Por Canuto  

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por 417-3 la Ratepayer Protection Act, una iniciativa que busca que los grandes centros de datos y otros consumidores eléctricos asuman los costos de infraestructura que genera su demanda. El proyecto pasa ahora al Senado, mientras la expansión de la inteligencia artificial presiona una red eléctrica sometida a mayores necesidades de inversión y plantea el riesgo de trasladar gastos a hogares y empresas.
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  • La Cámara aprobó el H.R. 9340 por 417-3 y el proyecto pasa ahora al Senado de Estados Unidos.
  • La medida apunta a clientes no residenciales con una demanda pico de al menos 100 MW en un solo sitio.
  • La expansión de los centros de datos podría elevar los costos iniciales de los proyectos, pero reducir el traslado de gastos a otros usuarios.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por 417-3 la Ratepayer Protection Act, un proyecto que busca cambiar quién paga la infraestructura eléctrica necesaria para atender a los grandes centros de datos. El H.R. 9340 exige que los reguladores estatales consideren una regla para que los consumidores de gran escala cubran el costo incremental total de las mejoras que provoque su demanda, aunque cada estado conservaría la posibilidad de rechazarla. La iniciativa pasa ahora al Senado.

El debate ocurre en un momento de fuerte expansión de la inteligencia artificial, cuyos modelos requieren instalaciones con enormes volúmenes de servidores, refrigeración y suministro eléctrico continuo. En ese contexto, la energía, la capacidad de transmisión, la velocidad de interconexión y el costo del capital comienzan a pesar tanto como los chips y el financiamiento al momento de decidir dónde construir infraestructura de computación.

Una regla federal con margen para los estados

La propuesta establecería un referente federal para que los reguladores estatales evalúen si los grandes usuarios deben pagar las mejoras de generación, transmisión y distribución necesarias para conectarlos a la red. El umbral se aplicaría a clientes no residenciales con una demanda pico de al menos 100 megavatios en un solo sitio, una escala que incluye a numerosos centros de datos de IA y otras instalaciones industriales de gran consumo.

El texto también contempla que las empresas entreguen garantías financieras antes de que los proveedores eléctricos ejecuten las obras requeridas por esos proyectos. El objetivo es evitar que una compañía abandone una inversión después de que la empresa de servicios públicos haya comprometido recursos para ampliar líneas, subestaciones o capacidad de generación, dejando el costo pendiente para otros usuarios.

Sin embargo, la legislación no obligaría automáticamente a todos los estados a adoptar el esquema. Las autoridades estatales tendrían que considerar la norma, pero conservarían la potestad de rechazarla, una flexibilidad que sus críticos consideran una debilidad porque podría producir reglas diferentes entre jurisdicciones y limitar el alcance práctico de la protección para los consumidores.

Los defensores de la medida sostienen que ese diseño permite crear un punto de referencia nacional sin eliminar la autoridad estatal sobre las tarifas eléctricas. Frank Pallone, representante demócrata por Nueva Jersey y demócrata de mayor rango en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara, calificó la iniciativa de imperfecta y afirmó que solo aborda una parte del problema, según Politico.

El costo de la expansión de la inteligencia artificial

La Ratepayer Protection Act no establece un límite para el precio de la electricidad ni modifica directamente las facturas de los hogares. Su propósito central consiste en identificar quién debe pagar por las instalaciones y ampliaciones que requieren los grandes consumidores, de modo que el crecimiento de un centro de datos no genere automáticamente una obligación distribuida entre familias y pequeñas empresas.

La discusión se relaciona con el compromiso de varias grandes compañías tecnológicas de asegurar nueva energía y cubrir las mejoras de distribución vinculadas con sus centros de datos. Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI aparecen entre las empresas mencionadas por Brookings, aunque convertir esas promesas corporativas en obligaciones exigibles depende de los estados, las compañías eléctricas y los reguladores.

Para los operadores de centros de datos, un esquema de este tipo podría aumentar de manera importante el capital necesario antes de comenzar un proyecto. Los desarrolladores tendrían que reservar fondos o entregar garantías para obras que pueden incluir generación adicional, refuerzos de transmisión y ampliaciones de distribución, pero también obtendrían mayor claridad sobre los costos reales de conectarse a la red.

