Por Canuto  

Bulgaria adoptó nuevas reglas para que los proveedores de servicios de criptoactivos reporten datos de identificación y transacciones a su autoridad fiscal, en línea con DAC8 y el marco regulatorio europeo.
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  • Las plataformas cripto deberán registrarse ante la Agencia Nacional de Ingresos y entregar información anual de sus clientes.
  • El reporte abarcará compras, ventas, transferencias, intercambios y flujos de dinero fiduciario, además de datos fiscales personales.
  • El primer período de recopilación comenzó el 1 de enero de 2026, mientras el período transitorio de MiCA concluyó el 30 de junio y las exigencias de licencia entraron en vigor el 1 de julio.

Bulgaria endurece el reporte fiscal de criptoactivos y prepara intercambio europeo

Bulgaria aprobó modificaciones a su legislación fiscal para incorporar las normas europeas de reporte sobre criptoactivos, con nuevas obligaciones para las plataformas que procesan operaciones de sus contribuyentes. El cambio permitirá a la autoridad tributaria del país recopilar información detallada sobre transacciones realizadas mediante proveedores que operen en Bulgaria o en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Las disposiciones no crean un impuesto adicional para los inversionistas ni modifican, según medios locales, el método vigente para calcular la base imponible. Su objetivo principal es elevar la transparencia, facilitar la cooperación entre administraciones fiscales y reducir los espacios de opacidad que pueden surgir cuando los usuarios operan con plataformas radicadas fuera de su país de residencia.

Nuevos datos que deberán entregar las plataformas

Las reformas al Código de Procedimiento Fiscal y de Seguridad Social fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 9 de septiembre y publicadas el 15 de septiembre en la gaceta oficial, paso que abrió el camino para su aplicación. El texto exige que los proveedores de servicios de criptoactivos se registren ante la Agencia Nacional de Ingresos, conocida por sus siglas en inglés como NRA, y entreguen información de identificación y actividad de sus clientes.

El alcance del reporte incluye compras, ventas, transferencias e intercambios de activos digitales, organizados por categoría, además del número y el volumen total de las operaciones realizadas. Los proveedores también tendrán que informar los flujos entre criptoactivos y dinero fiduciario, de modo que la autoridad pueda observar tanto la actividad dentro de las plataformas como sus conversiones hacia monedas tradicionales.

Los expedientes deberán incluir el número de identificación fiscal personal, el nombre completo, la fecha de nacimiento, la dirección permanente y el país de residencia fiscal del usuario. Esta exigencia vincula directamente la actividad de las cuentas con la identidad tributaria de sus titulares y da a la NRA elementos para comparar los movimientos reportados con las declaraciones correspondientes.

Los informes deberán presentarse de manera electrónica una vez al año, antes del 30 de junio del año siguiente al período recopilado. La primera etapa alcanzada por las nuevas reglas comenzó el 1 de enero de 2026, aunque las empresas no tendrán que rastrear los movimientos realizados entre direcciones privadas externas que no pasen por sus sistemas.

Wallets autoalojadas y límites del seguimiento

La normativa contempla que las transferencias entre cuentas de plataformas de criptoactivos y wallets autoalojadas aparezcan en los reportes entregados a las autoridades. Esa disposición amplía la visibilidad sobre los retiros y depósitos que conectan los servicios regulados con carteras bajo control directo de los usuarios, sin convertir a las empresas en responsables de vigilar toda la actividad posterior.

El texto establece una diferencia entre los movimientos que pasan por un proveedor identificado y las operaciones realizadas exclusivamente entre direcciones privadas externas. En la práctica, una empresa deberá reportar la transferencia que sale de su plataforma hacia una wallet autoalojada, pero no tendrá que reconstruir cada envío posterior efectuado entre direcciones que no administra.

La medida busca equilibrar el intercambio de información fiscal con las limitaciones operativas de las compañías y la naturaleza abierta de las redes blockchain. Sin embargo, para los usuarios significa que las operaciones conectadas con una plataforma regulada dejarán un registro más fácilmente asociable a su identidad fiscal, incluso si los activos terminan en una cartera bajo su propia custodia.

Cryptopolitan informó que las autoridades búlgaras presentan los cambios como parte de un esfuerzo de transparencia y no como una modificación de la carga tributaria. La diferencia es relevante para los inversionistas, porque el nuevo marco cambia principalmente las obligaciones de información de los intermediarios, mientras mantiene las reglas existentes sobre el cálculo de los impuestos aplicables.

