Coinbase escaló la disputa con reguladores estatales tras lanzar mercados de predicción junto a Kalshi. El director global de asuntos legales, Ryan VanGrack, sostiene que varios estados están distorsionando la ley federal para tratar contratos de eventos deportivos como apuestas ilegales, y busca que una corte federal aclare quién tiene la autoridad real sobre estos derivados.
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- Coinbase demandó a los estados de Connecticut, Illinois, Michigan y Nevada tras órdenes de “cese y desista” y advertencias públicas por contratos vinculados a eventos deportivos.
- Ryan VanGrack afirma que los estados “tergiversan” la Ley de Intercambio de Productos Básicos y que la CFTC tiene jurisdicción exclusiva sobre swaps y derivados, incluidos contratos de eventos.
- El caso reabre el debate sobre regulación fragmentada: Coinbase acepta la autoridad estatal en fraude y protección al consumidor, pero rechaza un sistema con “50 reguladores” para mercados nacionales de derivados.
🚨 Coinbase enciende la controversia con reguladores estatales de EE. UU.
La plataforma demanda a Connecticut, Illinois, Michigan y Nevada tras órdenes de "cese y desista"
Asegura que los estados distorsionan la ley federal sobre contratos de eventos deportivos
Defiende que… pic.twitter.com/HBTyulhJSq
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) February 27, 2026
Coinbase llevó a tribunales a los estados de Connecticut, Illinois, Michigan y Nevada luego de que estos estados reaccionaran a su entrada en mercados de predicción mediante una asociación con Kalshi. Según el relato de la compañía, la presión regulatoria estatal tomó la forma de órdenes de cese y desistimiento o advertencias públicas. En el centro de la disputa están contratos relacionados con eventos deportivos, un tipo de producto que, por su naturaleza, suele activar debates sobre apuestas versus derivados.
Ryan VanGrack, vicepresidente legal y jefe global de litigios de Coinbase, planteó que la reacción estatal no fue un simple desacuerdo administrativo. Afirmó que dejó a los clientes ante amenazas “reales e inminentes”, lo que llevó a la empresa a buscar claridad en una corte federal. El objetivo, en términos prácticos, es delimitar qué autoridad tiene la última palabra cuando un producto se ofrece como contrato de derivados en un mercado regulado a nivel federal, reseña CoinDesk.
Este tipo de choque no ocurre en el vacío. En Estados Unidos conviven regulaciones estatales y federales que, dependiendo del instrumento financiero, se superponen o se excluyen entre sí. En el caso de los mercados de predicción, la línea se vuelve más sensible cuando el evento subyacente se parece a una apuesta tradicional, como un resultado deportivo. Coinbase, en cambio, insiste en que el empaque legal y operativo del producto lo coloca en el mundo de los derivados, no en el de las casas de apuestas.
La disputa también refleja un tema recurrente en finanzas y cripto: el costo de la fragmentación regulatoria. En esta etapa, el conflicto no gira en torno a una criptomoneda específica, sino a contratos de eventos listados y negociados en un entorno que Coinbase describe como de intercambio supervisado. Aun así, el resultado podría influir en cómo el mercado interpreta la capacidad de los estados para intervenir cuando el producto se ofrece a escala nacional.
El argumento de “gaslighting”: qué dice Coinbase sobre la ley federal
VanGrack sostuvo que los estados están “gaslighting” sobre los mercados de predicción, al presentar interpretaciones que, según él, tergiversan la ley federal. En su marco, la discusión correcta no es si el producto “se siente” como una apuesta, sino si encaja en definiciones ya contempladas por el régimen federal de derivados. En particular, apuntó a la Ley de Intercambio de Productos Básicos como la base que asigna competencias a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
El ejecutivo legal de Coinbase enfatizó que esa ley otorga a la CFTC jurisdicción exclusiva sobre swaps y derivados, y que allí se incluyen los contratos de eventos. También señaló que el texto legal incorpora una “regla especial” para que sea la CFTC, y no los estados, la que pueda prohibir ciertos contratos de eventos vinculados a apuestas por razones de política pública. Desde esa óptica, el intento estatal de frenar estos productos sería un camino indirecto para reescribir un diseño que el Congreso ya habría definido.
Coinbase también cuestionó la idea de que, sin la intervención de los estados, estos mercados quedarían sin supervisión. En el litigio, funcionarios de Illinois argumentaron que la CFTC tendría recursos limitados, lo que abriría un vacío de regulación si el estado no actuaba. VanGrack calificó esa afirmación como una “manipulación”, alegando que la agencia ha supervisado durante mucho tiempo mercados de derivados multimillonarios.
