El senador Bernie Sanders presentó una propuesta para transferir al público estadounidense una participación directa en las mayores empresas de inteligencia artificial mediante un impuesto del 50% pagado en acciones. La iniciativa apunta a crear un fondo soberano cercano a USD $7 billones, repartir dividendos anuales y dar al Estado capacidad de influir en decisiones corporativas de un sector que acelera hacia valoraciones gigantescas.
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- Bernie Sanders propone un impuesto del 50% en acciones a grandes empresas de IA con ventas anuales desde USD $200 millones.
- El plan crearía un fondo soberano valorado en cerca de USD $7 billones para pagar dividendos y financiar salud, educación y vivienda.
- La propuesta también daría al público voz accionaria para bloquear decisiones corporativas que, según Sanders, dañen a la población.
🚨 Bernie Sanders propone un impuesto del 50% a las acciones de grandes empresas de IA
Busca crear un fondo soberano de USD $7 billones
Las empresas con ventas superiores a USD $200 millones deberían pagar en acciones
El fondo financiaría salud, educación y vivienda… pic.twitter.com/lxEKgkYKNS
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) June 17, 2026
El senador Bernie Sanders presentó una propuesta legislativa que busca transferir una parte sustancial de la riqueza generada por la inteligencia artificial al público estadounidense. Su plan plantea que las mayores empresas del sector entreguen acciones, en vez de efectivo, para capitalizar un fondo soberano de riqueza bajo supervisión independiente.
La iniciativa aparece en un momento de fuerte debate sobre el impacto económico de la IA, un terreno que también interesa a inversores, tecnológicas y responsables de política pública. Para lectores del ecosistema cripto y financiero, el trasfondo es claro: quién captura el valor de una tecnología que podría redefinir productividad, empleo y concentración de capital.
Según un reporte de AP News, Sanders sostiene que las ganancias de la IA no deben concentrarse en unas pocas corporaciones ricas. En sus palabras, esos beneficios deben ser compartidos por el pueblo estadounidense.
La propuesta va más allá de un esquema tributario tradicional. En lugar de cobrar un impuesto en efectivo, el proyecto obligaría a las compañías de IA más grandes a transferir acciones al nuevo vehículo estatal, convirtiendo así al público en accionista relevante de firmas privadas con valoraciones de gran escala.
Ese giro convierte la discusión en algo más profundo que una simple redistribución fiscal. También abre una pelea sobre gobernanza corporativa, derechos políticos del accionista y el papel del Estado en una industria que hoy concentra gran parte de las expectativas de crecimiento del mercado global.
Cómo funcionaría el fondo soberano propuesto por Sanders
El senador ya había defendido antes la idea de un fondo soberano, pero el resumen legislativo citado por la fuente constituye el primer intento formal para materializarla. El mecanismo central sería un impuesto único del 50% sobre las acciones de las mayores empresas de IA.
La regla aplicaría a compañías de IA que alcancen ventas anuales por IA de al menos USD $200 millones. Cualquier nueva empresa que cruce ese umbral también quedaría sujeta a la medida.
Sanders estima que este esquema permitiría crear un fondo soberano con un valor cercano a USD $7 billones. El modelo se inspira en instrumentos similares utilizados por algunos países y ciertos estados dentro de Estados Unidos.
La diferencia crucial frente a un tributo ordinario es que el aporte sería en acciones y no en dinero. Eso haría que la ciudadanía estadounidense pase a ser un accionista importante de las empresas de IA más grandes del país.
La administración del fondo recaería en una comisión independiente de siete personas. Sus integrantes serían nominados por el presidente y confirmados por el Senado.
De acuerdo con el resumen del proyecto, esa comisión utilizaría sus acciones con derecho a voto para bloquear decisiones que dañen al pueblo estadounidense. También impulsaría políticas corporativas que, según el texto, puedan ayudar a la población.
Sanders propone que un dividendo anual equivalente al 5% del fondo se utilice para entregar pagos directos de más de USD $1.000 a cada estadounidense. Si las compañías continúan creciendo, las ganancias adicionales podrían canalizarse a bienes públicos como educación, vivienda y atención médica.
El senador también aseguró que los contribuyentes no asumirían pérdidas si las valoraciones de las empresas de IA llegaran a caer. Incluso afirmó que no se perdería dinero aunque estallara una burbuja en el sector.
Para Sanders, la iniciativa es apenas un punto de partida. Aun así, la presenta como un salto mucho mayor que dejar poder unilateral y total sobre la IA en manos de un grupo reducido de multimillonarios.
Una idea que ya circula entre la Casa Blanca y Silicon Valley
La noción de dar al público una participación en el auge de la IA no es exclusiva de Sanders. En meses recientes, figuras tan distintas como Donald Trump y Sam Altman han mostrado interés en alguna forma de participación pública en la riqueza creada por esta tecnología.
Trump firmó recientemente una orden para que nuevos modelos de IA sean evaluados voluntariamente por el gobierno. Además, ha sugerido que existe algo interesante en que el gobierno posea una participación en las empresas que desarrollan IA, casi como una asociación con el público estadounidense.
OpenAI, dirigida por Altman, propuso en abril crear un fondo de riqueza pública. La idea, según la empresa, sería dar a cada ciudadano, incluso a quienes no invierten en mercados financieros, una participación en el crecimiento económico impulsado por la IA.
Anthropic, uno de los principales rivales de OpenAI, también ha mostrado apertura a conceptos cercanos. Su CEO, Dario Amodei, escribió recientemente que un ingreso básico universal podría financiarse con impuestos sobre empresas relevantes.
