Por Canuto  

Chainalysis Government Solutions acusa a ICE de diseñar un proceso de contratación que habría favorecido a TRM Labs y de evaluar su propuesta con requisitos que no aparecían en la declaración oficial de necesidades. La firma pide a un tribunal federal bloquear el acuerdo de USD $94.660.000 y ordenar una competencia completa.
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  • Chainalysis afirma que ICE basó la adjudicación a TRM Labs en criterios de una solicitud de información anterior.
  • La empresa asegura que solo tuvo tres días y una página para demostrar sus capacidades ante la agencia.
  • La demanda busca cancelar el contrato sin competencia y obligar a ICE a abrir un proceso competitivo.

Chainalysis Government Solutions, subsidiaria de propiedad total de Chainalysis enfocada en clientes gubernamentales de Estados Unidos, acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, de dirigir injustamente un contrato de análisis blockchain hacia TRM Labs. La disputa gira alrededor de una adjudicación sin competencia por USD $94.660.000, destinada a suministrar software forense y servicios de soporte para investigaciones de la Homeland Security Task Force. Según los registros federales citados en la demanda, el acuerdo cubre el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

Una versión censurada de la demanda se hizo pública en la Corte de Reclamaciones Federales de Estados Unidos, después de que Chainalysis presentara inicialmente una versión sellada el 27 de julio. The Block informó que la firma sostiene que ICE utilizó requisitos relacionados con una Request for Information anterior, en lugar de limitar la evaluación a la Statement of Need que la agencia entregó a potenciales competidores. Chainalysis describe el acuerdo como el mayor contrato de análisis blockchain otorgado hasta ahora por el Gobierno estadounidense, una afirmación que una revisión de contratos federales realizada por ese medio no contradijo.

El origen de la disputa contractual

El conflicto comenzó el 28 de mayo de 2026, cuando ICE emitió una Request for Information, o RFI, con 18 preguntas y respuestas previstas para el 2 de junio. Entre otros puntos, la agencia consultó si las empresas poseían una base de datos propia con más de un millón de reportes de víctimas de estafas vinculados a fraudes financieros, además de preguntar por plataformas de investigación con inteligencia artificial capaz de apoyar la recuperación automatizada de datos y la resolución de entidades. La RFI también planteó capacidades de seguimiento de fondos, notificaciones automáticas a proveedores de servicios de activos virtuales y coordinación con emisores de stablecoins.

El documento señalaba que la RFI no constituía una licitación, sino una herramienta de investigación de mercado y planificación de adquisiciones. Sin embargo, el 8 de junio ICE publicó un Notice of Intent to Sole Source, mediante el cual comunicó su intención de contratar directamente a un único proveedor y permitió que otras empresas demostraran su capacidad para atender las necesidades de la agencia. La ventana de respuesta fue de apenas tres días y las declaraciones quedaron limitadas a una sola página, según la demanda presentada por Chainalysis Government Solutions.

La Statement of Need posterior organizó el trabajo en tres áreas amplias: interrupción de estafas, interrupción del ciberdelito, incluida la resiliencia estatal, local, tribal y territorial, e interrupción de la sextorsión. También mencionó capacidades como el triaje de denuncias de víctimas impulsado por inteligencia artificial, la detección en tiempo real de billeteras asociadas con estafas, el rastreo y recuperación de activos, la detección de ransomware y la identificación y disrupción de redes de sextorsión. Chainalysis sostiene que varios requisitos detallados en la RFI del 28 de mayo no aparecieron en esa declaración posterior.

La compañía considera especialmente relevante que la sextorsión no figurara en ninguna de las 18 preguntas iniciales, pese a convertirse después en una de las tres áreas centrales de misión. A su juicio, esa diferencia entre ambos documentos impidió que los posibles proveedores conocieran con precisión qué criterios utilizaría ICE para determinar si podían competir. La firma sostiene que la agencia terminó combinando necesidades generales de la Statement of Need con capacidades específicas extraídas de la RFI, lo que habría reducido artificialmente el espacio para una competencia real.

Requisitos que Chainalysis considera favorables a TRM Labs

De acuerdo con la demanda, ICE concluyó que Chainalysis no podía satisfacer las necesidades del Gobierno porque carecía de capacidades automatizadas y en tiempo real de interrupción, inteligencia integrada dentro y fuera de la cadena, e identificación y notificación escalables de víctimas. La justificación de la adjudicación también habría resaltado las llamadas calificaciones únicas de TRM Labs, entre ellas una base de datos propia de víctimas de estafas, una plataforma de investigación nativa de inteligencia artificial, mecanismos automatizados de congelamiento mediante su Beacon Network, asociaciones formales con emisores de stablecoins y personal con autorización de seguridad.

Chainalysis afirma que varias de esas capacidades no aparecían en la Statement of Need que se le indicó responder. Además, sostiene que otras no eran exclusivas de TRM Labs, porque la propia investigación de mercado de ICE habría reconocido que ambas compañías operaban plataformas maduras de investigación con inteligencia artificial. La empresa también señala que ICE reconoció su experiencia con organismos de seguridad y su acceso a personal autorizado, pero aun así concluyó que no podía atender las necesidades operativas, técnicas y de datos del contrato.

