Charles Hoskinson, fundador de Cardano, lanzó una dura crítica contra la Digital Asset Market CLARITY Act en Estados Unidos. A su juicio, la propuesta podría tardar hasta 15 años en traducirse en reglas efectivas, abrir la puerta a usos políticos futuros y consolidar ventajas para criptomonedas ya establecidas, mientras complica la vida a nuevos proyectos.
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- Charles Hoskinson dijo que el CLARITY Act podría tardar más de una década en implementarse plenamente y quizás ni siquiera sobreviva a futuras administraciones.
- El fundador de Cardano afirmó que, tras el colapso de FTX, los demócratas adoptaron una postura más hostil hacia las criptomonedas y eso marcó el debate regulatorio actual.
- Según Hoskinson, el diseño del proyecto favorece a actores ya consolidados como Cardano, XRP y Ethereum, mientras deja a los nuevos proyectos atrapados como valores por defecto.
Charles Hoskinson, fundador de Cardano y Midnight, cuestionó con dureza la Digital Asset Market CLARITY Act que sigue negociándose en el Congreso de Estados Unidos. Su principal objeción es que, aun si el texto logra aprobarse, el proceso de reglamentación podría extenderse por más de una década y dejar a la industria atrapada en una incertidumbre prolongada.
Para entender el alcance de su crítica, conviene recordar que la CLARITY Act busca establecer un marco regulatorio más claro para los activos digitales en EE. UU. En teoría, ese tipo de legislación debería ayudar a delimitar competencias entre reguladores y ofrecer mayor previsibilidad a empresas, desarrolladores e inversionistas. Sin embargo, Hoskinson sostiene que el enfoque actual podría terminar produciendo el efecto contrario.
De acuerdo con sus declaraciones, el problema no es solo la lentitud. También teme que el texto pueda ser utilizado de forma distinta según quién controle el poder político en Washington. En ese sentido, advirtió que la ley podría convertirse en una herramienta de presión o castigo bajo futuras administraciones.
Según reportó CoinDesk, Hoskinson señaló que incluso con aprobación legislativa todavía vendrían muchos años de elaboración normativa. Su estimación fue tajante: el proceso podría convertirse en “15 años de reglamentación y lentitud deliberada”, una perspectiva que para él debilitaría cualquier promesa de certidumbre regulatoria.
Una ley que podría no resistir los cambios políticos
Hoskinson también puso en duda la durabilidad política de la propuesta. A su juicio, ni siquiera existe garantía de que el marco sobreviva intacto al actual ciclo político. Ese punto es especialmente sensible en un sector como el cripto, donde las empresas suelen planificar inversiones, desarrollo tecnológico y expansión internacional con horizontes de varios años.
El fundador de Cardano afirmó que, si los demócratas recuperan la presidencia en 2029, habría mecanismos dentro del texto actual que podrían servir para “instrumentalizar” la CLARITY Act. Su advertencia apunta a que una misma legislación puede ser aplicada de maneras muy distintas según el tono político y regulatorio de cada administración.
En paralelo, las negociaciones en el Congreso todavía siguen abiertas. Legisladores continúan circulando versiones actualizadas del texto para cerrar diferencias, aunque persisten fricciones relevantes. Entre los asuntos aún no resueltos figuran las finanzas descentralizadas y las demandas políticas impulsadas por legisladores demócratas.
Hoskinson considera que, bajo estas condiciones, el proyecto está lejos de representar una solución final para la industria. En su lectura, el debate político ha producido una pieza normativa sobrecargada, difícil de implementar y vulnerable a cambios de orientación en el tiempo.
El efecto FTX sobre la política estadounidense
Una parte central de su diagnóstico apunta al colapso de FTX, el exchange vinculado a Sam Bankman-Fried. Hoskinson dijo que ese episodio alteró profundamente la actitud de los demócratas hacia el ecosistema de activos digitales. Antes de ese escándalo, sostuvo, existía un ambiente de apoyo bipartidista relativamente más favorable.
Tras la caída de FTX, según su versión, la curiosidad política hacia las criptomonedas se transformó en hostilidad. Hoskinson señaló que ese giro derivó en una campaña de tres años que, en su opinión, dañó con fuerza a la industria. La crisis también habría elevado el costo reputacional para los legisladores que aparecieran públicamente cerca de empresas cripto.
Su argumento es que el caso FTX hizo que muchos políticos vieran el sector como un riesgo de imagen. Lo resumió con una frase directa: nadie quiere fotografiarse con personas que podrían terminar en prisión al año siguiente. El impacto reputacional, añadió, se amplificó porque FTX ya era una marca de perfil masivo.
Hoskinson recordó que FTX patrocinaba a Tom Brady y tenía una presencia muy visible en el mercado generalista. Por eso, a su juicio, el colapso no solo golpeó a una empresa concreta, sino que deterioró de forma más amplia la percepción pública de las criptomonedas en Estados Unidos.
