Por Canuto  

Investigadores europeos denuncian que TikTok, X y otras plataformas levantan barreras para acceder a datos necesarios para estudiar la desinformación, incluso cuando la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea reconoce ese derecho.
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  • Un equipo de la Universidad de Maastricht no consiguió acceso a la API de TikTok para investigar la promoción de Calin Georgescu.
  • Los datos de DSA40 registran 20 solicitudes aprobadas y 14 rechazadas entre 46 casos monitoreados.
  • La Comisión Europea multó a X con EUR €120 millones y aprobó un plan para mejorar el acceso de investigadores.

Las plataformas digitales concentran una parte creciente de la conversación política, pero también controlan los datos que permiten estudiar su impacto. Esa asimetría preocupa a investigadores europeos que analizan campañas coordinadas, contenido ilegal, estafas y sistemas de recomendación.

La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, conocida como DSA, debía facilitar ese trabajo. Sin embargo, académicos y organizaciones civiles aseguran que TikTok, X y otras compañías convierten el acceso en un proceso lento, costoso y jurídicamente incierto.

El caso rumano expone el problema

Durante las semanas previas a la votación presidencial de Rumania en noviembre de 2024, varias cuentas de TikTok cambiaron de temática. Perfiles que durante años publicaron sobre manicuras o moda comenzaron a promover a un político poco conocido, Calin Georgescu.

Las publicaciones defendían posiciones rígidas sobre inmigración e incluían tópicos antisemitas. Antes de la votación, ese contenido acumuló 120 millones de visualizaciones.

Georgescu había registrado anteriormente una intención de voto de un solo dígito. Aun así, sorprendió a los observadores al ganar la primera ronda con 23% de los votos.

Adriana Iamnitchi seguía el fenómeno desde los Países Bajos. Como presidenta de ciencias sociales computacionales en la Universidad de Maastricht, dirige investigaciones sobre campañas de desinformación.

Iamnitchi y su equipo querían determinar cómo se monetizaba el contenido favorable a Georgescu. Su interés incluía el marketing encubierto de influencers y el contenido político transmitido en vivo.

El 28 de octubre de 2025, el equipo solicitó acceso a la API de TikTok bajo la DSA. La plataforma rechazó la petición y, según Iamnitchi, alegó que los investigadores no demostraron estar establecidos ni explicaron sus intereses comerciales o sus medidas de seguridad.

La cronología consignada en el reporte vincula esa solicitud con el caso electoral rumano. El episodio muestra la dificultad de obtener datos de una plataforma cuando el fenómeno investigado cambia con rapidez.

Dos meses después, TikTok señaló 116.000 cuentas como potencialmente comprometidas. Posteriormente actuó contra más de 27.000 cuentas falsas vinculadas con una red coordinada.

La red estaba operada por un proveedor externo de interacción falsa que promovía a Georgescu y a su partido, la Alianza por la Unión de Rumanos, conocida como AUR. TikTok dijo que no sabía quién manejaba la red ni de dónde procedía.

La primera ronda electoral fue anulada. En la segunda vuelta, celebrada en mayo de 2025, el candidato independiente y exalcalde de Bucarest Nicușor Dan derrotó a George Simion, dirigente de AUR.

Simion asumió el control del partido después de que Georgescu fuera excluido de una nueva candidatura. Georgescu sostuvo en su canal de YouTube que la anulación de los resultados de 2024 equivalía a un golpe de Estado formalizado por el Tribunal Constitucional de Rumania.

La inteligencia rumana desclasificada indicó que Georgescu se benefició de una exposición masiva y de un trato preferencial por parte de TikTok. También señaló que Rusia supuestamente coordinó la campaña digital para favorecerlo.

Iamnitchi considera que su equipo quizá habría identificado a quienes crearon y se beneficiaron del contenido si hubiera obtenido los datos solicitados. En su opinión, la propiedad privada de la información vuelve casi imposible investigar cómo las redes sociales moldean la sociedad.

La DSA enfrenta obstáculos de implementación

El caso de Iamnitchi no aparece aislado. Otros investigadores de desinformación dijeron a WIRED que enfrentan obstáculos, respuestas ambiguas y, en algunos casos, litigios para obtener información a la que la legislación europea les reconoce acceso.

El año pasado, la Unión Europea amplió las disposiciones para facilitar el acceso de los investigadores. Sin embargo, los académicos sostienen que el problema actual no está en el alcance de la norma, sino en la manera en que las plataformas la aplican.

En los últimos años, las compañías cerraron herramientas públicas que permitían observar grandes volúmenes de contenido. Meta clausuró CrowdTangle y lo reemplazó con bibliotecas de contenido, mientras X convirtió su acceso de API en un servicio de pago.

