Por Canuto  

Australia quedó más cerca de estrenar un nuevo marco legal para el sector cripto después de que un comité del Senado respaldara un proyecto de ley que integraría a exchanges y custodios tokenizados al régimen financiero existente. El avance fue bien recibido por actores como Coinbase, aunque persisten alertas de la industria por la definición de custodia y por el problema de la desbancarización.

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  • El Comité de Legislación Económica del Senado recomendó aprobar la Ley de Enmienda de Corporaciones (Marco de Activos Digitales) 2025.
  • La propuesta llevaría a exchanges centralizados y custodios tokenizados al régimen de Licencias de Servicios Financieros de Australia.
  • Coinbase celebró el avance regulatorio, mientras Ripple y otros actores pidieron aclaraciones sobre el concepto de “control fáctico”.

 

Australia dio un nuevo paso hacia una regulación más definida para la industria de los activos digitales. El Comité de Legislación Económica del Senado respaldó un proyecto de ley que busca integrar a los exchanges de criptomonedas y a ciertas plataformas de custodia tokenizada al marco financiero ya existente en el país.

La medida apunta a cerrar vacíos de supervisión sobre empresas que mantienen activos de clientes, un enfoque que ganó tracción internacional tras colapsos de alto perfil como FTX, que expusieron riesgos de custodia, gobernanza y manejo operativo de cripto.

De aprobarse en su forma final, el texto establecería un régimen de licencias específico para las llamadas plataformas de activos digitales y las plataformas de custodia tokenizada. En la práctica, una parte importante del sector pasaría a estar bajo las reglas de servicios financieros tradicionales de Australia.

Según reportó Cointelegraph, el respaldo del comité acerca la iniciativa a un debate y una votación final en el Senado. El proyecto fue presentado originalmente en noviembre de 2025 por el ministro de Servicios Financieros y tesorero asistente Daniel Mulino.

Qué propone el proyecto de ley

La propuesta se conoce como Ley de Enmienda de Corporaciones (Marco de Activos Digitales) 2025. Su objetivo es modificar la Ley de Corporaciones y la ley que rige a la Comisión de Valores e Inversiones de Australia, conocida como ASIC, para incorporar a determinados operadores de activos digitales al esquema regulatorio ya vigente.

El texto trataría a las plataformas de activos digitales, o DAP por sus siglas en inglés, y a las plataformas de custodia tokenizada, o TCP, como productos financieros dentro del marco legal australiano. Eso empujaría a la mayoría de los exchanges centralizados y a los negocios de custodia tokenizada que mantienen activos de clientes al régimen de Licencias de Servicios Financieros de Australia.

Las entidades licenciadas deberían cumplir estándares de custodia y liquidación fijados por ASIC. También tendrían que ajustarse a reglas de divulgación adaptadas para clientes minoristas y a requisitos específicos de conducta y gobernanza diseñados para este tipo de plataformas.

El proyecto no busca regular la infraestructura blockchain subyacente de forma general. Más bien, se concentra en las empresas que sostienen o administran activos digitales en nombre de los usuarios, un enfoque que intenta trasladar salvaguardas del mercado tradicional hacia segmentos concretos del ecosistema cripto.

Coindesk indicó que, si la medida se convierte en ley, las empresas que no cuenten con una licencia AFSL tendrían seis meses para obtener la autorización requerida y ajustarse al nuevo marco. Ese periodo de transición sería clave para operadores ya activos en el mercado local.

Además, las bolsas de criptomonedas que operan en Australia ya deben registrarse ante el Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia como proveedores de moneda digital antes de ofrecer servicios de intercambio. El nuevo proyecto sumaría una capa adicional de supervisión enfocada en licencias financieras y protección al consumidor.

Exenciones y foco en plataformas con activos de clientes

Uno de los elementos más relevantes del proyecto es que no abarcaría a todos los participantes del ecosistema por igual. Los proveedores más pequeños con volúmenes de transacciones anuales inferiores a AUD $10.000.000, equivalentes a cerca de USD $7.000.000 según la referencia citada en la cobertura original, quedarían exentos.

También estarían fuera del alcance algunos proveedores de infraestructura de blockchain pública. Esa distinción intenta evitar que servicios tecnológicos que no controlan directamente activos de clientes queden atrapados en obligaciones regulatorias diseñadas para custodios o intermediarios financieros.

Para lectores menos familiarizados con este debate, la diferencia es importante. En el mundo cripto no todos los actores cumplen la misma función: un exchange centralizado puede tomar custodia de fondos de clientes, mientras que un desarrollador de software o una capa de infraestructura puede limitarse a ofrecer herramientas técnicas sin tocar esos activos.