El mayor riesgo, según Hoskinson: cerrar la puerta a los nuevos proyectos
Más allá de la coyuntura política, Hoskinson dijo que una de sus mayores preocupaciones es el tratamiento regulatorio de los proyectos emergentes. Criticó que el marco en discusión tienda a considerar a los nuevos activos como valores por defecto. En su opinión, ese punto crea una barrera estructural para la innovación.
El problema, explicó, no es solo la clasificación inicial. También teme que esos proyectos tengan enormes dificultades para abandonar posteriormente esa categoría. Según afirmó, existen procedimientos parlamentarios y regulatorios que pueden usarse para retrasar o bloquear cualquier proceso de aprobación que les permita salir de esa condición.
Hoskinson fue aún más lejos al señalar que la SEC no tendría incentivos reales para “graduar” un activo desde la categoría de valor hacia otra clasificación. En la práctica, eso dejaría a muchos nuevos proyectos sin espacio suficiente para desarrollar liquidez, propiedad distribuida y una trayectoria competitiva dentro del mercado estadounidense.
Desde su punto de vista, el resultado sería un sistema que beneficia a criptomonedas ya conocidas. Mencionó expresamente que Cardano, XRP y Ethereum podrían salir muy bien parados bajo ese esquema. Pero advirtió que los futuros competidores no tendrían las mismas posibilidades de crecer, lo que equivaldría, en los hechos, a imponer una lógica similar a la de una oferta pública inicial para proyectos nativos de blockchain.
Un debate centrado en cuestiones secundarias
Hoskinson también criticó el modo en que parte de la conversación pública sobre la ley se ha concentrado en las stablecoins y, en particular, en si pueden ofrecer rendimiento o no. Para él, ese foco deja de lado los problemas estructurales del proyecto y distrae a la industria de los temas realmente decisivos.
En sus palabras, centrar el debate en ese punto sería comparable a tener la casa en llamas y discutir la longitud del césped. La metáfora ilustra su frustración con una discusión que, a su juicio, no enfrenta la raíz del problema regulatorio actual.
Además, describió la legislación como un “monstruo de Frankenstein”, una pieza excesivamente compleja que intenta resolver demasiadas cuestiones al mismo tiempo. Para Hoskinson, esa ambición legislativa sin suficiente coherencia interna eleva el riesgo de producir una norma difícil de entender, aplicar y sostener políticamente.
Otro punto delicado, según dijo, es la falta de conocimiento técnico dentro del proceso de elaboración normativa. Su crítica fue que, durante la reglamentación, no hay suficientes perfiles técnicos en la sala. Eso, sostuvo, limita la capacidad del aparato estatal para diseñar reglas adecuadas para una tecnología que evoluciona rápido y opera con dinámicas propias.
Polarización política y una visión demasiado doméstica
Hoskinson vinculó parte de esta situación a la creciente polarización política alrededor del ecosistema cripto. Afirmó que la industria abrazó con fuerza a Donald Trump, menos por afinidad filosófica que por una necesidad existencial, dada la presión regulatoria ejercida durante la etapa del entonces presidente de la SEC, Gary Gensler.
Pero ese alineamiento, en su lectura, tuvo costos. Según dijo, Trump destruyó cualquier noción de bipartidismo en torno a las criptomonedas y convirtió el tema en una conversación partidista. Así, el apoyo o rechazo al sector comenzó a leerse más por identidad política que por evaluación de política pública.
Hoskinson sostuvo que dentro del discurso demócrata empezaron a circular mensajes resumidos en una secuencia simple: cripto equivale a corrupción y corrupción equivale a Trump. Esa clase de encuadre, advirtió, dificulta que legisladores de ese partido respalden públicamente una ley favorable al sector mientras al mismo tiempo hacen campaña contra él.
Finalmente, el fundador de Cardano cuestionó que el proyecto esté pensado casi exclusivamente desde una lógica estadounidense, pese a que las criptomonedas son, por definición, redes globales y descentralizadas. Reclamó una mayor coordinación con marcos regulatorios de Europa, Medio Oriente y Asia, citando referencias como MiCA, Abu Dhabi, Japón y Singapur. Su advertencia es que, sin ese esfuerzo, EE. UU. podría terminar con un estándar propio incompatible con otros mercados clave.
En conclusión, Hoskinson ve en la CLARITY Act una oportunidad que estuvo cerca de convertirse en un acuerdo viable y bipartidista, pero que hoy parece cada vez más difícil de concretar. Su balance es pesimista: todos los actores parecen encontrar algo que no les gusta del texto, y eso refuerza la percepción de que la industria seguirá enfrentando incertidumbre regulatoria en el futuro cercano.
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