Por Canuto  

Documentos obtenidos por WIRED muestran que agencias federales y centros de fusión en Estados Unidos están impulsando una nueva categoría de vigilancia sobre el llamado “extremismo antitecnología”, en un momento de creciente rechazo social a la IA, a los centros de datos y al poder de las grandes tecnológicas.

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  • Más de 1.000 páginas de documentos del DHS, FBI y centros de fusión describen un nuevo foco sobre amenazas ligadas al rechazo a la IA y la infraestructura tecnológica.
  • Los informes incluyen vigilancia de protestas, reuniones públicas y actividades ambiguas como fotografiar instalaciones o asistir a asambleas contra centros de datos.
  • Expertos legales advierten que la categoría podría terminar abarcando a activistas pacíficos, críticos de la tecnología y opositores a proyectos de infraestructura.

 

Las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos están ampliando su atención sobre una nueva categoría de amenaza interna: el llamado “extremismo antitecnología”. El giro ocurre en medio de ataques contra directivos, protestas contra centros de datos y temores crecientes por el reemplazo laboral derivado de la inteligencia artificial.

De acuerdo con documentos obtenidos por WIRED, el cambio ya se refleja en informes del Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y centros de fusión distribuidos por todo el país. El conjunto supera las 1.000 páginas y sugiere una reorientación del aparato de vigilancia interna hacia personas y movimientos críticos de la expansión tecnológica.

La tendencia también se enmarca en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 del presidente Donald Trump, que instruye al Departamento de Justicia a perseguir a quienes sostengan creencias “antiestadounidenses”, “anticristianas” y “anticapitalistas”. A ello se suma una estrategia antiterrorista pública difundida por Sebastian Gorka, zar antiterrorista de Trump, que ubica a los extremistas de izquierda entre las tres principales prioridades del país.

Tomadas en conjunto, estas directrices han alimentado preocupaciones sobre una posible criminalización del discurso político y de la protesta. El nuevo énfasis sobre el rechazo a la tecnología agrega una categoría que no había sido reportada públicamente y que aparece en una presidencia que ha apostado fuerte por la IA y por la proliferación de centros de datos.

La nueva etiqueta de “extremismo violento antitecnología”

Entre los documentos aparece un informe de la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo de Nueva York. Allí se advierte que la adopción acelerada de la IA podría generar agitación social generalizada y, eventualmente, derivar en disturbios civiles y actividad extremista violenta antitecnología, especialmente en grandes áreas urbanas como la ciudad de Nueva York.

El término “extremismo violento antitecnología” no figura en guías públicas del DHS o del FBI sobre extremismo interno, por lo que representa una nueva agrupación de ideologías muy distintas bajo una sola categoría. Ese punto ha despertado alarmas, porque la amplitud del concepto podría dar pie a interpretaciones expansivas.

En esa misma evaluación, los analistas mencionan el caso de Ziz Laota, descrita como una racionalista extrema que presuntamente lideró un pequeño grupo de tipo sectario. Tres integrantes de ese grupo han sido acusados de asesinato, y el expediente los vincula con una ideología obsesionada con el riesgo existencial planteado por la IA.

El informe agrega que, tras el arresto y juicio de Laota, podrían proliferar “visiones paranoicas respecto de la IA”. Según la evaluación, esas ideas serían impulsadas por creencias sobre una inminente encarnación divina de la IA y por la noción de que los humanos deben ajustar su conducta a una moral compatible con esa futura entidad o enfrentar consecuencias existenciales.

El problema, sin embargo, es que una parte menos extrema de esos temores no es marginal dentro del ecosistema tecnológico. Las preocupaciones sobre riesgos existenciales y alineación de IA también existen entre investigadores, ingenieros de aprendizaje automático y empresas de frontera del propio sector.

Centros de fusión, vigilancia local y protestas públicas

Los centros de fusión, creados tras los ataques del 11 de septiembre, funcionan como puentes entre agencias federales y fuerzas del orden estatales y locales. En Estados Unidos existen 80 de estas entidades, y los documentos revelan que varias están recopilando y compartiendo inteligencia sobre presuntas amenazas a centros de datos y sobre comunidades perturbadas por el rápido avance de la IA.

