Por Canuto  

Brasil dio un paso relevante en su estrategia contra el crimen organizado al aprobar una ley que permite usar criptomonedas incautadas para financiar seguridad pública, una medida que podría tener amplio impacto en un país con fuerte adopción de activos digitales.
***

  • La Ley N.º 15.358 permite decomisar criptomonedas vinculadas a delitos y destinarlas a seguridad pública con autorización judicial.
  • Los fondos podrán usarse en reequipamiento policial, capacitación y operaciones especiales, además de facilitar cooperación internacional para recuperar activos.
  • La norma surge mientras Brasil aún debate una posible reserva nacional de Bitcoin y tras operaciones recientes contra redes de lavado con cripto.

 

Brasil aprobó una nueva ley que permite a las agencias de seguridad pública utilizar criptomonedas incautadas en investigaciones criminales para financiar parte de sus operaciones. La medida busca fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado y amplía el tratamiento legal de los activos digitales dentro de procesos de decomiso.

La norma fue publicada el miércoles por el poder legislativo brasileño como Ley N.º 15.358. Su objetivo central es establecer un marco legal para combatir estructuras criminales complejas, incluyendo mecanismos para bloquear operaciones y recuperar bienes asociados a delitos.

En términos prácticos, la legislación habilita a las autoridades a prohibir transacciones en exchanges de criptomonedas cuando los activos digitales sean tratados como instrumentos de un crimen. Además, permite que las criptomonedas confiscadas se redirijan a la financiación de actividades de seguridad pública.

Para lectores menos familiarizados con el tema, el decomiso de criptoactivos se refiere a la incautación de fondos digitales que presuntamente fueron usados en actividades ilícitas o que derivan de ellas. En este caso, Brasil no solo reconoce ese tipo de activos dentro del proceso penal, sino que también abre la puerta a su uso institucional posterior.

Qué establece la nueva ley

Según el texto citado por Cointelegraph, la ley señala que, para efectos del decomiso de bienes, cualquier activo utilizado para cometer un delito será considerado instrumento del delito, incluso si no fue destinado exclusivamente a ese fin. Ese punto amplía el alcance de lo que las autoridades pueden perseguir patrimonialmente.

La norma también dispone que los bienes y valores decomisados podrán ser utilizados de forma provisional por organismos de seguridad pública. Ese uso deberá destinarse al reequipamiento policial, la capacitación y las operaciones especiales, siempre sujeto a la autorización del juez encargado de ejecutar la sentencia.

Ese detalle judicial es importante porque introduce un filtro formal antes de que los recursos cambien de destino. No se trata de una transferencia automática, sino de un mecanismo condicionado por el proceso legal y por la aprobación de un magistrado competente.

En la práctica, esto podría traducirse en una nueva fuente de recursos para cuerpos policiales y agencias especializadas, particularmente en investigaciones que involucren redes de lavado de dinero, evasión cambiaria o financiamiento de organizaciones criminales mediante herramientas digitales.

Otro elemento destacado de la ley es que autoriza a Brasil a coordinar y cooperar con autoridades internacionales para la investigación y recuperación de activos. Esa facultad también se extendería a casos que potencialmente involucren activos digitales, un frente cada vez más sensible por la naturaleza transfronteriza de muchas operaciones con criptomonedas.

Impacto potencial en un mercado con alta adopción

La medida cobra relevancia adicional por el tamaño y el perfil del mercado brasileño. Con una población de más de 213 millones de personas, y con una base importante de usuarios de criptomonedas, cualquier cambio legal sobre decomisos, exchanges y recuperación de activos puede tener implicaciones de gran escala.

Brasil ha mostrado en los últimos años una creciente integración entre sistemas financieros tradicionales, pagos digitales y ecosistema cripto. Por eso, una legislación que permite convertir activos confiscados en recursos para seguridad pública podría influir tanto en la política criminal como en la gestión presupuestaria estatal.

El alcance práctico dependerá del volumen real de bienes incautados, de la capacidad técnica de las autoridades para rastrear operaciones y de la coordinación con plataformas y organismos internacionales. Aun así, el mensaje político es claro: los activos digitales ya forman parte del campo de acción directo de la seguridad pública brasileña.

La ley llega en un momento en que Brasil sigue afinando su postura regulatoria sobre criptomonedas. Aunque el país no ha cerrado la puerta a políticas más ambiciosas en materia de adopción, sí parece estar priorizando el control operativo sobre los usos ilícitos de estos instrumentos.

Contexto fiscal y presión contra el lavado

La firma de la ley se produjo después de reportes que indicaban que el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, planeaba retrasar las conversaciones sobre cambios en la política fiscal del país respecto a las criptomonedas. Según esos informes, el objetivo era evitar reformas divisivas antes del calendario electoral.

De acuerdo con lo reportado, Durigan pretendía posponer las discusiones hasta después de las elecciones presidenciales de Brasil en octubre. Ese contexto ayuda a entender por qué, al menos por ahora, el avance más concreto del gobierno en materia cripto se produjo en el frente de seguridad y no en el tributario.

La atención sobre el vínculo entre criptoactivos y delitos financieros no es abstracta. En 2025, la Operación Lusocoin de la Policía Federal de Brasil apuntó a una arquitectura de lavado de dinero y evasión cambiaria a gran escala, según TRM Labs.

Las autoridades estimaron que esa red movió decenas de miles de millones de reales brasileños a través de una estructura de empresas fantasma, brokers OTC de criptomonedas y billeteras sin custodia. Ese tipo de casos explica por qué la capacidad de congelar, decomisar y reutilizar activos se ha vuelto una herramienta cada vez más valorada por los gobiernos.

Para los investigadores, el desafío no solo consiste en identificar el delito original, sino en seguir el rastro del dinero cuando pasa por múltiples capas tecnológicas. Exchanges, servicios OTC y wallets no custodiadas pueden dificultar la trazabilidad si no existe coordinación técnica y legal suficiente.

Entre seguridad pública y reserva nacional de Bitcoin

La nueva legislación también marca una diferencia con el enfoque debatido en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, las criptomonedas incautadas en causas penales han sido vistas por algunos sectores como una posible base para reforzar una reserva nacional de activos digitales.

Brasil, en cambio, optó en esta ley por redirigir esos recursos a medidas de seguridad pública. Es decir, los fondos no quedarían orientados a una acumulación estratégica de criptoactivos por parte del Estado, sino al financiamiento de necesidades operativas más inmediatas.

Eso no significa que la idea de una reserva nacional de Bitcoin haya desaparecido del debate brasileño. En agosto de 2025, el gobierno discutió una propuesta para crear una reserva nacional de BTC, retomando un proyecto de ley presentado originalmente en 2024.

Esa iniciativa podría permitir a Brasil destinar hasta el 5% de su tesoro a la compra de Bitcoin. En febrero, los legisladores reintrodujeron la propuesta y ampliaron su alcance para autorizar la compra de hasta BTC 1.000.000.

Hasta marzo no estaba claro si ese proyecto contaría con apoyo suficiente para avanzar. Esa incertidumbre muestra que Brasil sigue moviéndose en dos planos paralelos: por un lado, la exploración de Bitcoin como activo estratégico y, por otro, el uso de criptomonedas incautadas como herramienta concreta en la lucha contra el crimen organizado.

La nueva ley se inscribe claramente en el segundo frente. Más que promover acumulación soberana de activos digitales, busca transformar bienes vinculados a delitos en capacidad operativa para las fuerzas de seguridad, dentro de un marco judicial y con posibilidad de cooperación internacional.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados