Por Canuto  

El Gobierno colombiano tiene listo un proyecto de ley que busca establecer por primera vez un marco normativo integral para los activos digitales. La propuesta, elaborada con varias autoridades financieras, plantea reglas generales para criptomonedas, stablecoins y tokens, con foco en protección al consumidor, estabilidad financiera, innovación y competencia.

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  • El proyecto define a los activos digitales como representaciones de activos, no como moneda.
  • La Superintendencia Financiera supervisaría a las entidades especializadas y la DIAN exigiría su registro.
  • El Banco de la República tendría un papel clave en la regulación de stablecoins por su posible impacto monetario.

 

Colombia se encamina a abrir una nueva etapa para la industria cripto. El Gobierno tiene listo un proyecto de ley que busca establecer, por primera vez, un marco normativo integral para los activos digitales, en un movimiento que refleja un cambio importante en la postura oficial frente a este mercado.

La iniciativa fue elaborada en conjunto con las principales autoridades financieras del país y ahora está en manos del Ministerio de Hacienda. Su objetivo no es prohibir ni aislar por completo a las criptomonedas, sino fijar reglas generales para una actividad que ya existe, crece y plantea retos regulatorios, tributarios y de supervisión.

En mercados como el colombiano, el debate sobre los activos digitales ha girado durante años entre dos tensiones. Por un lado, la posibilidad de aprovechar innovación financiera basada en Blockchain. Por el otro, los riesgos de fraude, volatilidad, lavado de dinero y afectaciones potenciales al sistema financiero tradicional.

En ese contexto, la propuesta oficial busca definir cómo debe actuar el Estado ante criptomonedas, stablecoins y tokens, sin concederles el estatus de moneda, pero sí reconociéndolos como una categoría que requiere tratamiento legal específico.

Un cambio de postura del Estado colombiano

Andrés Murcia, subgerente monetario y de inversiones internacionales del Banco de la República, explicó que el proyecto surgió de mesas de trabajo técnicas dentro del Comité de Coordinación para el Seguimiento del Sistema Financiero. Ese dato no es menor, porque muestra que la iniciativa nació de una discusión institucional amplia y no de una sola entidad.

Según indicó el funcionario, el articulado revela una evolución en la manera como el Estado ha entendido estos instrumentos. En una primera etapa, las autoridades asumieron una posición más bien defensiva e incluso cercana a lo prohibitivo frente al ecosistema cripto.

Más adelante, esa visión derivó en una fase de contención. La idea, explicó Murcia, era mantener al sistema financiero tradicional alejado de los riesgos asociados a estos activos. Esa estrategia buscaba limitar contagios en caso de eventos de volatilidad extrema o de fallas operativas dentro del sector.

Hoy el enfoque es distinto. La visión actual parte de reconocer que existe una innovación subyacente que puede aportar beneficios a la economía, siempre que opere bajo reglas de juego claras y con autoridades capaces de vigilar su funcionamiento.

Murcia también precisó un punto central del debate. El proyecto no define a los activos digitales como moneda, ya que el Banco de la República no les otorga esa categoría al considerar que no cumplen plenamente las funciones del dinero. En cambio, se les clasifica como representaciones de activos.

Los objetivos principales del proyecto

El propósito central del texto no sería construir una regulación excesivamente específica o rígida. De acuerdo con Murcia, la propuesta se basa en el principio de “misma actividad, mismo riesgo y misma regulación”, una fórmula que busca equiparar exigencias según la naturaleza del servicio prestado y no solo según la tecnología utilizada.

Ese criterio intenta evitar vacíos normativos y, al mismo tiempo, reducir arbitrajes regulatorios. En otras palabras, si una actividad cripto genera riesgos comparables a los de un servicio financiero tradicional, la supervisión y las exigencias deberían ser equivalentes.

La propuesta apunta a cuatro objetivos primordiales. El primero es la protección al consumidor financiero, con la intención de mitigar riesgos de estafas y otros abusos. El segundo es preservar la estabilidad macroeconómica y financiera, especialmente si estos activos alcanzan una adopción más amplia.

El tercer objetivo consiste en promover la innovación financiera. El Gobierno busca permitir el uso ordenado de nuevas tecnologías, en lugar de cerrar la puerta a desarrollos que ya se observan en otros mercados. El cuarto es favorecer la libre competencia y la integridad del mercado, mediante un entorno más transparente para todos los participantes.

Para lectores menos familiarizados con este tema, vale recordar que el mercado de activos digitales abarca desde criptomonedas descentralizadas hasta tokens emitidos con finalidades diversas. También incluye stablecoins, que suelen estar atadas al valor de una moneda fiduciaria, como el dólar estadounidense, y que han ganado peso en pagos, remesas y trading global.

Definiciones, nuevas entidades y sandbox

El articulado incorpora una definición formal de activo digital. Ese punto es clave porque, sin una categoría legal reconocida, las autoridades suelen enfrentar limitaciones para supervisar, sancionar o exigir estándares mínimos a empresas vinculados con estos instrumentos.

