EE. UU. evalúa reactivar el derecho de presa para capturar petroleros iraníes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos evalúa reactivar el antiguo derecho de presa para facilitar la captura y venta de petroleros iraníes, una medida que podría reforzar un bloqueo naval, pero también abrir una compleja disputa sobre poderes de guerra, embarcaciones neutrales y jurisdicción internacional.
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• El fiscal Aaron Reitz confirmó que el Departamento de Justicia está preparando a los tribunales federales para adjudicar embarcaciones y cargamentos capturados durante un conflicto.
• El derecho de presa podría permitir al Departamento de Defensa capturar barcos enemigos sin seguir necesariamente el proceso de incautación civil ni obtener una orden judicial previa.
• Expertos marítimos advierten que la ausencia de una declaración formal de guerra contra Irán y las dudas sobre el bloqueo podrían desencadenar litigios prolongados.

Una antigua herramienta vuelve al centro del debate

El Departamento de Justicia de Estados Unidos evalúa reactivar el derecho de presa, un conjunto de normas marítimas que permite a las fuerzas militares capturar embarcaciones y cargamentos pertenecientes al enemigo durante un conflicto. Según reportes sobre la iniciativa, la administración de Donald Trump considera que ese marco podría facilitar la retención de petroleros iraníes y la posterior venta de sus activos, incluido el petróleo transportado. La propuesta conecta una figura jurídica con raíces medievales con una disputa contemporánea sobre seguridad nacional, bloqueo naval y financiamiento de la guerra.

Aaron Reitz, fiscal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, confirmó a Fortune que los tribunales federales deben estar preparados para decidir qué ocurre con las propiedades marítimas capturadas. Según explicó, los intereses de seguridad nacional podrían exigir que el ejército capture embarcaciones o cargamentos que apoyen al enemigo durante un conflicto militar. En ese escenario, los jueces tendrían que determinar si esos bienes se condenan, se devuelven o se destinan a otro propósito conforme a las reglas aplicables.

La posible reactivación del derecho de presa fue reportada inicialmente por Bloomberg Law y también descrita por Fox Business como un plan para recuperar los llamados tribunales de presas marítimas. La iniciativa representaría un cambio frente a la vía que normalmente emplean las autoridades civiles estadounidenses. Las leyes de incautación civil exigen que el gobierno identifique una infracción concreta y demuestre que tiene jurisdicción sobre ella, condiciones que suelen producir litigios extensos antes de que el Estado pueda disponer de una embarcación o su cargamento. El derecho de presa, en cambio, parte de la condición militar del objetivo y de las reglas aplicables a la propiedad capturada en tiempos de hostilidades.

Michael Frevola, socio de litigios marítimos de Holland & Knight LLP, explicó que la diferencia práctica podría ser relevante para una operación contra petroleros iraníes. Mientras la Guardia Costera y otras autoridades policiales suelen actuar mediante incautaciones civiles, el Departamento de Defensa podría intervenir directamente, generalmente con fuerza militar, para tomar una embarcación enemiga. Ese mecanismo no requeriría una orden judicial previa ni necesariamente una conexión con una violación específica de la legislación penal o regulatoria.

La tradición jurídica detrás de las capturas

El derecho de presa existe desde la Edad Media y forma parte del canon jurídico estadounidense desde la fundación del país. La Constitución incluye la llamada Cláusula de Capturas, que otorga al Congreso facultades para establecer reglas relacionadas con la captura y confiscación de embarcaciones enemigas durante una guerra. Sin embargo, Aaron Reitz no precisó si el Departamento de Justicia pretende invocar una ley federal específica, la Cláusula de Capturas u otra autoridad legal para respaldar las acciones contra buques iraníes.

La historia estadounidense ofrece precedentes importantes, aunque muy antiguos, para esta figura. Durante la Guerra Civil, Abraham Lincoln proclamó un bloqueo de los puertos de los estados confederados. La Corte Suprema examinó posteriormente la legalidad de esa medida en los Prize Cases de 1863 y avaló la autoridad presidencial para responder a la insurrección mediante un bloqueo, según los registros históricos del Departamento de Estado y de la propia jurisprudencia. El derecho de presa también estuvo relacionado con conflictos navales posteriores, incluida la guerra hispano-estadounidense de 1898.

El problema para el gobierno actual es que ese historial no equivale a una autorización automática para cualquier operación contemporánea. La aplicación de una norma diseñada para conflictos navales de otra época tendría que encajar con la estructura constitucional vigente, las facultades del Congreso y del presidente, además de las obligaciones que regulan los bloqueos y el transporte marítimo internacional. Por ello, una herramienta que parece sencilla en el papel podría generar disputas sobre cada etapa de una captura.