Licencias MiCA para los proveedores de servicios

El nuevo esquema fiscal se suma a la implementación búlgara del Reglamento de Mercados de Criptoactivos, conocido como MiCA. El período transitorio de MiCA concluyó el 30 de junio de 2026 y, desde el 1 de julio, los proveedores que operen bajo el marco europeo deben contar con la autorización correspondiente, de acuerdo con el calendario citado en la información de origen.

El Parlamento unicameral de Bulgaria aprobó el 20 de junio de 2025 una ley destinada a implementar MiCA, que entró en vigor unas semanas después, a comienzos de julio de ese año. En el país, las licencias MiCA son emitidas por la Comisión de Supervisión Financiera, aunque hasta el momento el regulador solo había otorgado dos autorizaciones.

La cantidad de licencias nacionales contrasta con la presencia de empresas autorizadas en otras jurisdicciones del bloque. Más de 70 compañías notificaron al regulador búlgaro que cuentan con licencias emitidas por organismos de otros Estados miembros, las cuales les permiten operar en el conjunto de los 27 países de la Unión Europea.

El sistema de pasaporte europeo permite que una autorización concedida en un Estado miembro tenga efectos en los demás, siempre que se cumplan los procedimientos correspondientes. Para los usuarios búlgaros, esto significa que una plataforma podría prestar servicios desde otra jurisdicción europea, pero seguiría quedando dentro del perímetro regulatorio y de reporte que busca coordinar el bloque.

DAC8 y el intercambio automático de información

La ley búlgara, identificada como proyecto número 52-602-01-10, transpone las disposiciones más recientes de la Directiva de Cooperación Administrativa de la Unión Europea. La directiva pretende mejorar la transparencia fiscal y permitir que las autoridades compartan información de manera más eficaz cuando los contribuyentes utilizan servicios o activos vinculados con otros países.

Su capítulo conocido como DAC8 introduce por primera vez un mecanismo específico para el intercambio automático de información sobre criptoactivos. Bajo este marco, los datos que recopilen los proveedores podrán circular entre las administraciones tributarias europeas, lo que dificulta que la residencia fiscal de un usuario quede desconectada de su actividad en una plataforma extranjera.

Los legisladores búlgaros aprobaron el proyecto en segunda y última lectura el 9 de septiembre, con 149 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones. El documento legal fue publicado el 15 de septiembre, con lo que el país formalizó su incorporación a un sistema europeo que otros Estados miembros ya habían comenzado a aplicar.

Las administraciones tributarias tendrán que compartir la información a más tardar nueve meses después del cierre de cada año calendario. Por ello, el primer intercambio, correspondiente a las operaciones realizadas durante 2026, debería producirse en septiembre de 2027, mientras las empresas preparan sus sistemas para identificar, clasificar y transmitir los datos requeridos.

Bulgaria se suma tarde a la agenda europea

Los Estados miembros debían adoptar las modificaciones nacionales antes del último día de 2025, por lo que Bulgaria llega con retraso a la aplicación de las reglas fiscales para criptoactivos. El país adoptó el euro el 1 de enero de 2026, un proceso que añade relevancia a la coordinación de sus sistemas financieros y tributarios con el resto del bloque.

El retraso búlgaro no constituye un caso aislado dentro de la Unión Europea. Polonia todavía no ha aprobado su propia ley de criptoactivos para introducir MiCA, y el proyecto presentado por el gabinete del primer ministro Donald Tusk se convirtió en un foco de controversia política en Varsovia.

El último intento de anular el tercer veto del presidente polaco Karol Nawrocki al proyecto gubernamental fracasó recientemente en el Sejm, según la información citada. En respuesta al estancamiento, el jefe de Estado propuso su propio proyecto, con la intención de abrir una salida a la disputa sobre el marco regulatorio para las empresas de activos digitales.

La experiencia de Bulgaria muestra que la aplicación de las reglas europeas requiere coordinar dos capas distintas: la autorización de los proveedores mediante MiCA y el intercambio fiscal establecido por DAC8. Para los usuarios, la consecuencia más visible será una mayor trazabilidad de sus operaciones en servicios regulados; para las empresas, el desafío será cumplir con licencias, identificación y reportes anuales antes de que el primer ciclo internacional comience.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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