Un centro de fusión del oeste de Pensilvania señaló que actores adversarios, incluidas entidades patrocinadas por Estados, grupos criminales y extremistas, podrían atacar centros de datos estadounidenses. El mismo reporte indicó que esos actores también podrían explotar la importancia estratégica de estas instalaciones para la economía del país, incluso mediante actividades como la minería de criptomonedas o el uso de empresas fachada para obtener acceso a datos e infraestructura.

En el norte de Virginia, otro centro regional advirtió sobre los AGAAVE, sigla usada para referirse a extremistas violentos antigobierno y antiautoridad. Según el informe, este tipo de actores, motivados por agravios contra el gobierno y teorías conspirativas, ha participado en planificación preoperativa dirigida a centros de datos y otras infraestructuras críticas.

El punto más delicado de ese reporte aparece en su lista de indicadores para reportes de actividad sospechosa. Entre las conductas señaladas se encuentran “amenaza expresa o implícita”, “observación o vigilancia”, “fotografía”, “prueba o sondeo de seguridad” e “intento de intrusión”. Expertos legales sostienen que varias de esas acciones pueden coincidir fácilmente con actividades realizadas por manifestantes pacíficos o vecinos preocupados por obras en sus comunidades.

Spencer Reynolds, abogado principal del NAACP Legal Defense Fund, dijo a la publicación que este tipo de informes forma parte de una larga tradición en la que las agencias tratan la protesta o las opiniones firmes como posibles precursores de violencia. También afirmó que los reportes de actividad sospechosa suelen ser poco fiables y abiertos a sesgos de interpretación.

El FBI respondió que investiga a individuos que cometen o intentan cometer actos violentos y actividad criminal que constituya un delito federal o una amenaza a la seguridad nacional. El organismo no ofreció comentarios adicionales. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios de la fuente.

Del activismo local a la inteligencia federal

Los documentos muestran que la vigilancia no se limita a posibles ataques directos. En marzo, el centro de inteligencia del norte de Virginia distribuyó un informe sobre eventos y manifestaciones protegidos constitucionalmente, relacionados con posturas críticas hacia la tecnología.

Entre los eventos monitoreados figuraban múltiples protestas de “Tesla Takedown”, organizadas contra el desmantelamiento del gobierno de Estados Unidos atribuido a Elon Musk, y un “Break Up With Tech Rager” patrocinado por Eject Elbit. Este último grupo impulsa acciones para frenar inversiones en el fabricante israelí de armas Elbit.

Los documentos también muestran vigilancia sobre asambleas presenciales. El mismo centro elaboró un informe sobre manifestaciones en eventos cívicos locales, incluida una reunión presupuestaria del condado de Arlington y una sesión de la Junta Escolar del condado de Fairfax.

Esos espacios se han convertido en foros clave para comunidades que rechazan la construcción de centros de datos en sus vecindarios. Según Data Center Watch, un proyecto de la firma de seguridad de IA 10a Labs, cientos de organizaciones en 42 estados se han organizado para bloquear estos desarrollos en sus ciudades y condados.

La oposición ha sido conflictiva en varios territorios. En California, Illinois, Indiana, Nueva Jersey, Oklahoma y Wisconsin, policías estatales y locales han expulsado o arrestado a personas que criticaban centros de datos en asambleas públicas. En al menos un caso, la intervención ocurrió antes de que el orador pudiera hablar.

La ley estadounidense no tipifica el terrorismo interno como un delito autónomo juzgable por sí mismo. En cambio, esas disposiciones permiten vigilar y focalizar a presuntos extremistas, mientras los cargos formales pueden terminar siendo delitos como allanamiento o vandalismo, con o sin agravantes vinculadas al terrorismo.

OSINT, Discord y el riesgo de ampliar demasiado la categoría

Además de las agencias públicas, empresas privadas de inteligencia de fuentes abiertas con contratos gubernamentales parecen estar rastreando internet en busca de sentimiento antitecnología. En enero de 2025, SITE Intelligence distribuyó boletines a centros de fusión en los que alegaba que conversaciones en un servidor de Discord “neoludita” se habían vuelto violentas.