La noticia también señala que Trump asistió el miércoles a una sesión centrada en IA durante la cumbre del G7 en Francia. Allí coincidió con líderes destacados de la industria, incluidos Altman y Amodei.
Sin embargo, la propuesta de Sanders es bastante más agresiva que esas aproximaciones. Su plan no se limita a compartir una fracción de utilidades, sino que apunta a la propiedad pública de la mitad de las mayores empresas de IA y a una influencia directa sobre su toma de decisiones.
Ese matiz es central en la discusión. Mientras algunas voces hablan de redistribuir una pequeñaparte del excedente económico, Sanders plantea alterar la estructura de poder de un sector que se perfila como uno de los más dominantes de la próxima década.
El choque con la visión de Sam Altman y el debate sobre control corporativo
Sanders dejó claro que su visión diverge de la de ciertos ejecutivos tecnológicos que parecen receptivos a una fórmula limitada de reparto. Según relató, durante una reunión con Sam Altman hubo distancia respecto al tamaño que debería tener la participación pública.
El senador describió la postura de figuras como Altman y Trump como una disposición a devolver una fracción menor de las ganancias al gobierno. A su juicio, eso equivale a que compañías que ya ganan miles de millones compren cierta legitimidad sin ceder poder real.
Por eso insistió en que se trata de dos cosas muy distintas. Para Sanders, la cuestión no es si las empresas de IA comparten algo de riqueza, sino si la sociedad obtiene una silla significativa en la mesa donde se toman decisiones de alto impacto.
Ese énfasis en la gobernanza conecta con preocupaciones más amplias sobre automatización, vigilancia, uso de datos y sustitución laboral. Si la IA va a reconfigurar sectores enteros, la estructura accionaria deja de ser un asunto puramente financiero y pasa a ser una disputa política.
En mercados como el cripto, este tipo de debate no resulta ajeno. La tensión entre descentralización prometida y concentración efectiva del poder económico también ha marcado la evolución de varias redes, plataformas y empresas tecnológicas en la última década.
Desde esa perspectiva, la iniciativa de Sanders puede leerse como una respuesta estatista a un problema que en otros ámbitos se ha intentado resolver con propiedad distribuida. La diferencia es que aquí el reparto no surge de un protocolo abierto, sino de una imposición legislativa sobre corporaciones privadas.
La campaña contra la oligarquía y el descontento social frente a la IA
Sanders anticipó que llevará este mensaje al terreno electoral. Cuando se le preguntó si incorporará la propiedad de la IA y la desigualdad patrimonial a su discurso de campaña, respondió de forma tajante: absolutamente.
Ese enfoque encaja con la gira “Luchando contra la Oligarquía”, que el año pasado reunió multitudes en distintos puntos del país. En varios actos apareció junto a figuras de alto perfil, entre ellas la representante Alexandria Ocasio-Cortez.
La preocupación por la IA ya comenzó a filtrarse en otras campañas rumbo a las elecciones intermedias. La candidata demócrata al Senado por Michigan, Mallory McMorrow, presentó un plan para proteger a los trabajadores en la era de la IA.
También el candidato demócrata a la Cámara por Nueva York, Alex Bores, ha convertido la regulación de la IA en una bandera electoral. El tema gana tracción porque mezcla ansiedad económica, desconfianza hacia grandes tecnológicas y temor por pérdida de empleos.
Sanders resumió ese malestar con una advertencia directa. Dijo que los trabajadores serán despedidos mientras los multimillonarios se vuelven aún más ricos, y sostuvo que la población estadounidense ya percibe ese riesgo con claridad.
En universidades, comunidades locales y estados que hospedan infraestructura tecnológica, la resistencia también ha crecido. El debate ya no gira solo en torno a innovación y productividad, sino a quién paga los costos sociales, energéticos y ambientales del despliegue de la IA.
Infraestructura, empleo y el trasfondo económico del plan
Los proyectos de centros de datos en todo Estados Unidos han generado oposición de residentes preocupados por la demanda eléctrica, el consumo de agua y los impactos ambientales. Esa reacción muestra que el auge de la IA ya produce fricciones tangibles fuera del mundo financiero.
Algunos estados que antes competían por atraer estas instalaciones ahora revisan su postura. Entre ellos figuran Ohio y Virginia, que han empezado a reconsiderar incentivos fiscales otorgados a este tipo de proyectos.
La tensión también se siente en campus universitarios. Según la noticia, oradores de graduación han sido abucheados al hablar sobre inteligencia artificial ante estudiantes que ven la tecnología con más temor que entusiasmo.
Una encuesta de 2025 del Instituto de Política de la Escuela de Gobierno de Harvard encontró que cerca del 70% de los estudiantes universitarios considera la IA una amenaza para sus perspectivas laborales. Ese dato ayuda a explicar por qué el discurso de redistribución gana resonancia política.
En ese contexto, la propuesta de Sanders intenta conectar la concentración de capital con la inseguridad material de los trabajadores. Su argumento es que, si la automatización eleva el valor de unas pocas firmas, parte de esa riqueza debe regresar de forma directa a la sociedad.
El plan abre preguntas sobre viabilidad legal, reacción del mercado y respuesta de Silicon Valley. Pero también refleja una disputa más amplia que probablemente marcará la próxima fase de la economía digital: si la IA será una nueva máquina de concentración o una fuente de riqueza más compartida.
Para inversores y observadores del sector tecnológico, la propuesta es relevante incluso si no prospera en el corto plazo. Señala que la política estadounidense empieza a tratar la IA no solo como motor de crecimiento, sino como un problema de propiedad, poder y legitimidad democrática.
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