Ese matiz explica por qué la redacción legal del proyecto se volvió un punto sensible. Varios actores del sector temen que una definición demasiado amplia termine incluyendo empresas tecnológicas que no deberían ser tratadas como custodios regulados bajo el derecho financiero australiano.

La industria advierte sobre definiciones demasiado amplias

Entre las observaciones planteadas al comité aparecieron reparos sobre las pruebas de “token digital” y “control fáctico”. El bufete Piper Alderman advirtió que esas formulaciones podrían incluir de manera inadvertida a software de billeteras y a proveedores de infraestructura que operan en esquemas donde no existe control unilateral de los fondos.

La firma mencionó en particular configuraciones comunes de cómputo multipartito, o MPC. Este modelo reparte fragmentos de claves o autorizaciones entre varias partes para aumentar seguridad y reducir el riesgo de un único punto de fallo, un diseño cada vez más usado en soluciones de custodia empresarial y billeteras avanzadas.

Ripple Labs también respaldó la idea de usar el “control” como nexo apropiado para delimitar el perímetro regulatorio. Sin embargo, sostuvo que el proyecto necesita acomodar mejor arquitecturas modernas de seguridad como las billeteras basadas en MPC.

La compañía alertó que, bajo una interpretación estricta de la prueba de “control fáctico”, proveedores exclusivamente tecnológicos que poseen una sola parte de una clave podrían ser clasificados de forma errónea como custodios regulados. Por eso pidió aclarar que una entidad no ejerce control fáctico a menos que pueda transferir unilateralmente un activo sin la cooperación del cliente.

El comité reconoció estas preocupaciones, pero decidió alinearse con el plan del Tesoro. En vez de reescribir las definiciones centrales del proyecto en esta etapa, optó por dejar un refinamiento más detallado del perímetro regulatorio para regulaciones futuras.

Esa decisión deja abierta una tensión habitual en la regulación cripto. Los gobiernos buscan proteger al consumidor y cerrar vacíos legales, pero si el lenguaje queda demasiado amplio pueden terminar afectando innovación, desarrollo de software y modelos de seguridad que no encajan bien en categorías financieras tradicionales.

Coinbase celebra el avance y alerta por la desbancarización

El respaldo del comité fue recibido con optimismo por algunos participantes del mercado. John O’Loghlen, director de Coinbase Australia y director general para APAC, describió la recomendación como un paso importante para la posición de Australia en la economía digital global.

Según su planteamiento, el país cuenta con el capital y el talento necesarios para asumir un rol de liderazgo en activos digitales. Aun así, sostuvo que ese potencial solo podrá desplegarse plenamente si existe un marco claro y operativo para empresas, inversionistas y usuarios.

O’Loghlen también introdujo una preocupación que trasciende el texto legal. Afirmó que la práctica anticompetitiva de la desbancarización sigue siendo desenfrenada, pese a que el gobierno respaldó medidas para abordar el tema en 2022.

En ese contexto, instó a Canberra a priorizar la implementación de las recomendaciones del Consejo de Reguladores Financieros. El punto es relevante porque, incluso con reglas más claras, muchas firmas cripto enfrentan dificultades para acceder a servicios bancarios básicos, lo que limita su operación cotidiana y su capacidad de competir.

Para el sector, una regulación más nítida puede mejorar la confianza institucional, pero no resuelve por sí sola el vínculo con la banca. Ese frente sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la maduración comercial de la industria en varios mercados desarrollados.

Lo que viene para el mercado australiano

Con el respaldo del comité, el proyecto ahora avanza al Senado para su debate y una votación final en una fecha posterior. Aunque todavía no es ley, el paso político es significativo porque confirma apoyo institucional a una estrategia de integración regulatoria, en lugar de un régimen completamente separado para el mundo cripto.

Si el texto prospera, Australia se sumaría al grupo de jurisdicciones que buscan llevar a exchanges y custodios al marco de servicios financieros existente, con ajustes específicos para activos digitales. La intención es combinar innovación con exigencias de protección al consumidor, transparencia operativa y responsabilidad corporativa.

Para empresas del sector, el resultado final dependerá de dos factores. El primero será la redacción definitiva y la forma en que ASIC aplique los estándares de custodia, divulgación y gobernanza. El segundo será cómo se aclaren conceptos sensibles como “control fáctico”, especialmente para no arrastrar a proveedores de tecnología pura a categorías regulatorias que no reflejan su papel real.

En términos más amplios, el debate australiano refleja una discusión global. Después de varios años de crecimiento acelerado y de quiebras resonantes, muchos reguladores intentan ordenar el mercado sin sofocar la innovación. La recomendación del comité no cierra ese debate, pero sí coloca a Australia más cerca de un marco formal que podría redefinir la operación local de exchanges, custodios y plataformas de tokenización.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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