Uno de los ejemplos citados por Chainalysis se refiere a la detección de billeteras de estafa. La Statement of Need pedía detección en tiempo real para instituciones financieras y exchanges, mientras que la RFI preguntaba si un proveedor podía avisar automáticamente a los VASP participantes cuando los fondos marcados se movieran aguas abajo, con el objetivo de que ejecutaran retenciones voluntarias sin coordinación humana en cada evento. Chainalysis argumenta que nunca recibió la indicación de que esa capacidad más estrecha sería utilizada para decidir si podía competir.

La empresa reconoce que no ofrecía exactamente el mecanismo de difusión automática hacia retenciones voluntarias descrito en la RFI. No obstante, sostiene que su sistema prioriza la coordinación con las fuerzas del orden antes de solicitar una acción a un VASP y que ese enfoque podría cumplir de manera más eficaz el objetivo subyacente de ICE. La demanda alega que la agencia no analizó esa alternativa, no explicó por qué sería insuficiente y utilizó un lenguaje que seguía de cerca la arquitectura de un producto propietario de TRM Labs.

Una respuesta limitada y el camino judicial

Chainalysis Government Solutions presentó su declaración de capacidad de una página el 11 de junio y asegura que abordó cada una de las áreas de misión incluidas en la Statement of Need. Al día siguiente, ICE concluyó su investigación de mercado y determinó que TRM Labs era el único proveedor capaz de cumplir todas sus necesidades operativas, técnicas y de datos. Chainalysis afirma que la agencia no le formuló preguntas de seguimiento sobre su plataforma, su personal con autorización ni su trabajo gubernamental existente con HSI, el FBI o la DEA antes de adoptar esa conclusión.

La compañía describe el procedimiento como un ejercicio pro forma, en vez de una evaluación significativa de las alternativas disponibles. También cuestiona que ICE se haya permitido una página y media para describir tres áreas complejas, con numerosos subrequisitos, mientras restringía a una sola página la explicación de los proveedores alternativos. Desde la perspectiva de Chainalysis, esa diferencia hizo que la agencia tuviera más espacio para definir sus necesidades que las empresas interesadas para demostrar cómo podían satisfacerlas.

La firma presentó inicialmente una protesta ante la Government Accountability Office el 12 de julio. Después de que ICE solicitara el sobreseimiento y entregara su justificación junto con el informe de investigación de mercado, Chainalysis retiró esa protesta el 21 de julio y trasladó el caso a la Corte de Reclamaciones Federales, según los documentos judiciales. La demanda plantea siete cargos, entre ellos que ICE no consideró de forma sustancial la declaración de capacidad, utilizó especificaciones indebidamente restrictivas y fundamentó la contratación directa en la RFI anterior, en lugar de hacerlo en la Statement of Need.

Chainalysis también impugna la interpretación de ICE sobre las reglas de adquisición modificadas bajo la llamada Revolutionary FAR Overhaul. La compañía argumenta que una planificación deficiente de la adquisición no puede utilizarse como justificación para evitar una competencia completa y abierta, por lo que solicita que el tribunal declare ilegal la adjudicación, bloquee de forma permanente la ejecución del contrato de TRM Labs y ordene a ICE realizar un nuevo proceso competitivo.

El contrato queda bajo revisión judicial

TRM Labs intervino en el caso para defender la adjudicación, mientras que el tribunal todavía no se ha pronunciado sobre el fondo de las reclamaciones de Chainalysis. El alegato oral está programado actualmente para el 2 de septiembre, una instancia que podría ofrecer más claridad sobre la interpretación judicial de los documentos utilizados por ICE y sobre el alcance de las reglas federales de contratación aplicables. Hasta entonces, las acusaciones de favoritismo siguen siendo alegaciones de una de las partes y no una determinación definitiva de ilegalidad.

Ni TRM Labs ni ICE respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios formuladas por The Block sobre la demanda. La ausencia de una respuesta pública no resuelve la controversia, pero deja pendientes las explicaciones de ambas entidades sobre la diferencia entre la RFI y la Statement of Need, así como sobre los criterios que determinaron que TRM era el único proveedor capaz de cumplir el encargo.

El caso ilustra la importancia de definir con precisión los requisitos cuando una agencia pública pretende utilizar una adjudicación sin competencia para contratar herramientas de análisis blockchain. Estas plataformas pueden intervenir en investigaciones de fraude, ransomware, sextorsión y recuperación de activos, por lo que las capacidades de automatización, coordinación con VASP y contacto con emisores de stablecoins tienen consecuencias operativas y presupuestarias relevantes.

La disputa también podría convertirse en una prueba para la transparencia de las compras gubernamentales relacionadas con activos digitales. Si el tribunal acepta los argumentos de Chainalysis, ICE tendría que repetir el proceso bajo condiciones competitivas; si los rechaza, la agencia conservaría el contrato con TRM Labs y quedaría validada su interpretación de los requisitos empleados para justificar la fuente única.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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