Por Canuto  

Charles Hoskinson encendió las alarmas con una dura crítica al avance del capitalismo de vigilancia. El fundador de Cardano sostuvo que nuevas propuestas regulatorias en Europa, sumadas a la integración de grandes contratistas tecnológicos con agencias públicas en EE. UU., podrían sentar las bases de un sistema de control social apoyado por IA, datos masivos y plataformas privadas.
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  • Hoskinson aseguró que una propuesta vinculada al DMA en la Unión Europea abriría la puerta a una cesión diaria de datos de búsqueda de millones de usuarios a terceros vía API.
  • También señaló la creciente integración de Palantir con al menos 27 agencias del gobierno estadounidense como una muestra de la expansión de infraestructuras de vigilancia.
  • En su argumento, criptomonedas, identidad autosoberana y privacidad serían herramientas clave para frenar la concentración de poder sobre datos, dinero y expresión.

Charles Hoskinson, fundador de Cardano, lanzó una de sus críticas más severas contra el avance de la vigilancia digital y el papel que podrían asumir tanto gobiernos como grandes empresas tecnológicas. En una intervención titulada The Hundred Flowers of Surveillance Capitalism, el ejecutivo sostuvo que se está consolidando una arquitectura global capaz de recopilar, cruzar y utilizar datos personales a una escala sin precedentes.

Su tesis parte de un punto concreto. Hoskinson afirmó que la Comisión Europea estaría impulsando medidas, en el marco del artículo 61 de la DMA, que obligarían a Google a compartir a diario información detallada sobre el comportamiento de búsqueda de cientos de millones de europeos con múltiples terceros aprobados, incluidos motores de búsqueda y chatbots de IA.

Según su descripción, el alcance de esos datos sería extraordinariamente amplio. Mencionó consultas escritas, búsquedas por voz y por imagen, autocompletados aceptados, idioma, dispositivo, país, ubicación aproximada en una cuadrícula de tres kilómetros, resultados visualizados, enlaces sobre los que el usuario solo pasó el cursor, clics y desplazamientos, todo ello en orden cronológico.

Para Hoskinson, un repositorio de esa naturaleza permitiría inferir desde problemas de salud y embarazos hasta orientación sexual, creencias políticas, afiliación religiosa, dificultades financieras, asuntos legales, adicciones o relaciones personales. Su preocupación no se limita a la privacidad en abstracto. Afirma que esta clase de información podría emplearse para construir perfiles de riesgo o sistemas de puntuación social con consecuencias reales sobre la vida cotidiana.

La comparación histórica con la campaña de las cien flores

El fundador de Cardano encuadró esta evolución en una analogía histórica tomada de la China de Mao. Recordó la campaña de las cien flores, desarrollada entre 1956 y 1957, como un proceso en el que se invitó a intelectuales y críticos a expresar sus descontentos y objeciones, para luego identificarlos y reprimirlos durante la Revolución Cultural.

Hoskinson resumió esa dinámica con crudeza. Primero se alienta a hablar, después se usa lo dicho para separar a quienes están “con” el sistema de quienes quedan “en contra”. En su lectura, la lógica actual no sería idéntica en sus métodos, pero sí comparable en su estructura: inducir la exposición voluntaria de información para luego aprovecharla con fines de control.

Su planteamiento introduce una diferencia central respecto de modelos clásicos de represión estatal. A su juicio, ya no se trata solo de gobiernos recopilando datos directamente, sino de compañías privadas que registran interacciones, hábitos y relaciones a gran escala, y que luego pueden actuar como proveedores de infraestructura o como socios funcionales del poder público.

Ese es, precisamente, el núcleo de lo que llama “capitalismo de vigilancia”. En su definición, una empresa no estatal recoge información de personas a partir de sus servicios o de afiliados, y después ayuda a las autoridades a decidir quién es un “buen actor” y quién no, además de determinar qué medidas se tomarán en cada caso.

Poder blando, poder duro y la expansión del control algorítmico

Hoskinson distinguió entre dos formas de coerción. La primera es el poder blando, que describió como la capacidad de desactivar o restringir servicios esenciales. En ese escenario, una cuenta de video o correo puede desaparecer, el acceso bancario puede quedar limitado, y la libertad de movimiento puede verse afectada por sistemas de control integrados en vehículos o documentos digitales.

Como ejemplos, citó discusiones recientes en Estados Unidos sobre tecnologías de prevención de conducción bajo intoxicación y las conectó con la posibilidad de que esa clase de herramientas termine utilizándose para restringir la movilidad. También mencionó los pasaportes de vacunación y procesos de desbancarización como ensayos previos de mecanismos de exclusión digital.

La segunda dimensión es el poder duro. Aquí, Hoskinson recurrió a imágenes históricas extremas para remarcar el peligro de que un sistema de vigilancia total no se limite a castigos administrativos o económicos. Su argumento es que cuando ciertos individuos no pueden ser doblegados mediante exclusión financiera, censura o limitaciones de movimiento, el aparato de poder busca otros medios para neutralizarlos.