Según esos boletines, un usuario del grupo pidió violencia contra directores ejecutivos tecnológicos y plantas de energía. Reynolds cuestionó el valor de este tipo de monitoreo y sostuvo que resulta extremadamente difícil extraer amenazas fiables a partir de redes sociales anónimas, llenas de bromas internas, jerga, ambigüedad y múltiples idiomas.

Rita Katz, fundadora de SITE, defendió el enfoque. En un correo citado por la fuente, señaló que la empresa limita su trabajo a comunidades con vínculos demostrados con daños en el mundo real y que incluso los mensajes de troleo pueden ofrecer contexto útil para medir el sentir de una comunidad hacia un objetivo. También aseguró que han observado un aumento notable de amenazas en línea que abogan por sabotear centros de datos.

La expansión de la categoría también se refleja en la circulación nacional de una invitación a una conferencia del investigador Mauro Lubrano. El especialista se ha convertido en una referencia en el estudio del extremismo antitecnología y es autor del libro Stop the Machines: The Rise of Anti-Technology.

Lubrano describe tres corrientes principales en esta matriz de amenazas: anarquistas insurreccionales, ecoextremistas y ecofascistas. Su libro identifica como componentes distintos, pero alineados, a seguidores de Ted Kaczynski, anarquistas alemanes, ecoextremistas mexicanos y fascistas de extrema derecha vinculados al Terrorgram Collective.

El investigador dijo que no le sorprendía ver su conferencia difundida en centros de fusión, pero advirtió que cualquier marco sobre extremismo antitecnología debe aplicarse con mucho cuidado. Señaló que la violencia antitecnología es inaceptable, aunque no debería usarse como excusa para securitizar la IA y las tecnologías emergentes ni para silenciar a quienes critican su trayectoria actual.

Cuando la crítica tecnológica entra al radar como amenaza

Reynolds sostuvo que, pese a la amenaza limitada pero real de ciertos grupos violentos, una categoría tan amplia puede terminar atrapando a manifestantes pacíficos contra centros de datos, escépticos de la IA y a cualquier persona con críticas a la tecnología que atraviesa la vida moderna. A su juicio, el patrón recuerda la vigilancia sufrida por movimientos como Black Lives Matter, Occupy Wall Street y activistas ambientales en décadas recientes.

Un informe de enero de 2025 de la Oficina de Inteligencia y Análisis del DHS reforzó esa preocupación al intentar vincular a Luigi Mangione, presunto asesino del CEO de UnitedHealth Brian Thompson, con Ted Kaczynski. El documento afirma que las fuerzas del orden reportan que Mangione pudo haberse inspirado en Kaczynski y sus creencias antitecnología, aunque no ofrece más pruebas.

Ese mismo informe concluye que los ejecutivos corren un riesgo mayor de sufrir actos de violencia dirigidos o amenazas de violencia cuando son percibidos como beneficiarios de personas con menos recursos. La formulación sugiere que el resentimiento social hacia élites corporativas tecnológicas también está siendo incorporado al análisis de riesgo interno.

Quizás el ejemplo más claro de cómo una crítica no violenta puede terminar absorbida en este sistema aparece en un informe de fuente abierta distribuido por SITE en abril de 2025. El documento destacó un video de la organización progresista sin fines de lucro More Perfect Union sobre los efectos destructivos de un centro de datos en residentes cercanos de Georgia.

Nada en ese video promovía violencia contra personas o propiedad. Sin embargo, por la focalización de los centros de fusión, la organización quedó circulando entre agencias de inteligencia y fuerzas del orden de todo Estados Unidos como un posible vector de amenaza.

Para los lectores del ecosistema cripto, de IA y de infraestructura digital, el caso expone una tensión de fondo. El mismo país que impulsa centros de datos, minería digital, inteligencia artificial y expansión computacional a gran escala también parece ampliar los márgenes para vigilar a quienes cuestionan sus costos sociales, energéticos y políticos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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