Por Canuto  

Las stablecoins pasaron de ser una pieza clave para pagos rápidos a convertirse, según el FATF/GAFI, en el activo virtual más usado en transacciones ilícitas. Un nuevo informe advierte que su crecimiento, el auge de las transferencias entre pares y las billeteras no alojadas están ampliando brechas de cumplimiento en un mercado que ya supera los USD $300.000 millones.

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  • El FATF afirma que las stablecoins concentran la mayor parte del volumen cripto ilícito, con casos vinculados a Irán y Corea del Norte.
  • Datos citados por el organismo apuntan a USD $51.000 millones en actividad ilícita con stablecoins en 2024 y a que en 2025 representaron el 84% de USD $154.000 millones.
  • El regulador global pide reglas AML para emisores, atención a transacciones P2P con billeteras no alojadas y considera medidas como congelación de billeteras y limitar funciones de contratos inteligentes.

 

Las stablecoins, tokens cuyo valor suele estar vinculado al dólar, se han convertido en la infraestructura de pagos más usada dentro del ecosistema cripto. Su atractivo es fácil de entender: permiten mover valor con rapidez, operar en exchanges, y realizar transferencias transfronterizas con fricción limitada. Pero ese mismo diseño, centrado en liquidez y disponibilidad, está elevando preocupaciones regulatorias a escala global.

En un informe de 42 páginas publicado el martes, el Grupo de Acción Financiera (FATF/GAFI) advirtió que “las stablecoins son el activo virtual más popular utilizado en transacciones ilícitas”. El organismo, que define estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, afirmó que estos tokens ya representan la mayor parte de la actividad ilícita de criptomonedas y que el riesgo crece con las transferencias entre pares.

El reporte remarca que el problema no se limita a un solo tipo de delito. El FATF habló de fraudes y estafas, pero también de evasión de sanciones y flujos vinculados con actores estatales. En ese contexto, el organismo pidió mayor supervisión de los emisores de stablecoins y una respuesta más rápida de los países para cerrar brechas de cumplimiento, reporta CoinDesk.

Para lectores nuevos, vale una distinción clave: una stablecoin no es simplemente “cripto con precio estable”. En la práctica, funciona como un puente entre el dinero tradicional y redes Blockchain. Esa función la vuelve muy útil para comercio legítimo, pero también para mover fondos sin los controles típicos del sistema bancario cuando se opera fuera de entidades reguladas.

Las cifras que preocupan: del fraude masivo a la evasión de sanciones

El FATF señaló que, ya en enero de 2026, el organismo había encontrado que las stablecoins concentraban la mayoría de la actividad ilícita on-chain. En ese momento estimó que en 2024 hubo aproximadamente USD $51.000 millones en actividad ilícita relacionada con stablecoins, ligada a fraudes y estafas. El dato refuerza la idea de que el uso criminal no es marginal frente al tamaño del mercado.

En su informe de marzo de 2026, el organismo insistió en que los tokens vinculados al dólar se han convertido en un “vehículo clave” para las finanzas ilícitas. El reporte citó un análisis que atribuye a las stablecoins el 84% del volumen ilícito de activos virtuales en 2025. En números, esa proporción corresponde a USD $154.000 millones en volumen total ilícito durante ese año, con la mayor parte canalizada a través de stablecoins.

Además de los fraudes, el documento resaltó la dimensión geopolítica del fenómeno. El FATF describió casos de actores de Corea del Norte e Irán utilizando stablecoins como USDT para financiamiento de proliferación y para pagos transfronterizos conectados con actividades sancionadas. La combinación de liquidez, aceptación amplia y facilidad de transferencia coloca a estos tokens en el centro de nuevas estrategias de evasión.

Otro conjunto de cifras citado en el informe proviene de un reporte de TRM Labs publicado a mediados de febrero. Ese análisis indicó que en 2025 las entidades ilícitas recibieron USD $141.000 millones en stablecoins, el nivel más alto observado en cinco años. También apuntó que la actividad general de stablecoins superó USD $1 billón por mes en varias ocasiones el año pasado, una escala que vuelve más difícil distinguir lo ilícito dentro de un océano de transacciones legítimas.

El mismo reporte de TRM Labs, según el FATF, sostuvo que la actividad relacionada con sanciones representó el 86% de los flujos ilícitos de criptomonedas. La lectura es incómoda para reguladores: si el grueso del flujo ilícito se conecta con sanciones, el cumplimiento deja de ser solo un tema financiero y pasa a ser un asunto de política exterior y seguridad.