En su visión, la diferencia decisiva con etapas previas radica en la inteligencia artificial. Organismos como la Stasi o la KGB, sostuvo, debían seleccionar objetivos por costo y tiempo. Con IA y análisis masivo de datos, en cambio, se podría vigilar y perfilar a escala individual a poblaciones enteras, reduciendo drásticamente los costos de seguimiento, clasificación y sanción.

Palantir y la integración con agencias del gobierno de EE. UU.

Para reforzar su advertencia, Hoskinson apuntó a Palantir como ejemplo de una infraestructura privada cada vez más conectada al aparato estatal estadounidense. Mencionó que la empresa ya estaría integrada, al menos, con 27 agencias. La lista que dio incluye al Departamento de Defensa, el Ejército de EE. UU., la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y el Comando de Operaciones Especiales.

También citó al Departamento de Seguridad Nacional, ICE, HSI, HHS, CDC, FDA, USDA, la Administración Federal de Aviación, la Patrulla Fronteriza, la CIA, el IRS, el Departamento de Justicia, el FBI, la NSA, la Administración del Seguro Social, NASA y FEMA, entre otras entidades. Su punto no fue probar una acción ilegal específica, sino advertir sobre la escala de la interconexión institucional.

Desde esa perspectiva, si grandes plataformas digitales son obligadas o incentivadas a compartir información con terceros, y si contratistas con capacidad analítica profunda trabajan de forma transversal con agencias públicas, el resultado sería una “pila” tecnológica con visibilidad casi total sobre la actividad de las personas.

Hoskinson añadió otro elemento a su hipótesis: la posibilidad de un sistema de crédito social que no solo penalice a un individuo, sino también a quienes interactúan con él. En ese modelo, relacionarse con una persona considerada riesgosa reduciría la puntuación propia. Eso, dijo, transforma a la sociedad en ejecutora de la disciplina impuesta por el sistema.

Privacidad, identidad y criptomonedas como respuesta

Más allá de la denuncia, Hoskinson aprovechó la intervención para explicar por qué considera que la próxima gran batalla tecnológica girará en torno a tres ejes: identidad, dinero y datos. Sostuvo que, si una persona no controla esos elementos, queda expuesta a una forma de subordinación donde servicios privados pueden restringir derechos sin enfrentar los mismos límites constitucionales que un gobierno.

Insistió en que las protecciones tradicionales fueron diseñadas para contener excesos del Estado, pero que el uso de intermediarios privados crea una suerte de atajo. Bajo esa lógica, una plataforma puede retirar acceso a herramientas de comunicación, un sistema financiero puede cerrar cuentas y una infraestructura digital puede bloquear dispositivos o credenciales sin el mismo escrutinio público.

En ese contexto, presentó a Midnight como parte de una respuesta tecnológica orientada a preservar soberanía personal y privacidad. Lo describió como un tejido de conexión entre diversas soluciones, pensado para permitir interacción con actores grandes y pequeños sin ceder el control sobre la identidad ni sobre la información sensible.

Su conclusión fue abiertamente política y filosófica. Defendió que cada persona debe ser dueña de su identidad, su dinero y sus datos. A su juicio, ese principio explica por qué las criptomonedas y los sistemas descentralizados son tan relevantes: no solo como activos financieros, sino como herramientas para limitar la capacidad de vigilancia, censura y coerción de estructuras centralizadas.

Una advertencia que conecta regulación, IA y soberanía digital

El discurso de Hoskinson mezcla denuncia regulatoria, memoria histórica y defensa de la arquitectura descentralizada. Aunque su tono fue abiertamente combativo, la discusión que plantea toca debates muy reales para la industria cripto y para el ecosistema tecnológico en general: interoperabilidad obligatoria, acceso a datos, uso estatal de contratistas privados e identidad digital vinculada a servicios esenciales.

También enlaza con una preocupación más amplia sobre el papel de la IA en la administración social. Si modelos capaces de analizar grandes volúmenes de datos terminan conectados a pagos, movilidad, comunicación e identidad, la línea entre personalización y control puede volverse más difusa, especialmente en entornos con supervisión limitada o incentivos políticos fuertes.

Hoskinson llegó incluso a advertir sobre propuestas que, según dijo, introducirían requisitos de identidad para acceder a sistemas operativos o computadoras, algo que extendería la discusión desde redes y plataformas hacia la propia capacidad de utilizar herramientas digitales básicas. En su lectura, eso llevaría la dependencia a un nuevo nivel.

El trasfondo del mensaje es claro: la lucha por la privacidad ya no se reduce al secreto de las comunicaciones. Ahora involucra la capacidad de seguir participando en la economía, desplazarse, expresarse y asociarse sin que cada acción quede integrada en una puntuación o expediente permanente. Para Hoskinson, ese riesgo justifica una defensa activa de la autocustodia, la identidad autosoberana y los protocolos resistentes a la censura.


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