecen servicios parecidos y los riesgos potenciales para consumidores y para la estabilidad del sistema financiero.

El BPI estudia una ofensiva legal contra la OCC

El Bank Policy Institute, o BPI, representa a 40 de los mayores prestamistas de Estados Unidos, entre ellos JP Morgan, Goldman Sachs y Citigroup. De acuerdo con la información publicada por The Guardian, el grupo está evaluando sus opciones legales luego de que la OCC no atendiera advertencias repetidas de poderosos grupos bancarios y de reguladores estatales.

La fuente citada indicó que el BPI sopesa si presentar una demanda contra la OCC. Sin embargo, hasta ahora no hay una decisión final. Ese matiz es importante, porque refleja que la medida aún está en fase de evaluación y no se ha formalizado en los tribunales.

Sería un movimiento poco común, aunque no completamente inédito para este lobby bancario. A finales de 2024, el propio BPI demandó a la Reserva Federal en medio de una controversia por cambios en las pruebas de resistencia del banco central. Finalmente, la FED accedió a modificar sus reglas, y las propuestas definitivas se esperan para más adelante este mes.

La junta del BPI incluye a figuras de alto perfil de Wall Street. Entre ellas están Jamie Dimon, de JP Morgan; Brian Moynihan, de Bank of America; y David Solomon, de Goldman Sachs. Ese detalle ayuda a dimensionar el peso institucional del grupo dentro del debate.

Qué cambió con la OCC y por qué genera rechazo

La OCC está encabezada por Jonathan Gould, un nombrado por Donald Trump y exejecutivo del sector cripto. Bajo su dirección, el organismo ha facilitado que empresas de criptomonedas y fintech soliciten y operen bajo una carta de fideicomiso bancario nacional, lo que les permitiría prestar servicios a clientes en todo el país.

Para la banca tradicional, el problema no es solo la expansión de nuevos competidores. Su objeción es que esas empresas podrían ingresar al sistema financiero estadounidense mediante un canal regulatorio más liviano, mientras ofrecen productos o servicios que se parecen a los de instituciones bancarias sujetas a controles mucho más estrictos.

El BPI ya había expresado esta preocupación en octubre, cuando instó a la OCC a rechazar solicitudes de firmas cripto y Blockchain como Circle y Ripple, así como de la empresa de pagos Wise, con sede en Londres. Todas habían solicitado cartas de fideicomiso nacional.

En esa oportunidad, el grupo advirtió que “permitir a las empresas elegir un toque regulador más ligero mientras ofrecen productos similares a los de los bancos podría difuminar el límite estatutario de lo que significa ser un ‘banco’, aumentar el riesgo sistémico y socavar la credibilidad de la carta nacional bancaria en sí misma”.

Más allá del lenguaje técnico, el mensaje de fondo es claro. Si empresas con modelos distintos obtienen beneficios comparables a los de una licencia bancaria sin asumir cargas equivalentes, la banca teme una erosión del marco regulatorio que ha definido históricamente quién puede llamarse banco en Estados Unidos.

La política de Trump y el impulso a la integración cripto

Las reformas impulsadas por la OCC son vistas por sus críticos como parte del empuje ideológico de la administración Trump para llevar a las criptomonedas y a empresas financieras antes marginales al centro del sistema financiero formal.

Empresas de la industria cripto como Bridge, Crypto.com, Circle, Ripple, Paxos, Fidelity Digital Assets y BitGo ya han obtenido la carta de la OCC, asegurándose estatus bancario federal en EE. UU., mientras que otras como Revolut y Zerohash persiguen lo mismo.

El tema ganó aún más atención después de que World Liberty Financial, la empresa cripto de la familia Trump, solicitara en enero una de estas cartas de fideicomiso bancario nacional ante la OCC. Aunque los grupos de presión bancarios no han comentado públicamente sobre esa solicitud en particular, el movimiento ya ha provocado oposición en el Congreso.

Ese elemento agrega una dimensión sensible al caso. No solo se discute si la OCC está flexibilizando el acceso regulatorio para actores cripto, sino también si esa apertura ocurre en un contexto políticamente delicado, dadas las conexiones entre la actual orientación del regulador y figuras cercanas al presidente.

Hasta el momento, la OCC no respondió a solicitudes de comentarios sobre esta controversia. Esa ausencia de respuesta deja sin una defensa pública detallada de su postura frente a las críticas del sector bancario y de los reguladores estatales.

Reguladores estatales y banca comunitaria también objetan el plan

La oposición a la OCC no se limita a los grandes bancos. La Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales, que agrupa a los reguladores financieros de los 50 estados, envió una carta el mes pasado en la que cuestionó el otorgamiento de aprobaciones regulatorias a empresas de criptomonedas y pagos que, a su juicio, quedarían fuera de las “leyes bancarias federales esenciales”.

Según esa organización, avanzar en esa dirección significaría “socavar la competencia, la protección al consumidor y la estabilidad financiera”. La crítica es relevante porque proviene de las autoridades estatales que tradicionalmente comparten competencias de supervisión sobre buena parte de la actividad financiera en EE. UU.

También se pronunció la Asociación de Banqueros de la Comunidad Independiente de América (ICBA), que representa a unos 5.000 prestamistas más pequeños. El grupo pidió a la OCC retirar o modificar sus propuestas sobre cómo planea emitir licencias a cripto.

La ICBA sostuvo que los planes actuales “crearían una laguna significativa en un principio fundamental de la regulación bancaria” y plantearían “preocupaciones críticas de política pública para los consumidores y la estabilidad del sector de servicios financieros”. En otras palabras, el rechazo se extiende desde Wall Street hasta la banca comunitaria.

El trasfondo de este choque es una discusión más amplia sobre cómo integrar la innovación financiera sin debilitar las salvaguardas regulatorias. Para los defensores de una mayor apertura, facilitar licencias puede modernizar el sistema y ampliar la competencia. Para sus críticos, hacerlo sin exigencias equivalentes puede trasladar riesgos al público y al sistema en general.

Por ahora, la gran incógnita es si el BPI convertirá su molestia en una demanda formal. Si eso ocurre, el caso podría convertirse en una prueba clave para definir hasta dónde puede llegar la OCC en su estrategia de incorporar a firmas cripto y fintech al marco bancario nacional de Estados Unidos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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