Raymond Waid, oficial naval veterano y abogado marítimo de Liskow and Lewis, señaló que la propuesta también tiene un incentivo financiero evidente. La administración podría vender el petróleo y las embarcaciones confiscadas para depositar los ingresos en las arcas estadounidenses, una prioridad que, según el especialista, ha demostrado el gobierno de Trump. Así, el derecho de presa no solo funcionaría como instrumento militar, sino también como una posible vía para recuperar parte de los costos asociados con el conflicto.

Las dudas sobre una guerra sin declaración formal

Los expertos consultados consideran que revivir el derecho de presa podría acelerar en teoría la captura de barcos iraníes, pero dudan de que elimine las dificultades legales. La norma no se ha utilizado desde la guerra hispano-estadounidense de 1898, lo que deja un vacío práctico sobre sus procedimientos, estándares probatorios y alcance en las circunstancias actuales. Frevola resumió esa falta de experiencia con una broma: para obtener asesoramiento realmente veterano, el Departamento de Justicia tendría que organizar una sesión de espiritismo.

Una de las principales preguntas es si existe un conflicto armado que active correctamente las facultades necesarias para aplicar el derecho de presa. El Congreso de Estados Unidos no ha declarado la guerra a Irán, y esa ausencia puede crear una zona gris sobre la autoridad del Ejecutivo y del ejército. Waid advirtió que una disputa de este tipo podría impulsar una participación más directa del Congreso en un asunto que hasta ahora ha evitado en gran medida.

La legalidad del bloqueo constituiría otro frente de litigio, especialmente si Estados Unidos intenta detener embarcaciones que no pertenecen directamente a Irán. Allison Luzwick, abogada marítima y colega de Frevola en Holland & Knight LLP, dijo que los tribunales probablemente analizarían si el bloqueo fue declarado y comunicado de manera adecuada antes de la captura. También tendrían que revisar si cada buque estaba sujeto a esa medida y si sus operadores recibieron un aviso suficiente.

Las embarcaciones neutrales podrían convertir el plan en una controversia todavía más compleja, porque un barco de otro Estado puede transportar cargamento relacionado con una parte del conflicto sin pertenecerle. Luzwick anticipó argumentos sobre si el buque podía atravesar el bloqueo, si conocía formalmente la prohibición y si tenía intención de desafiarla. Esas preguntas podrían multiplicar los casos individuales y obligar al gobierno a defender, barco por barco, la legalidad de sus decisiones.

Qué podría ocurrir con los petroleros y el petróleo

Si los tribunales aceptaran la aplicación del derecho de presa, las fuerzas estadounidenses tendrían un camino más directo para someter a revisión judicial una embarcación capturada durante las hostilidades. El proceso no eliminaría la intervención de los jueces, porque todavía habría que determinar la condición del barco, la naturaleza del cargamento y el destino final de los activos. La diferencia estaría en que la captura militar no dependería del mismo tipo de expediente exigido por una incautación civil.

Para la administración Trump, el atractivo principal sería la posibilidad de reforzar un bloqueo naval contra Irán sin esperar necesariamente los tiempos de una investigación regulatoria convencional. La venta del petróleo y del buque podría generar recursos para el gobierno, aunque la fuente no ofreció estimaciones sobre el valor de los activos ni sobre los ingresos que produciría una operación de ese tipo. Cualquier disposición también tendría que superar las objeciones de propietarios, operadores, aseguradoras y Estados vinculados con el transporte.

La estrategia, por tanto, no debe confundirse con una confiscación automática de todos los petroleros que comercien con Irán. El derecho de presa está ligado a la existencia de hostilidades y a la categoría jurídica de la propiedad capturada, mientras que los buques neutrales plantean condiciones distintas a las de una embarcación enemiga. La determinación de esas categorías sería central para evitar que una operación presentada como militar terminara enfrentando cuestionamientos por exceso de autoridad.

El debate también podría afectar la previsibilidad del transporte marítimo y de los mercados energéticos, aunque la información disponible no permite calcular un impacto concreto sobre los precios. Cada captura podría convertirse en un precedente con consecuencias para futuras operaciones, especialmente si otros gobiernos interpretan la medida como una ampliación de las facultades de bloqueo. Por ahora, los reportes sobre la iniciativa no identifican una ley específica, un calendario de aplicación ni una lista de embarcaciones objetivo.

El regreso al debate de una norma que permaneció prácticamente dormida durante más de un siglo muestra hasta qué punto las tensiones con Irán están empujando a Washington hacia herramientas jurídicas excepcionales. La discusión apenas comienza, y su resultado dependerá tanto de la estrategia militar como de la capacidad del gobierno para convencer a los tribunales de que sus capturas cumplen con la Constitución y las reglas marítimas aplicables.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

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