Para reforzar su postura, VanGrack citó recordatorios recientes de cumplimiento de la CFTC sobre el uso de información privilegiada en contratos de eventos. Para Coinbase, eso demuestra que la agencia federal está vigilando activamente el espacio, y que no se trata de un territorio sin árbitro. El subtexto es claro: si la CFTC ya está mirando estos instrumentos, los estados no deberían presentarse como el único dique ante riesgos de mercado.
Apuestas deportivas vs. contratos de eventos: una distinción clave
Una parte esencial del caso es cómo se define el producto. Algunos estados sostienen que los contratos de eventos deportivos equivalen a apuestas ilegales, lo que abriría la puerta a medidas estatales típicas contra el juego no autorizado. Coinbase, por su parte, insiste en una distinción estructural: no se trataría de apostar contra una “casa”, sino de negociar contratos en un mercado que funciona como intercambio, con compradores y vendedores estableciendo precios.
En el esquema descrito por Coinbase, Kalshi opera como un mercado de contratos designado, es decir, una plataforma de negociación bajo supervisión de la CFTC. Allí, el precio se forma por interacción entre participantes del mercado, como ocurre en otras categorías de derivados. Ese elemento, para la empresa, cambia la naturaleza regulatoria del instrumento, incluso si el evento subyacente es un partido o un resultado deportivo.
La comparación con las casas de apuestas tradicionales busca marcar un contraste operacional y regulatorio. En una casa de apuestas, el operador fija cuotas y toma el lado opuesto de la apuesta, un modelo que los estados suelen regular de forma directa. En un intercambio de contratos, en cambio, el operador provee infraestructura y reglas, mientras el mercado forma precios mediante órdenes cruzadas entre participantes.
VanGrack subrayó que nadie está argumentando que la CFTC regule las casas de apuestas deportivas. El punto, según su postura, es más estrecho: los contratos de eventos negociados en bolsa encajarían en la ley federal de derivados, y por eso deben tratarse de forma distinta. En términos legales, esa diferencia puede decidir si prevalece la autoridad estatal o si existe preeminencia federal en un producto distribuido a escala nacional.
Más allá de los contratos deportivos: el temor a un “mosaico” de 50 reguladores
Para Coinbase, el caso tiene implicaciones que van más allá de los mercados de predicción. VanGrack planteó que someter los mercados nacionales de derivados a un “mosaico de 50 reguladores” podría socavar la confianza de los inversores y la estabilidad del mercado. La idea no es nueva en el sector financiero: cuando un producto opera de forma interestatal, la fragmentación puede elevar costos de cumplimiento y generar incertidumbre sobre qué reglas aplican.
Al mismo tiempo, Coinbase no plantea que los estados queden excluidos de toda acción. VanGrack reconoció que los estados conservan autoridad en áreas como protección al consumidor y fraude. Esa precisión busca evitar que el argumento se lea como un intento de inmunidad, y lo reubica en un debate de delimitación: qué corresponde a la supervisión de conducta y qué pertenece a la arquitectura federal de derivados.
En la práctica, este tipo de disputas también refleja el modo en que la innovación financiera presiona marcos legales existentes. Los mercados de predicción, al empaquetar expectativas sobre eventos en contratos negociables, pueden atraer tanto a quienes los ven como herramientas de cobertura e información como a quienes los perciben como una forma sofisticada de apuestas. Esa ambivalencia hace que el conflicto entre definiciones sea tan relevante como el producto mismo.
CoinDesk reportó que VanGrack sostiene que el Congreso eligió desde hace tiempo un marco federal unificado para los derivados, y que los mercados de predicción no deberían recibir un trato distinto. Si una corte federal valida esa tesis, el precedente podría afectar el margen de maniobra estatal cuando el instrumento se ofrece mediante una plataforma con supervisión federal. Si la corte la rechaza, aumentaría el riesgo de que productos similares enfrenten bloqueos por jurisdicción.
Por ahora, el proceso se mueve sobre una pregunta concreta: quién regula los contratos de eventos deportivos cuando se ofrecen como derivados negociados en un mercado designado. La respuesta tendrá efectos sobre Coinbase, Kalshi y los participantes que usan estos contratos, pero también sobre el mapa regulatorio de productos financieros emergentes. En un mercado donde la velocidad de innovación suele superar la claridad legal, la disputa promete convertirse en una referencia para futuros choques entre estados y autoridades federales.
Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
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