Por Canuto  

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que la policía sí realiza una búsqueda amparada por la Cuarta Enmienda cuando obtiene de Google el historial de ubicación de un celular mediante una geofence warrant. El fallo no cierra todavía el caso de Okello Chatrie, pero sí redefine el debate sobre privacidad digital, vigilancia retrospectiva y el poder de las tecnológicas para almacenar mapas detallados de nuestra vida cotidiana.
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  • La Corte Suprema sostuvo, por 5 a 4 en lo esencial, que acceder a Location History de Google constituye una búsqueda bajo la Cuarta Enmienda.
  • El tribunal comparó estos datos con el precedente Carpenter y concluyó que el historial de ubicación de Google es incluso más preciso y revelador.
  • El caso vuelve al Cuarto Circuito para decidir si la orden específica cumplió con los requisitos de causa probable y particularidad.

La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que la policía realiza una búsqueda bajo la Cuarta Enmienda cuando obtiene de Google datos de historial de ubicación de un celular. La decisión llega en el caso de Okello T. Chatrie, acusado por un robo bancario ocurrido en Virginia en 2019.

El fallo no absuelve a Chatrie ni invalida automáticamente la orden utilizada en la investigación. Lo que hace es resolver una pregunta previa y crucial: si acceder a esa información almacenada por Google activa o no las protecciones constitucionales contra registros irrazonables.

Para lectores nuevos en el tema, una geofence warrant es una orden que dibuja un perímetro virtual alrededor de una escena del crimen. Luego obliga a una empresa tecnológica a entregar datos sobre los teléfonos que estaban dentro de esa zona en un momento determinado.

Ese método se volvió atractivo para los investigadores porque permite buscar sospechosos cuando no existe un nombre concreto. En vez de partir de una persona, la pesquisa parte de un lugar y un horario.

La opinión mayoritaria fue redactada por la jueza Elena Kagan y contó con el apoyo del presidente del tribunal John Roberts y de las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, además del juez Brett Kavanaugh. El tribunal anuló la decisión del Cuarto Circuito y devolvió el expediente para un nuevo análisis.

Qué ocurrió en el caso Chatrie

El 20 de mayo de 2019, un hombre robó una cooperativa de crédito en Midlothian, Virginia, cerca de las 4:50 p. m. Según el expediente, entregó a una cajera una nota exigiendo USD $100.000 y amenazó con hacer daño a ella y a su familia si no obedecía.

Cuando la cajera respondió que no tenía acceso a ese monto, el asaltante mostró un arma de fuego. Después obligó a todos en el banco a tirarse al piso y forzó al gerente a abrir una caja fuerte para llenar una bolsa con USD $195.000.

El ladrón escapó a pie y la policía local inició una investigación tradicional con entrevistas y cámaras de seguridad. Los agentes concluyeron que el sospechoso había llegado desde la esquina de una iglesia cercana mientras aparentaba hablar por teléfono celular.

Como no lograron identificarlo por otros medios, el 14 de junio pidieron a un magistrado en Virginia una geofence warrant dirigida a Google. La zona descrita fue un círculo de 150 metros de radio alrededor de la cooperativa de crédito.

La solicitud explicó que Google recopilaba datos de ubicación mediante un servicio llamado Location History. Ese sistema registraba la ubicación del teléfono aproximadamente cada dos minutos y podía ayudar a identificar al ladrón, posibles cómplices o testigos adicionales.

La orden contempló un proceso de tres pasos. Primero, Google entregaría datos anonimizados de todos los teléfonos dentro de la zona entre las 4:20 p. m. y las 5:20 p. m., es decir, 30 minutos antes y 30 minutos después del robo.

En la segunda etapa, los agentes reducirían la lista revisando coordenadas y tiempos. Después, Google entregaría más datos anonimizados, ya no solo dentro del perímetro, sino también fuera de él, durante un lapso ampliado de dos horas.

En la tercera etapa, la policía volvería a recortar la lista y Google revelaría datos identificatorios de los usuarios finales. Entre ellos aparecerían nombres y números telefónicos.

La primera respuesta de Google incluyó 19 usuarios anónimos detectados en el área durante la ventana de una hora. Luego, los agentes redujeron la lista a nueve dispositivos.

Tras recibir movimientos más detallados de esos nueve usuarios en un período de dos horas, la policía estrechó la lista a tres personas. Google finalmente reveló la identidad de esos tres usuarios, incluido Chatrie.