Además, el proyecto contempla la creación de un nuevo tipo de entidad especializada para operar con estos activos. Aunque el texto citado no detalla aún sus características finales, la idea sugiere que Colombia podría introducir una figura regulada específicamente para esta actividad.

Otro componente importante es la implementación de un espacio controlado de pruebas, o sandbox. Este tipo de entorno permite a empresas y reguladores experimentar con modelos de negocio o tecnologías nuevas bajo supervisión, con el fin de detectar riesgos, corregir vacíos y mejorar futuras normas.

La experiencia colombiana con este mecanismo no parte de cero. Entre febrero de 2021 y junio de 2024, la Superintendencia Financiera adelantó un piloto de operaciones con criptoactivos. Según la entidad, ese ejercicio permitió comprender mejor los riesgos y las oportunidades vinculadas con la interacción entre criptoactivos y servicios del sistema financiero.

Ese antecedente ayuda a explicar por qué la nueva propuesta se inclina por regular en lugar de simplemente rechazar. Un sandbox bien diseñado puede servir para que el regulador ajuste su visión a la práctica del mercado, especialmente en un sector donde la tecnología cambia con rapidez y los modelos de negocio evolucionan de forma constante.

Qué papel tendrían las autoridades

La construcción del proyecto involucró al Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, la DIAN y la Fiscalía. La participación de tantas entidades anticipa un modelo de supervisión repartido entre distintas competencias.

Dentro de ese esquema, la Superintendencia Financiera tendría el rol primordial de supervisión de las actividades y de las entidades especializadas. Esto la colocaría en el centro del control operativo y prudencial del sector, al menos en lo relacionado con intermediarios o prestadores formales de servicios.

El Banco de la República conservaría un papel protagónico, en especial en la regulación de las stablecoins. La razón es su potencial impacto sobre la soberanía monetaria y sobre la regulación cambiaria, dos asuntos especialmente sensibles para cualquier banco central.

La DIAN, por su parte, se encargaría de la obligatoriedad del registro de estas entidades para fines tributarios y de control de información. Ese punto es relevante porque el tratamiento fiscal de los activos digitales ha sido una de las áreas con más preguntas para usuarios, empresas y autoridades.

La presencia de la Fiscalía en la elaboración del proyecto también revela una preocupación por posibles delitos asociados al sector. En la práctica, un mercado regulado puede facilitar tanto la prevención como la trazabilidad frente a fraudes, captación ilegal, evasión y otras conductas ilícitas.

Un debate internacional que también toca a Colombia

Los activos digitales han ganado espacio como alternativa para inversionistas que buscan diversificación. Sin embargo, la Superintendencia Financiera ha advertido que implican riesgos muy altos de volatilidad y seguridad, y que en la mayoría de países no están regulados de forma plena ni cubiertos por garantías de depósito.

En el escenario internacional, el debate se divide hoy de manera general entre dos enfoques. Uno consiste en permitir transacciones entre criptomonedas o stablecoins, como ocurre en Estados Unidos, donde se promueve el uso de tokens atados al dólar con respaldos líquidos.

El otro enfoque apunta a contener el mundo cripto y mantenerlo separado del sistema financiero tradicional. Europa suele citarse como ejemplo de una aproximación más prudente, enfocada en minimizar riesgos de contagio y en elevar los estándares de cumplimiento para los actores del sector.

Murcia señaló que, al regular los activos digitales, Colombia no estaría haciendo algo particularmente innovador frente a los estándares internacionales. Más bien, seguiría modelos que ya han adoptado países avanzados como Brasil o Singapur, ambos referenciados con frecuencia en discusiones regulatorias por su mayor desarrollo normativo en esta materia.

Ese punto ayuda a entender la lógica del proyecto. No se trata de lanzar una apuesta aislada o experimental, sino de adaptar prácticas observadas en otras jurisdicciones que han decidido reconocer la existencia del mercado y someterlo a reglas formales.

Lo que sigue para el proyecto

El proyecto ya está listo para ser radicado ante el Congreso de la República, aunque todavía no existe una fecha definida para el arranque del trámite legislativo. El motivo, según se indicó, es que el Gobierno tiene otras prioridades legislativas en este momento.

Aun así, el hecho de que el texto ya repose en el Ministerio de Hacienda sugiere que la discusión puede activarse en cualquier momento si cambia el calendario político. Para el ecosistema cripto local, ese posible debate será determinante, porque puede definir los límites y oportunidades de la industria en los próximos años.

Si la iniciativa avanza, Colombia pasaría de una postura de observación y contención hacia un marco de reconocimiento regulado. Eso no implica que desaparezcan los riesgos, pero sí que el país contaría con herramientas más claras para supervisar, ordenar y fiscalizar un mercado que hasta ahora ha operado en una zona gris.

De acuerdo con lo informado por Valora Analitik, el diseño del proyecto busca equilibrar innovación y control. El desafío será convertir ese equilibrio en una ley viable, técnicamente sólida y suficientemente flexible para responder a un sector que cambia con rapidez, pero cuya relevancia económica y tecnológica ya resulta difícil de ignorar.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

Imagen de Unsplash

 


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