Por Canuto  

Google impugnó ante el Tribunal General de la UE dos órdenes vinculadas con la DMA: una exige abrir funciones de Android a asistentes de IA rivales y la otra compartir datos de búsqueda con competidores. La empresa alega riesgos para la privacidad y la seguridad, mientras la Comisión Europea defiende las salvaguardas y los plazos de cumplimiento.
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  • La disputa judicial abarca el acceso de asistentes rivales a 11 funciones de Android y el intercambio de datos de búsqueda.
  • Google sostiene que los datos no están completamente anonimizados y que las reglas podrían afectar la seguridad y la privacidad.
  • La apelación no suspende por sí misma los plazos de 2027, salvo que el tribunal disponga otra cosa.

Google lleva a la UE a los tribunales por las órdenes sobre Android y datos de búsqueda

Google presentó ante el Tribunal General de la Unión Europea dos recursos contra órdenes de la Comisión Europea que establecen cómo debe cumplir la Ley de Mercados Digitales (DMA). Las medidas abordan asuntos distintos, pero de gran alcance para los servicios digitales: el acceso de asistentes de inteligencia artificial rivales a funciones de Android y la entrega de datos de búsqueda a motores competidores.

La empresa argumenta que las exigencias pueden perjudicar la privacidad de los usuarios y la seguridad de sus dispositivos, mientras la Comisión sostiene que sus decisiones incluyen salvaguardas. Según informó Reuters, Google presentó ambos casos el lunes ante el tribunal con sede en Luxemburgo; el inicio del litigio no cambia automáticamente los plazos establecidos para cumplir las órdenes.

Dos recursos contra las instrucciones de la DMA

La Comisión Europea emitió las órdenes en julio bajo la DMA, el marco regulatorio de la Unión Europea para las mayores empresas tecnológicas. No se trata de multas, sino de instrucciones que detallan, paso a paso, cómo Google debe cumplir obligaciones que ya le corresponden en virtud de esa legislación. Los recursos trasladan al Tribunal General el debate sobre el alcance de esas instrucciones y las protecciones que las acompañan.

Una de las órdenes se concentra en los asistentes de inteligencia artificial que funcionan en dispositivos Android. La Comisión fijó julio de 2027 como horizonte para que los servicios rivales obtengan el mismo acceso que Gemini a 11 funciones del teléfono, entre ellas la activación por voz y la posibilidad de ejecutar acciones dentro de aplicaciones. La medida busca que los asistentes de terceros puedan operar con capacidades comparables a las disponibles para el producto de Google.

La otra instrucción fija una obligación sobre los datos que generan las búsquedas. A partir de enero de 2027, Google deberá permitir que motores competidores, incluidos chatbots de inteligencia artificial, accedan a información sobre lo que las personas buscan y los resultados en los que hacen clic. La orden establece que esos datos no deben incluir detalles personales y que el acceso debe ofrecerse de manera justa.

Los dos recursos cuestionan disposiciones con implicaciones diferentes: una afecta la integración entre Android y los asistentes de IA, y la otra abre información de búsqueda a otros servicios. En ambos casos, el punto de fricción está en cómo equilibrar las obligaciones de competencia con la protección de los usuarios. Google considera que las órdenes van demasiado lejos, una posición que la Comisión rechaza al defender la forma en que diseñó las medidas.

La preocupación de Google por privacidad y seguridad

Oliver Bethell, director sénior de competencia de Google, afirmó que la orden sobre búsquedas obligaría a la compañía a compartir historiales que no están completamente anonimizados. Según su argumento, la eliminación de detalles personales no bastaría para descartar riesgos de privacidad en la información sobre consultas y clics. La compañía también sostiene que las exigencias relacionadas con Android podrían debilitar la seguridad del sistema.

Bethell resumió la objeción de la empresa con una advertencia sobre el manejo de los datos: "Obligarnos a compartir estas consultas personales sin salvaguardas adecuadas causaría un daño irreparable a la privacidad de los usuarios". La declaración presenta el caso desde la perspectiva de Google y no constituye una conclusión del tribunal sobre los riesgos. La revisión judicial deberá considerar los argumentos de la compañía frente a las razones expuestas por la Comisión.

La Comisión Europea defiende que sus decisiones protegen la privacidad y mantienen seguros los teléfonos. Según el regulador, las medidas de anonimización de la orden sobre datos se diseñaron con la participación de expertos en privacidad, con el propósito de permitir el acceso sin entregar detalles personales. También sostiene que las condiciones fijadas ofrecen una respuesta a los riesgos de seguridad planteados por Google.

Entre esas salvaguardas, la Comisión señala que Google puede negarse a entregar información a una empresa si considera que representa una amenaza grave para la seguridad o la privacidad. Esa posibilidad forma parte de la defensa del regulador frente a la alegación de que las órdenes obligan a exponer a los usuarios. El desacuerdo se centra, por tanto, no solo en compartir información, sino también en quién evalúa los riesgos y cómo se aplican las excepciones.

Los plazos siguen vigentes mientras avanza el caso

DuckDuckGo, cuyo motor de búsqueda no rastrea a los usuarios, respaldó la postura de la Comisión Europea. Un portavoz de la compañía calificó de sólidas las reglas de anonimización y sostuvo que la apelación solo permitiría a Google ganar tiempo. Esa posición expresa la valoración de un competidor interesado en que las obligaciones se mantengan, y contrasta con las advertencias de Google sobre la privacidad de las consultas.

El calendario fijado por las órdenes contempla dos fechas distintas: enero de 2027 para el acceso de competidores a datos de búsqueda y julio de 2027 para la igualdad de acceso a las funciones de Android. La diferencia responde a obligaciones separadas, por lo que cada una tendría su propio horizonte de aplicación. Ambas fechas permanecen vigentes mientras no haya una decisión judicial que las modifique.

La legislación de la Unión Europea establece que presentar un recurso no suspende automáticamente una decisión de la Comisión. Por esa razón, el litigio de Google no detiene por sí solo la cuenta regresiva para cumplir las órdenes; el tribunal tendría que disponer otra cosa para alterar esa situación. El resultado del proceso podría incidir en el alcance o la aplicación de las medidas, pero la información disponible no anticipa cómo resolverá el Tribunal General.

El caso enfrenta dos objetivos que la regulación intenta conciliar: abrir servicios dominantes a competidores y reducir riesgos para quienes usan esas plataformas. En Android, la disputa gira en torno a si los asistentes rivales podrán acceder a funciones comparables a Gemini; en las búsquedas, el debate se concentra en compartir consultas y clics bajo reglas de anonimización. Hasta que el tribunal intervenga, la Comisión mantiene sus instrucciones y el calendario establecido para Google.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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