Por Canuto  

China aprobó una ley anticorrupción transfronteriza que permite a sus autoridades investigar la conducta de empresas chinas en cualquier jurisdicción y contrarrestar investigaciones extranjeras que Pekín considere no autorizadas. La norma entró en vigor de inmediato y establece mecanismos para gestionar casos, cooperar internacionalmente y recuperar activos.
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  • La Asamblea Popular Nacional aprobó la ley al cierre de una sesión de su Comité Permanente.
  • La norma contempla investigar conductas de empresas chinas en cualquier jurisdicción y bloquear investigaciones extranjeras no autorizadas.
  • El texto establece mecanismos para casos transfronterizos, cooperación internacional y recuperación de activos.

Una norma con alcance transfronterizo

China aprobó una nueva ley anticorrupción transfronteriza que amplía las herramientas de Pekín para abordar presuntos actos ilícitos vinculados con empresas chinas fuera del país. Según informó South China Morning Post, la norma también busca contrarrestar investigaciones extranjeras sobre presuntas irregularidades en China cuando las autoridades chinas no las hayan autorizado. El texto combina así la persecución de activos en el extranjero con la defensa del control de Pekín sobre investigaciones relacionadas con el país.

La máxima legislatura china dio luz verde a la ley el viernes 6 de noviembre de 2026, al cierre de la 25ª sesión del Comité Permanente de la 14ª Asamblea Popular Nacional. La agencia estatal Xinhua informó que la norma entró en vigor de inmediato, sin un periodo de espera entre su aprobación y su aplicación. El anuncio describe el paso como la creación de mecanismos formales para gestionar casos que cruzan fronteras.

Uno de los alcances señalados es la capacidad de las autoridades chinas para investigar la conducta de empresas chinas en cualquier jurisdicción. La información disponible no detalla qué procedimientos concretos utilizarán los organismos, qué conductas específicas quedarán comprendidas ni cómo se resolverán eventuales diferencias con las leyes de otros países. Sí establece que la ley busca dotar a Pekín de herramientas para perseguir activos ilícitos en el extranjero.

La otra dimensión de la norma es su respuesta a investigaciones extranjeras sobre presuntos actos ilícitos en China: el texto prevé contrarrestar las que las autoridades consideren no autorizadas. También establece mecanismos para la cooperación internacional y la recuperación de activos, aunque la información difundida no precisa qué acuerdos, instituciones o procedimientos intervendrán en cada caso. Por eso, el alcance práctico de la ley dependerá de su aplicación y de cómo se coordinen las autoridades cuando una investigación involucre más de una jurisdicción.


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