Por Canuto  

Un listado atribuido al actor PescobarLegado afirma ofrecer 5,6 GB de archivos de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá por USD $500. La información no ha sido verificada, pero incluiría supuestos datos de agentes, citaciones, contratos y certificados médicos.
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  • El material anunciado tendría un volumen de 5,6 GB y estaría compuesto por archivos PDF, XLSX, JPEG y DOCX.
  • La supuesta venta incluiría citaciones de tránsito, información laboral de agentes y certificados de aptitud médica.
  • La cuenta vendedora sería reciente y la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad no habían respondido públicamente al reporte.

 

Un listado publicado en un foro clandestino afirma que la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá sufrió una vulneración y que sus datos están disponibles para la venta. El anuncio fija un precio de USD $500 y atribuye la operación al actor identificado como PescobarLegado.

La información procede de Dark Web Informer, que registró la publicación el 20 de julio de 2026. El reporte subraya que la reclamación permanece sin verificar y que no existe una confirmación pública de la Alcaldía de Bogotá ni de la Secretaría de Movilidad.

El volumen anunciado alcanza 5,6 GB e incluye archivos con extensiones PDF, XLSX, JPEG y DOCX. Según el listado, el conjunto estaría relacionado con citaciones de tránsito, agentes, listas de personal y documentación médica.

La publicación también vincula los nombres PescobarLegado y NyxarGroup con el supuesto objetivo gubernamental. Sin embargo, la existencia del anuncio no demuestra por sí sola que los archivos sean auténticos, completos o que provengan de los sistemas de la entidad.

Qué afirma el listado sobre los archivos

El anuncio describe imágenes de citaciones de tránsito como uno de los componentes principales del paquete. Estos documentos podrían relacionarse con procedimientos aplicados a conductores y propietarios de vehículos, aunque el reporte no confirma cuántas personas estarían involucradas.

El listado también menciona detalles de agentes de tránsito civil, incluidos documentos sobre seguridad social y contratos. Además, afirma contener certificados de empleo y acuerdos de confidencialidad vinculados con el personal.

Entre los archivos anunciados aparece la programación de CACTT correspondiente al periodo comprendido entre abril y julio. La publicación agrega listas de programación y órdenes de servicio, elementos que podrían revelar asignaciones operativas si fueran genuinos.

Los supuestos datos médicos forman otro bloque relevante de la reclamación. El vendedor asegura tener certificados de aptitud médica y registros de sobrecarga laboral, pero el material disponible en el reporte aparece como una muestra redactada.

El conjunto habría sido acompañado por cinco capturas de pantalla con vistas previas parcialmente ocultas. Dark Web Informer señala que el actor promovió el anuncio mediante un servicio de depósito del foro y proporcionó una dirección de sesión para establecer contacto.

Riesgos para agentes y ciudadanos

La posible exposición de información laboral de agentes de tránsito plantea riesgos que van más allá de la privacidad individual. Nombres, fotografías, números de identidad, contratos y correos gubernamentales podrían facilitar intentos de intimidación o suplantación.

El riesgo aumenta si los documentos incluyen patrones de turnos y puestos asignados. La combinación de identidad, ubicación y horario podría orientar a terceros hacia personal identificable en momentos predecibles, con posibles consecuencias de acoso, amenazas o represalias.

Los certificados médicos ocupacionales también tienen una sensibilidad particular. El reporte considera que este tipo de información cuenta con una protección elevada bajo la legislación colombiana de protección de datos y que resulta difícil recuperar el control una vez ocurre una exposición.

Las citaciones de tránsito podrían afectar a miembros del público si incluyen propietarios de vehículos, matrículas y direcciones. Esa combinación de datos puede elevar el riesgo de fraude, suplantación de identidad y contactos maliciosos dirigidos contra los ciudadanos.

La supuesta filtración no permite determinar si los datos se obtuvieron directamente de la entidad, si fueron reciclados de otra fuente o si el anuncio intenta engañar a posibles compradores. Por esa razón, las consecuencias descritas representan escenarios potenciales y no hechos confirmados.

Una reclamación todavía no verificada

El reporte presenta el caso como un listado de venta con material de muestra, no como una intrusión demostrada mediante evidencia técnica independiente. La cuenta asociada al vendedor sería de creación reciente y tendría un historial limitado de publicaciones.

Ese contexto reduce la capacidad de evaluar la credibilidad del anuncio. En los mercados clandestinos, los actores pueden publicar archivos falsos, reutilizados o incompletos para atraer compradores y construir una reputación.

La publicación identifica a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá como objetivo dentro del sector de gobierno y transporte municipal. También establece el precio en USD $500 y presenta el volumen de 5,6 GB como argumento comercial.

Hasta el momento descrito por la fuente, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Movilidad no habían abordado públicamente la reclamación. Tampoco se ofrece una confirmación independiente sobre la autenticidad de las capturas o de los formatos mencionados.

La ausencia de una respuesta pública no confirma ni descarta una vulneración. Una evaluación responsable requiere revisar registros, validar muestras sin exponer datos personales y determinar si los archivos guardan relación real con la infraestructura de la entidad.

Por qué la verificación resulta decisiva

Las organizaciones públicas suelen manejar información de ciudadanos, contratistas y funcionarios en sistemas con distintos niveles de acceso. Por eso, una alerta de este tipo debe analizarse con rapidez, pero también con controles que eviten amplificar datos sensibles.

La publicación afirma incluir documentos en varios formatos y categorías muy distintas. Esa variedad puede sugerir un acceso amplio, aunque también podría reflejar una recopilación artificial diseñada para hacer más atractiva la venta.

Las capturas redactadas pueden servir como indicio inicial, pero no sustituyen una comprobación forense. Para confirmar el incidente habría que establecer la procedencia de los archivos, sus fechas, sus metadatos y la relación con los sistemas de la Secretaría.

También sería necesario separar los datos de agentes de los registros que podrían corresponder a ciudadanos. Esa distinción ayudaría a definir las obligaciones de notificación, las medidas de protección y el posible alcance de cualquier respuesta institucional.

Mientras no exista confirmación, los usuarios deben evitar contactar al vendedor, comprar los archivos o redistribuir capturas. La difusión de información personal puede causar daños adicionales y complicar las investigaciones sobre el origen del material.

Lo que se conoce y lo que falta determinar

Lo conocido es que un actor llamado PescobarLegado publicó una oferta atribuida a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. El anuncio indica un volumen de 5,6 GB, un precio de USD $500 y archivos en formatos PDF, XLSX, JPEG y DOCX.

También se conoce la lista de categorías que el vendedor asegura tener: citaciones, información de agentes, contratos, seguridad social, certificados de empleo, acuerdos de confidencialidad, programación de CACTT, certificados médicos, registros de sobrecarga laboral, órdenes de servicio y listas de programación.

Falta determinar si los documentos son auténticos y si corresponden al periodo anunciado. Tampoco está claro si el supuesto actor actuó solo o si NyxarGroup representa una organización relacionada, dado que el reporte no aporta una verificación independiente.

Otro punto pendiente es el alcance de la exposición. El listado menciona información potencialmente vinculada con ciudadanos y trabajadores, pero no establece el número de registros, la cantidad de personas afectadas ni si los datos siguen disponibles para descarga.

Por ahora, el caso debe considerarse una alerta de ciberseguridad no confirmada. La combinación de información personal, registros laborales y documentos médicos justifica atención institucional, pero cualquier conclusión definitiva requiere evidencia técnica y una comunicación oficial.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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