Por Canuto  

El director legal de 1inch aseguró que el CLARITY Act en Estados Unidos es “muy favorable” para DeFi, al considerar que el proyecto reconoce protecciones que varias plataformas ya aplican y podría ofrecer una vía regulatoria sin obligar al sector a reconstruirse desde cero.
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  • Orest Gavryliak, jefe legal de 1inch, dijo que el CLARITY Act es favorable para las criptomonedas y para DeFi.
  • La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y sigue pendiente de revisión en el Senado de EE. UU.
  • Persisten debates clave sobre AML, KYC y el límite entre software descentralizado e intermediación financiera.

 

El avance del llamado CLARITY Act en Estados Unidos vuelve a poner en el centro del debate un tema que el sector cripto ha seguido durante años: cómo regular las finanzas descentralizadas sin sofocar su desarrollo. Para parte de la industria, el proyecto de ley ofrece una señal de equilibrio entre supervisión y continuidad operativa.

Orest Gavryliak, director legal de 1inch, afirmó en una entrevista con la mesa redonda de TheStreet, reseñada por Yahoo Finance, que el mensaje que reciben desde el entorno político es claro. En sus palabras, el CLARITY Act es “muy favorable para las criptomonedas” y también “favorable para DeFi”.

La declaración es relevante porque llega en un momento en que la industria todavía busca certezas legales sobre qué actividades quedan bajo supervisión de los reguladores y cuáles pueden seguir funcionando como software o infraestructura descentralizada. El caso de DeFi ha sido especialmente sensible por la dificultad de encajarlo en marcos normativos diseñados para intermediarios tradicionales.

De acuerdo con la información citada por la fuente, el proyecto H.R. 3633 fue aprobado por la Cámara de Representantes el 17 de julio de 2025. Posteriormente, fue remitido al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado el 18 de septiembre de 2025, donde seguía pendiente al 2 de abril de 2026.

Qué propone el CLARITY Act para el mercado cripto

La importancia de esta propuesta radica en que busca definir con mayor precisión cómo se reparten las competencias regulatorias sobre los activos digitales y la actividad del mercado cripto. En otras palabras, intenta responder una de las preguntas más persistentes del sector: qué le corresponde supervisar a cada agencia federal.

Según un resumen del Congressional Research Service, citado por Yahoo Finance, la medida excluiría ciertas actividades de finanzas descentralizadas, incluida la validación, de algunos de los requisitos previstos en el proyecto. Al mismo tiempo, mantendría la autoridad de los reguladores para actuar frente al fraude y la manipulación de mercado.

Ese diseño apunta a una fórmula intermedia. No plantea una ausencia total de reglas, pero tampoco una aplicación automática de obligaciones pensadas para empresas centralizadas. Esa distinción ha sido uno de los principales reclamos del ecosistema DeFi, que sostiene que no toda interacción on-chain equivale a intermediación financiera clásica.

Gavryliak resumió esa idea con una frase que refleja la lectura de 1inch sobre la ley. “DeFi será regulado de una manera en que opere como opera ahora mismo”, afirmó. Añadió que “el mismo tipo de características que tienes ahora mismo, más o menos, estarán en las leyes”.

Para lectores menos familiarizados con el tema, DeFi agrupa protocolos y aplicaciones blockchain que permiten intercambiar, prestar o gestionar criptoactivos sin depender de un intermediario único. Por eso, cada intento regulatorio genera fricciones sobre responsabilidades, controles y alcance legal.

La defensa de 1inch sobre las salvaguardas ya existentes

Uno de los puntos centrales del argumento de 1inch es que varias plataformas del ecosistema ya incorporan medidas orientadas al cumplimiento y a la protección del usuario. Esa afirmación busca contrarrestar la percepción de que DeFi funciona como un espacio completamente ajeno a toda clase de control.

Gavryliak mencionó entre esas herramientas los controles de tokens, las advertencias sobre activos, los controles de billeteras, la simulación de transacciones, los avisos legales, los reportes y el contenido educativo. A su juicio, estas funciones muestran que parte del sector ha venido desarrollando mecanismos preventivos sin esperar una obligación formal completa.

La propia documentación de ayuda de 1inch, siempre según la cobertura original, describe herramientas de protección contra estafas. Entre ellas figuran validación de transacciones, simulación previa, pantallas de advertencia y revisión de direcciones, elementos que respaldan la tesis de que ciertas interfaces DeFi ya integran capas de seguridad relevantes para el usuario final.

Este punto es importante en el plano político porque una ley que reconozca salvaguardas ya existentes podría reducir los costos de adaptación regulatoria. En vez de exigir que todo el ecosistema se reinvente desde cero, abriría la puerta a formalizar prácticas que ya están en uso en algunos productos.

Al mismo tiempo, la discusión no implica que todas las plataformas operen con el mismo estándar ni que el debate sobre riesgos haya terminado. La heterogeneidad del sector sigue siendo amplia, y eso explica por qué los legisladores intentan diferenciar entre protocolos, interfaces y posibles actores con capacidad de control efectivo.

Los temas que siguen abiertos en el Senado

Aunque el tono de 1inch es optimista, el panorama regulatorio dista de estar resuelto. Entre los asuntos que aún generan debate aparecen las reglas contra el lavado de dinero, conocidas como AML, los requisitos de identificación del cliente, o KYC, y la línea jurídica que separa al software descentralizado de la intermediación financiera.

Sobre este último punto, Gavryliak admitió que la cuestión de KYC sigue siendo discutible. “La función KYC es algo debatible, pero no está en el primer borrador”, explicó, dejando ver que parte de las obligaciones más sensibles para el ecosistema no habrían sido incorporadas en la versión inicial del texto.

Esa ausencia puede interpretarse de dos maneras. Para algunos actores del sector, representa una oportunidad para preservar la naturaleza abierta de DeFi. Para otros, revela que todavía falta definir cómo se aplicarán controles tradicionales en entornos donde no siempre existe una empresa única que custodie fondos o procese operaciones.

El resultado final dependerá de lo que ocurra en el Senado y de si el equilibrio actual del proyecto se mantiene. Si eso sucede, el CLARITY Act podría ofrecer a DeFi algo largamente reclamado por la industria: un camino regulatorio que reconozca estructuras ya operativas y mantenga herramientas de persecución contra el fraude y la manipulación.

La discusión también tiene implicaciones más amplias para el mercado cripto en Estados Unidos. Una ley de este tipo no solo serviría para ordenar la relación entre agencias como la SEC y la CFTC, sino que podría influir en cómo empresas, desarrolladores e inversionistas evalúan el riesgo jurídico de operar dentro del país.

Por ahora, el mensaje que deja la postura de 1inch es claro. Para una parte del ecosistema, el CLARITY Act no representa un intento de desmantelar DeFi, sino una posible validación legal de prácticas que ya existen. La clave estará en si el texto final conserva ese enfoque y logra responder las preguntas que siguen abiertas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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