Duncan Allen, oficial de investigación de Democracy Reporting International en Alemania, afirmó que ese modelo obliga a los académicos a pagar cientos de dólares al mes. Para muchas universidades, el costo dificulta mantener proyectos independientes y comparables.

Sin acceso a las API, crecen los agujeros negros sobre el funcionamiento de las plataformas. Los investigadores tienen menos herramientas para examinar cómo los algoritmos recomiendan publicaciones o cómo las compañías gestionan reportes sobre contenido sensible.

El problema también afecta la escala de los estudios. Allen explicó que los límites diarios de extracción impuestos por algunas plataformas pueden hacer imposible analizar redes coordinadas o campañas políticas de gran tamaño.

La DSA buscaba corregir esa situación mediante el acceso de investigadores verificados pertenecientes a instituciones creíbles. Para calificar, deben demostrar que sus proyectos contribuirán a estudiar riesgos sistémicos.

Entre esos riesgos figuran el contenido ilegal y las amenazas a los derechos fundamentales. Las plataformas, sin embargo, aplican interpretaciones restrictivas sobre qué investigación cumple con ese criterio.

Los formularios varían según cada compañía. La mayoría exige que la información se almacene en una infraestructura que no pueda ser comprometida, como una máquina físicamente desconectada de Internet.

Iamnitchi señaló que la mayoría de las universidades no cuenta con ese tipo de recurso. La exigencia técnica puede impedir una solicitud incluso antes de que la plataforma evalúe el valor científico del proyecto.

La aprobación tampoco garantiza que los datos sean útiles. L. K. Seiling, coordinador del DSA40 Collaboratory, advirtió que la información entregada por las API puede presentar problemas de calidad.

DSA40 rastrea 46 solicitudes relacionadas con la ley. De ese total, 20 fueron aprobadas y 14 rechazadas, aunque el registro depende de reportes voluntarios de los investigadores.

Las tasas muestran diferencias importantes entre plataformas. TikTok aprobó 11 de 13 solicitudes registradas, mientras X rechazó 11 de 23.

Seiling cree que la tasa real de rechazo probablemente sea mayor. Los investigadores que reciben una negativa no siempre informan el resultado al sistema de seguimiento.

La reproducibilidad científica añade otra preocupación. Los datos de API suelen resultar difíciles de replicar para otro colega, lo que impide verificar errores y limita la posibilidad de confirmar los hallazgos.

Iamnitchi considera que la reproducibilidad constituye un requisito básico de la ciencia. Sin ella, los estudios sobre algoritmos, propaganda y redes coordinadas pueden quedar expuestos a dudas que no dependen de sus conclusiones.

Seiling describió el proceso actual como un mecanismo que desincentiva a los investigadores. La falta de una ventaja estructurada hace que solicitar datos parezca una carga adicional, no una vía normal de investigación.

Extracción manual y batallas judiciales

Ante las dificultades, Iamnitchi y Allen recurren a la extracción de datos en aquellas plataformas que todavía lo permiten. El proceso exporta información desde los sitios web hacia hojas de cálculo y consume mucho tiempo.

Las herramientas automatizadas no resuelven por completo la limitación. Allen explicó que la extracción no es suficientemente completa para capturar la lista total de seguidores de una cuenta.

Esa carencia afecta directamente el análisis de redes de desinformación. Sin los vínculos entre seguidores e interacciones, resulta más difícil mapear cómo se amplifica un mensaje o cómo se coordinan varias cuentas.

Las organizaciones también han acudido a los tribunales para impugnar rechazos. Democracy Reporting International y la Sociedad de Derechos Civiles solicitaron en abril de 2024 acceso a la API de X para estudiar el discurso político antes de las elecciones federales de Alemania.

X rechazó la solicitud en noviembre de ese año. DRI respondió con una demanda presentada en febrero de 2025.

Un tribunal determinó que X debió conceder el acceso. DRI consideró que la decisión podía convertirse en un precedente para futuras solicitudes bajo la DSA.

La organización volvió después a los tribunales por una solicitud relacionada con la investigación previa a las elecciones de Hungría. El caso casi fracasó cuando un tribunal de Berlín sostuvo que la demanda debía presentarse en Irlanda, donde X tiene su sede.

DRI ganó la apelación. Allen afirmó que las leyes europeas todavía no se aplican de manera uniforme y que cada proceso consume tiempo, energía y recursos.

El investigador describió un cálculo constante sobre si vale la pena demandar cada vez que una plataforma niega el acceso. Esa incertidumbre puede reducir la cantidad de proyectos que las organizaciones están dispuestas a iniciar.

En diciembre de 2025, la Comisión Europea impuso su primera sanción bajo la DSA. X recibió una multa de EUR €120 millones, en parte por crear barreras innecesarias al acceso de investigadores.