Según los datos, Chatrie entró en el área geocercada unos 10 minutos antes del robo. Después de salir del banco, su trayecto apuntó hacia una zona residencial.

Con trabajo policial adicional, un gran jurado federal lo acusó por robo y delitos relacionados con armas de fuego. Chatrie pidió excluir la información obtenida de Google alegando que había sido recabada mediante una búsqueda inconstitucional.

Por qué la Corte dijo que sí hubo búsqueda

La mayoría de la Corte sostuvo que una persona tiene una expectativa razonable de privacidad sobre la información de ubicación de su teléfono celular. En consecuencia, cuando el gobierno exige esos datos a Google, invade una esfera privada protegida por la Cuarta Enmienda.

El eje doctrinal del fallo fue el precedente Carpenter v. United States de 2018. En ese caso, la Corte había resuelto que acceder a registros históricos de ubicación celular de operadoras telefónicas, conocidos como CSLI, constituía una búsqueda.

La jueza Kagan afirmó que todo lo que Carpenter dijo sobre la sensibilidad de esos registros aplica igual o incluso con más fuerza a Location History. Según la Corte, los datos de Google ofrecen un retrato más fino, más denso y más invasivo de los movimientos de una persona.

El tribunal destacó tres diferencias técnicas. Primero, Location History puede ubicar un dispositivo con una precisión cercana a 20 metros, mientras que el CSLI podía situarlo en sectores que iban de un octavo a cuatro millas cuadradas.

Segundo, el sistema de Google registraba la ubicación aproximadamente cada dos minutos. Eso equivale a un promedio diario de 720 registros, frente a los 101 mencionados en Carpenter para el otro tipo de datos.

Tercero, Google podía estimar elevación y con ello sugerir en qué piso de un edificio se encontraba un teléfono. Para la mayoría, esa capacidad intensifica el nivel de intrusión porque ayuda a distinguir entre espacios especialmente sensibles.

La Corte también subrayó que esta tecnología permite reconstrucción retrospectiva casi sin esfuerzo. Es decir, el gobierno puede revisar después quién estuvo en cierto lugar, sin necesidad de haber vigilado en tiempo real ni de haber seleccionado antes a un sospechoso específico.

Ese punto resultó central porque el tribunal ve aquí una forma de vigilancia escalable. En palabras de la opinión, la policía puede efectuar una supervisión incansable y absoluta de muchas personas y muchos lugares con apenas unos clics.

Otro argumento relevante fue que Location History se parece más a un diario personal que a un simple registro comercial. La mayoría observó que muchos usuarios consultan ese historial para recordar restaurantes, viajes, caminatas o visitas pasadas.

Por eso, el tribunal comparó esos datos con correos electrónicos, fotografías, calendarios o documentos guardados en la nube. Aunque estén almacenados en servidores de Google, el usuario puede razonablemente entenderlos como algo propio.

El rechazo a los argumentos del gobierno

El gobierno defendió que aquí no debía hablarse de búsqueda porque los agentes solo obtuvieron dos horas de datos. A su juicio, un período tan breve no revela lo suficiente sobre la vida privada de una persona como para activar la Cuarta Enmienda.

La mayoría rechazó ese razonamiento. Indicó que incluso un monitoreo de corto plazo puede exponer asociaciones familiares, políticas, profesionales, religiosas o sexuales.

La Corte puso ejemplos concretos para ilustrar el problema. Un desplazamiento aislado a una clínica de aborto, a un psiquiatra, a un motel por horas, a un club nocturno o a la oficina de un abogado penalista puede ser sumamente revelador, aun si no existe una serie prolongada de movimientos.

Además, el tribunal afirmó que la Cuarta Enmienda no funciona con una lógica de umbral donde recién protege cuando la intrusión se vuelve excesiva. Si se aplica, se aplica sin depender de la cantidad exacta de información conseguida.

La opinión también descartó que el precedente United States v. Knotts salvara al gobierno. Allí, en 1983, la Corte había permitido el uso de un beeper para seguir un automóvil durante varias horas en vías públicas.

Según la mayoría, esa comparación falla por dos razones. La primera es tecnológica, porque Knotts trató con una herramienta rudimentaria y no con una base de datos retrospectiva capaz de reconstruir presencia y trayectorias masivas.

La segunda es espacial, porque un teléfono acompaña a su dueño también dentro de residencias privadas, consultas médicas y otros lugares sensibles. Para la Corte, eso aleja al caso actual del mero seguimiento de un vehículo en calles públicas.