Transferencias entre pares y billeteras no alojadas: la “vulnerabilidad clave”

Más allá de las cifras, el FATF puso el foco en un mecanismo específico: las transferencias entre pares. Según el organismo, las operaciones P2P a través de billeteras no alojadas representan una “vulnerabilidad clave”. La razón es directa: estas transacciones pueden ocurrir sin controles contra el lavado de dinero, porque no necesariamente interviene una entidad obligada a verificar identidades o a monitorear patrones sospechosos.

En términos simples, una billetera no alojada es una aplicación o dispositivo donde el usuario controla sus claves privadas. No depende de un exchange o institución que custodie los fondos. Esto es valioso para la soberanía financiera del usuario, pero también reduce puntos de control, sobre todo cuando los fondos se mueven entre direcciones sin intermediarios.

El FATF no propuso una prohibición generalizada de las stablecoins. En cambio, planteó un paquete de respuestas que apunta a reducir el espacio de maniobra para el uso ilícito. La prioridad, de acuerdo con el documento, es que los países impongan obligaciones de anti-lavado de dinero (AML) a los emisores de stablecoins. Esa medida busca que el cumplimiento no dependa solo de exchanges, sino también de quienes crean y administran el token.

La advertencia llega en un momento en que la industria también impulsa usos legítimos de stablecoins para remesas, pagos empresariales y liquidación más rápida. Esa dualidad complica el debate: los reguladores deben reducir el delito sin sofocar innovaciones que, para muchos usuarios, cubren fallas del sistema bancario tradicional, como costos altos o acceso limitado.

Herramientas sugeridas: congelación de billeteras y límites a contratos inteligentes

El informe también enumeró medidas que suelen generar controversia en la comunidad cripto. El FATF instó a los países a considerar herramientas como la congelación de billeteras. Este tipo de mecanismo, en la práctica, apunta a que ciertos emisores o actores con control contractual puedan bloquear fondos asociados a actividad ilícita, cuando la ley lo ordene o cuando existan indicadores claros de riesgo.

Otro punto sensible es la idea de prohibir o restringir funciones integradas en contratos inteligentes. El FATF sugirió evaluar este tipo de límites a medida que el mercado crece. La implicación es que ciertas funciones, diseñadas para automatizar transferencias o habilitar interoperabilidad, podrían facilitar capas de opacidad o automatización del delito si no existen salvaguardas.

Estas propuestas reflejan un choque de filosofías. Por un lado, el cumplimiento tradicional busca controles claros, reversibilidad y trazabilidad operacional. Por el otro, muchos sistemas en blockchain priorizan resistencia a la censura y ejecución automática. La discusión de fondo es qué nivel de control debe existir en un instrumento que pretende servir como dinero digital global.

El FATF enmarcó estas recomendaciones dentro de un dato que resume la urgencia: las stablecoins ya superan los USD $300.000 millones en valor de mercado. Con esa escala, cualquier falla de cumplimiento deja de ser un problema de nicho. Pasa a ser un riesgo sistémico que se expande con la adopción y con la facilidad de mover fondos a través de fronteras.

Qué puede venir después: presión regulatoria y cierre de brechas

La advertencia del FATF llega mientras gobiernos y supervisores intentan actualizar reglas para un sector que evoluciona con rapidez. El enfoque del organismo sugiere que la supervisión se moverá hacia el perímetro de emisión y no solo hacia los puntos de entrada y salida, como exchanges. También apunta a que la discusión sobre billeteras no alojadas seguirá escalando en foros internacionales.

Para el mercado, el mensaje es claro: el éxito de las stablecoins como infraestructura de pagos también las vuelve un objetivo regulatorio prioritario. Los emisores podrían enfrentar obligaciones más estrictas y los proyectos que habiliten transferencias P2P podrían quedar bajo mayor escrutinio. El reto será cómo aplicar reglas sin desincentivar usos legítimos que hoy sostienen gran parte de la actividad cripto.

Al final, el informe coloca una pregunta en el centro del debate: ¿puede una herramienta diseñada para mover dólares tokenizados a gran escala mantener su promesa de eficiencia sin convertirse en el camino preferido para el delito? El FATF no da una respuesta definitiva, pero sí exige acción rápida. Para los reguladores, el margen para postergar decisiones parece cada vez menor.

Mientras tanto, el ecosistema enfrenta un equilibrio delicado. Si aumentan las capacidades de congelación y control, algunos usuarios migrarán a alternativas más resistentes a restricciones. Si no se actúa, el riesgo reputacional y político puede acelerar medidas más duras. El camino intermedio, centrado en cumplimiento proporcional y cooperación internacional, será difícil de diseñar y aún más difícil de ejecutar.


Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público


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