La Comisión sostuvo que esas barreras socavaban de manera efectiva la investigación sobre varios riesgos dentro de la Unión Europea. La sanción elevó el conflicto entre Bruselas y la plataforma a un nuevo nivel.

El 20 de febrero de 2026, X apeló la decisión. La compañía calificó la investigación de incompleta y superficial, además de acusar a la Unión Europea de violaciones sistémicas de los derechos de defensa y de requisitos básicos del debido proceso.

La semana pasada, la Comisión aceptó el plan de acción de X para modificar el proceso de selección de investigadores. El compromiso incluye proporcionar datos sin costo, reducir los tiempos de procesamiento y levantar restricciones sobre la extracción.

X tiene seis meses para implementar los cambios. Allen calificó el plan como un paso en la dirección correcta, aunque mantiene dudas sobre su aplicación práctica.

El investigador quiere que X detalle cómo mejorará el proceso de verificación. En particular, busca claridad sobre los criterios para decidir si un solicitante reúne las condiciones de acceso a la API previstas por la DSA.

La respuesta de las plataformas y el próximo estándar

TikTok afirmó que ya proporcionó acceso a sus herramientas a más de 1.500 equipos de investigación. La empresa también dijo que aprobó 130 solicitudes en la Unión Europea durante la segunda mitad del año pasado.

La plataforma defendió su cuota diaria de 1.000 solicitudes de API. Según TikTok, ese límite permite extraer hasta 100.000 registros de videos y comentarios al día, o hasta 2 millones de registros de seguidores.

TikTok sostuvo que sus herramientas cumplen con la DSA. Al mismo tiempo, dijo que recibiría más orientación pública sobre la forma de aplicar las disposiciones.

Meta defendió el reemplazo de CrowdTangle. La empresa argumentó que esa herramienta cubría solo una fracción de sus datos públicos.

La compañía describió su Biblioteca de Contenido y la API que la reemplazó como sus herramientas de investigación más completas hasta la fecha. Según Meta, cubren Facebook, Instagram, WhatsApp Channels y Threads.

Meta también destacó que mantiene protecciones sólidas de privacidad. Los investigadores sin fines de lucro que cumplen los requisitos, incluidos periodistas, pueden solicitar acceso.

La Comisión Europea reconoce que aún persisten dudas. En otra investigación bajo la DSA, señaló que Meta y TikTok pudieron haber implementado procedimientos y herramientas engorrosas.

La Comisión advirtió que esas prácticas pueden dejar a los investigadores con datos parciales o poco confiables. En mayo comenzó a reunirse con las plataformas para trabajar en un nuevo estándar de verificación.

A finales del año pasado, la Comisión también amplió el acceso a datos no públicos. Ese mecanismo busca facilitar estudios sobre contenido ilegal, estafas financieras y sistemas de recomendación.

Los investigadores todavía no han puesto a prueba las nuevas disposiciones. Aun así, algunos observan el cambio con optimismo cauteloso.

Las nuevas reglas podrían obligar a X a publicar la lista completa de seguidores de una cuenta. Para los investigadores, ese avance permitiría observar con mayor claridad la propagación de ataques coordinados.

Los datos de seguidores ayudarían a mapear qué cuentas interactúan, cuáles se siguen entre sí y de qué manera amplifican determinados contenidos. También podrían ofrecer pistas sobre la estructura de campañas que hoy solo pueden estudiarse de forma incompleta.

El desafío combina privacidad, seguridad, investigación académica y responsabilidad democrática. Las plataformas deben proteger a sus usuarios, pero también explicar cómo sus sistemas pueden influir en procesos electorales y debates públicos.

El caso rumano convirtió esa tensión en un asunto concreto. La demora o el rechazo de una solicitud puede impedir que los investigadores reconstruyan una campaña mientras todavía está activa.

Para los académicos, el acceso no constituye un privilegio comercial. Lo consideran una condición para evaluar riesgos sistémicos en servicios que alcanzan a millones de personas.

Para las plataformas, el acceso exige controles técnicos y medidas de privacidad. El conflicto seguirá girando en torno a quién define esos controles y qué ocurre cuando una compañía interpreta la DSA de forma más restrictiva que un investigador o un tribunal.

La evolución del caso de X mostrará si las sanciones y los planes de acción producen cambios reales. Mientras tanto, las organizaciones deberán decidir si solicitan datos, recurren a métodos manuales o emprenden costosos litigios.

La discusión también tiene implicaciones para la transparencia de los algoritmos. Sin información suficiente, la sociedad puede conocer el alcance de una campaña de desinformación, pero no necesariamente quién la coordinó ni cómo logró amplificarse.

En ese escenario, la DSA enfrenta su prueba más importante. La norma solo cumplirá su propósito si el derecho formal de acceso se convierte en datos utilizables, verificables y disponibles a tiempo.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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