La consecuencia competitiva dependería de la disponibilidad de energía y de la capacidad de cada región para tramitar nuevas conexiones. Las zonas con electricidad abundante, redes menos congestionadas, conexiones más rápidas y menores costos de financiamiento podrían atraer una mayor parte de la inversión, mientras que los mercados con infraestructura limitada tendrían más dificultades para recibir nuevos proyectos.

Una red sometida a presión récord

La presión sobre el sistema eléctrico estadounidense ya se refleja en las proyecciones de demanda. La Administración de Información Energética de Estados Unidos prevé que las ventas de electricidad alcancen 4.135 mil millones de kilovatios-hora en 2026, impulsadas en parte por los centros de datos y la producción industrial, mientras que el precio residencial promedio llegaría a 18,2 centavos por kilovatio-hora.

Un análisis de ICF publicado por Brookings estimó que las tarifas residenciales podrían aumentar entre 15% y 40% para 2030 si no se implementan estructuras que separen los costos asociados con los grandes consumidores. El mismo análisis planteó que algunas tarifas podrían duplicarse para 2050, una proyección que alimenta la preocupación de que la expansión de la IA termine afectando a usuarios que no participan de sus beneficios económicos.

Un estudio de la Universidad de California calculó que los centros de datos podrían representar 11,8% del consumo total de electricidad de Estados Unidos para 2030, aunque situó ese resultado dentro de límites considerados aceptables. La cifra ilustra, no obstante, por qué las autoridades revisan las reglas de conexión y asignación de costos antes de que la demanda de computación crezca más rápido que la infraestructura disponible.

La Comisión Federal Reguladora de la Energía instruyó a seis operadores regionales de red a justificar o reformar las tarifas aplicadas a grandes cargas, incluidas medidas destinadas a evitar el traslado de costos y acelerar las interconexiones. En PJM, los costos de capacidad aumentaron cerca de 1.038% frente a las tarifas vigentes en 2024, mientras que el cargo mensual de capacidad de un fabricante de ladrillos de Ohio pasó de USD $1.600 a USD $12.000.

El impacto global sobre la infraestructura de IA

El problema no se limita al mercado estadounidense, porque la construcción de centros de datos forma parte de una carrera global por ampliar la capacidad de cómputo. PwC, a partir de modelos de Oxford Economics, estima que el gasto de capital mundial en centros de datos podría llegar a USD $31,6 billones hasta 2050, con un escenario alcista cercano a USD $50 billones.

En ese escenario, la disponibilidad de electricidad se convertiría en uno de los principales factores para decidir hacia dónde se dirige el capital. La Agencia Internacional de Energía identifica el suministro eléctrico y el acceso a la red como restricciones centrales para la expansión de la IA, mientras que Boston Consulting Group destaca la influencia creciente de la geografía, el financiamiento y los costos de computación.

La subasta de capacidad de PJM, valorada en USD $16.400 millones, muestra la dimensión financiera de la tensión entre nuevos centros de datos y usuarios tradicionales de la red. Los centros de datos respondieron por aproximadamente 40% de esa subasta, una participación que ayuda a explicar por qué los reguladores buscan mecanismos para que la demanda tecnológica no eleve de forma desproporcionada los costos de consumidores y empresas existentes.

La medida aprobada por la Cámara todavía enfrenta el proceso legislativo del Senado y no garantiza que los estados adopten una misma política. Si avanza, su efecto más relevante podría ser obligar a los desarrolladores y a las empresas eléctricas a hacer explícito quién financia cada ampliación, en lugar de dejar que el costo aparezca posteriormente en las tarifas generales.

La discusión también definirá parte de la economía futura de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Hacer que los grandes consumidores absorban más infraestructura puede encarecer la entrada de algunos proyectos, pero también reducir el riesgo de que los hogares terminen subsidiando una expansión tecnológica que exige inversiones eléctricas de escala histórica.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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