El gobierno insistió además con la doctrina de terceros. Esa teoría sostiene que si una persona comparte voluntariamente información con una empresa, pierde expectativa de privacidad frente al Estado.

La mayoría respondió que Carpenter ya se negó a aplicar esa doctrina al CSLI y que no había razones para tratar distinto a Location History. Más aún, concluyó que el servicio de Google es incluso más revelador y menos parecido a una entrega voluntaria en sentido ordinario.

La Corte observó que Google impulsaba repetidamente a los usuarios a activar el servicio. En algunos casos, advertía que el dispositivo no funcionaría correctamente si no lo hacían, pero no detallaba con claridad la frecuencia, precisión o posible uso gubernamental de esos registros.

De forma más amplia, la mayoría criticó la idea de decidir la privacidad digital aplicación por aplicación. A su entender, usar un smartphone implica activar servicios y funciones todo el tiempo, y eso no puede equivaler automáticamente a renunciar a la protección constitucional.

Lo que falta decidir y por qué importa

El fallo no concluye que la orden empleada en el caso haya sido válida o inválida en sus detalles. La Corte solo resolvió que sí existió una búsqueda y que, por tanto, la Cuarta Enmienda entra en juego.

Ahora el Cuarto Circuito deberá analizar si cada etapa del proceso cumplió con dos exigencias clásicas. La primera es causa probable, y la segunda es particularidad en la descripción del alcance de la búsqueda.

Ese examen será delicado porque la orden fue inusual y escalonada. En la práctica, permitió a la policía pasar de 19 usuarios anónimos a nueve y luego a tres personas identificadas con base en criterios que el propio tribunal consideró poco desarrollados.

La jueza Ketanji Brown Jackson, en una concurrencia a la que se sumó Sonia Sotomayor, fue más lejos que la mayoría. Según su visión, al menos las etapas dos y tres no satisfacían el requisito fundamental de que un magistrado neutral supervise la expansión de la búsqueda.

Jackson remarcó que la orden decía que los agentes intentarían reducir la lista, pero no establecía criterios explícitos para hacerlo. A su juicio, eso concedía demasiada discreción policial en un terreno que debía estar controlado por un juez.

El juez Neil Gorsuch coincidió en el resultado, aunque por una ruta distinta. En vez de apoyarse en la expectativa razonable de privacidad de Katz, sostuvo que los datos de Location History pueden verse como efectos o propiedad personal del usuario.

Para Gorsuch, la Cuarta Enmienda debería examinar primero si esos archivos constituyen papeles o efectos del individuo. Desde ese ángulo, entendió que Google actuó como agente del gobierno al revisar y entregar datos de un material que seguía siendo del usuario.

En cambio, el juez Samuel Alito disintió y acusó a la mayoría de emitir una opinión prácticamente consultiva. Sostuvo que el caso debía resolverse por la excepción de buena fe y advirtió que la decisión amplía de forma drástica el precedente Carpenter.

La jueza Amy Coney Barrett también disintió. Aunque dijo no tener reparos con Carpenter ni con la decisión de aceptar el caso, concluyó que Chatrie no tenía una expectativa razonable de privacidad sobre datos de movimientos públicos que, en su opinión, había revelado voluntariamente a Google.

Más allá de la disputa procesal, el fallo tiene ecos directos para el debate tecnológico. En un entorno donde plataformas, apps, mapas y sistemas de anuncios almacenan trazas detalladas de comportamiento, la Corte envió una señal clara sobre los límites constitucionales de la vigilancia retrospectiva.

Eso importa también para el ecosistema cripto y de privacidad digital, donde el control de metadatos es un tema estructural. El caso no trata sobre blockchain, pero sí sobre el principio de que la infraestructura digital no debe convertir cada movimiento en una fuente automática de inteligencia estatal.

Según el documento oficial de la Corte Suprema de Estados Unidos, Google modificó en julio de 2025 el modo de almacenamiento de Location History. Desde entonces, esos datos se guardan en los dispositivos de los usuarios y la empresa afirma que ya no puede responder a geofence warrants de ese tipo.

Aun así, la discusión jurídica no desaparece. Lo que queda sobre la mesa es cómo deben tratarse constitucionalmente los enormes archivos de datos que las compañías tecnológicas han acumulado sobre millones de personas.

El fallo en Chatrie no da todas las respuestas, pero redefine el punto de partida. En adelante, obtener historial de ubicación de un tercero tecnológico ya no podrá presentarse fácilmente como si fuera un trámite ajeno a la Cuarta Enmienda.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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