La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por 232 votos contra 198 un proyecto que prohíbe nuevas compras de acciones para legisladores, cónyuges e hijos dependientes. La medida enfrenta críticas demócratas por permitir conservar inversiones actuales e incluir una disposición sobre identificación de votantes.
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- La propuesta impulsada por Bryan Steil prohíbe comprar acciones negociadas públicamente y exige anunciar ventas con siete días de anticipación.
- Las infracciones podrían costar USD $2.000 o el 10% del valor de la operación, además de la confiscación de las ganancias.
- Los demócratas reclaman una prohibición total que también alcance al presidente y a funcionarios de la administración.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un proyecto de ley que impone nuevas limitaciones al comercio de acciones por parte de miembros del Congreso. La votación terminó con 232 votos a favor y 198 en contra.
Trece demócratas se sumaron a todos los republicanos para respaldar la propuesta. Sin embargo, el debate mostró una división sobre el alcance de las restricciones y sobre una disposición electoral incorporada al texto.
El proyecto prohíbe que los legisladores, sus cónyuges y sus hijos dependientes compren acciones negociadas públicamente. También establece nuevas obligaciones de divulgación para las ventas previstas.
La iniciativa fue presentada en enero por el representante republicano Bryan Steil, de Wisconsin. Su objetivo declarado es impedir que los congresistas aprovechen información privilegiada obtenida durante su servicio público.
El texto todavía enfrenta cuestionamientos políticos porque no obliga a los legisladores a vender las acciones que ya poseen. Para sus críticos, esa excepción deja abierta una vía para conservar beneficios acumulados y operar con mayor flexibilidad.
Qué establece el proyecto aprobado
La Ley para Detener el Comercio con Información Privilegiada impediría nuevas compras de acciones que se negocian públicamente por parte de miembros del Congreso. La prohibición también alcanzaría a sus cónyuges y a sus hijos dependientes.
La propuesta no exige una liquidación inmediata de las inversiones existentes. Los legisladores podrían conservar las acciones que ya tienen y venderlas posteriormente, una disposición que se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto.
El proyecto también obligaría a informar públicamente cada venta de acciones prevista con al menos siete días de anticipación. El aviso tendría que entregarse al secretario de la Cámara o al secretario del Senado, según corresponda.
Las sanciones combinarían una penalización económica con la pérdida de las ganancias obtenidas. Una infracción podría generar una multa de USD $2.000 o del 10% del valor de la transacción, aplicándose el monto que resulte mayor.
Además de la multa, el texto contempla la confiscación de cualquier ganancia realizada mediante la venta. Steil afirmó que la medida busca garantizar que los legisladores no utilicen su posición para beneficiarse de información privilegiada.
El choque político por la identificación de votantes
Los republicanos unieron el proyecto sobre comercio de acciones con una disposición no relacionada sobre las elecciones federales. Esa cláusula exigiría que los votantes presenten una identificación con fotografía al momento de sufragar.
La inclusión de esa exigencia complicó el respaldo demócrata a la iniciativa. El debate ocurrió mientras el presidente Trump impulsa nuevas reglas estrictas relacionadas con la elegibilidad para votar.
Para los republicanos, la combinación permitió avanzar simultáneamente en dos prioridades legislativas. Para varios demócratas, en cambio, el procedimiento desvió la discusión sobre los conflictos de interés dentro del Congreso.
El representante demócrata Joe Morelle, de Nueva York, sostuvo que el proyecto permitiría a los miembros del Congreso continuar poseyendo y comerciando acciones individuales. También afirmó que la ley permitiría conservar las inversiones actuales y liquidarlas en cualquier momento.
Morelle criticó que el texto no exigiera una desinversión y aseguró que no frenaría lo que describió como una corrupción sin precedentes en la Casa Blanca. La representante demócrata Pramila Jayapal, de Washington, calificó la propuesta como una “prohibición falsa del comercio de acciones”.
Los intentos previos de prohibición total
El Congreso ha considerado en varias ocasiones una prohibición más amplia del comercio de acciones por parte de sus integrantes. Los defensores de esas iniciativas sostienen que la legislación actual ofrece pocos incentivos para impedir el uso de los cargos públicos con fines personales.
La Ley STOCK, aprobada hace 13 años, prohíbe que miembros del Congreso, funcionarios del poder ejecutivo y otros empleados federales utilicen información no pública para obtener beneficios financieros. La norma también exige revelar las transacciones superiores a USD $1.000 dentro de un plazo de 45 días.
Pese a esas obligaciones, ningún miembro del Congreso ha sido procesado bajo la ley vigente, incluso en casos de incumplimiento. Esa falta de procesos penales alimenta las demandas por reglas más estrictas y sanciones con mayor capacidad disuasoria.
A finales del año pasado, la representante republicana Anna Paulina Luna, de Florida, intentó forzar una votación sobre la Ley para Restaurar la Confianza en el Congreso. Su propuesta prohibiría a los miembros del Congreso, sus cónyuges y sus hijos dependientes poseer o comerciar acciones individuales.
La petición de descarga presentada por Luna todavía está muy lejos de las 218 firmas necesarias para llevar el proyecto al pleno. Ese mecanismo permite sortear a los líderes partidistas cuando una iniciativa alcanza el número requerido de apoyos.
Propuestas en disputa dentro del Legislativo
Morelle impulsa una petición de descarga separada sobre la Ley para Restaurar la Confianza en el Gobierno. La medida demócrata está más cerca del umbral necesario, aunque todavía le faltan decenas de firmas.
Ese proyecto extendería la prohibición de poseer o comerciar acciones individuales a los miembros del Congreso, el presidente, el vicepresidente y sus familias. Su alcance sería, por tanto, mayor que el de la iniciativa aprobada por la Cámara.
Después de que Luna presentara su petición, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo que trabajaba con Steil para encontrar otras formas de abordar el problema. Steil preside el Comité de Administración de la Cámara.
El proyecto aprobado nació de ese esfuerzo entre Johnson y Steil. El representante republicano Chip Roy, de Texas, principal patrocinador de la Ley para Restaurar la Confianza en el Congreso, pidió que la votación se concentrara únicamente en el comercio de acciones.
Roy argumentó que retirar la disposición de identificación del votante habría permitido una votación clara sobre la regulación bursátil. También afirmó que los legisladores que negociaron de buena fe merecían una decisión independiente sobre ese asunto.
El futuro de la regulación bursátil en el Congreso
Durante el debate del miércoles, Roy dijo que no había terminado de exigir una votación directa sobre el comercio de acciones durante el año. Sus declaraciones reflejan que la aprobación de la Cámara no cerró la disputa sobre una prohibición total.
La medida impulsada por Steil representa un cambio frente al sistema de divulgación vigente. Aun así, deja intacta la propiedad de acciones existentes y permite su venta sin una obligación general de desinversión.
Los demócratas consideran que esa estructura puede preservar conflictos de interés. Su principal demanda consiste en prohibir la tenencia y el comercio de acciones individuales, además de incluir al presidente y a funcionarios de la administración.
En el Senado, un proyecto liderado el año pasado por el senador republicano Josh Hawley, de Missouri, avanzó en comité. Esa iniciativa habría prohibido a legisladores, presidente, vicepresidente y sus familias poseer acciones, pero desde entonces permanece inactiva en la cámara alta.
La diferencia entre las propuestas muestra que el debate sigue abierto en torno a tres asuntos: qué activos deben quedar restringidos, quiénes deben estar sujetos a la norma y qué sanciones resultan suficientes. Por ahora, la Cámara avanzó con límites parciales mientras persiste la presión por una prohibición más amplia.
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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.
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