Por Canuto  

Un nuevo proyecto de ley presentado ante la Duma Estatal de Rusia plantea castigos penales para personas y empresas que ofrezcan ciertos servicios vinculados con criptomonedas sin registrarse ante el Banco de Rusia. La propuesta incluye multas, trabajo obligatorio y penas de prisión, en un movimiento que podría reforzar el control estatal sobre la industria de activos digitales.
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  • El proyecto contempla multas de hasta USD $4.000 y penas de hasta 4 años de prisión para individuos no registrados.
  • Si participa un grupo organizado o hay daños e ingresos a gran escala, las penas podrían subir hasta 7 años de cárcel.
  • La Corte Suprema de Rusia calificó la iniciativa como prematura mientras no entre en vigor la ley sobre Moneda Digital y Derechos Digitales.


El gobierno de Rusia presentó ante la Duma Estatal un proyecto de ley que busca modificar el código legal del país para imponer responsabilidad penal a quienes ofrezcan determinados servicios vinculados con criptomonedas sin contar con aprobación regulatoria o licencia. La medida apunta a entidades e individuos que participen en la “organización de la circulación de moneda digital” al margen del registro oficial del Banco de Rusia.

La propuesta marca un nuevo paso en la estrategia del Estado ruso para aumentar la supervisión sobre el ecosistema de activos digitales. De aprobarse, el marco legal no solo endurecería las consecuencias para quienes operen sin autorización, sino que también consolidaría la capacidad del gobierno para vigilar más de cerca la actividad cripto dentro del país.

Para lectores menos familiarizados con el tema, la circulación de moneda digital suele abarcar actividades como la intermediación, organización o prestación de servicios que facilitan el uso de criptomonedas. En contextos regulatorios restrictivos, ese concepto puede incluir a exchanges, operadores de infraestructura y otros participantes que conectan a usuarios con mercados de activos digitales.

Según informó Cointelegraph, el texto enviado este viernes plantea que las entidades que realicen actividades relacionadas con esa circulación de moneda digital sin una licencia del banco central podrían enfrentar sanciones penales. La propuesta no se limita a faltas administrativas, sino que introduce castigos que van desde multas hasta prisión.

Sanciones propuestas para individuos y grupos

El proyecto establece que, sin registro ante el Banco de Rusia, los individuos podrían enfrentar multas de hasta USD $4.000 y penas de hasta 4 años de prisión. También se contemplan otras medidas, dependiendo de la escala de la actividad y de las circunstancias en las que se haya producido la infracción.

El texto legislativo agrega que, si la misma acción es cometida por un grupo organizado, o si implica causar daños o generar ingresos a una escala particularmente grande, las consecuencias serían más severas. En esos casos, la sanción podría consistir en trabajo obligatorio de hasta 5 años o prisión de hasta 7 años.

Además, la iniciativa incluye una multa de hasta RUB 1.000.000, equivalentes a unos USD $13.100, o una suma equivalente al salario u otros ingresos de la persona condenada por un período de hasta 5 años. Esa redacción sugiere que la autoridad busca un margen amplio para castigar tanto a operadores individuales como a estructuras más complejas.

El alcance potencial de estas disposiciones es relevante porque no se enfocan exclusivamente en minería ilegal ni en delitos financieros tradicionales. La propuesta más reciente amplía el frente regulatorio hacia cualquier servicio de activos digitales no registrado, lo que podría afectar a una variedad mayor de actores del sector.

Antecedentes del proyecto y críticas desde la Corte Suprema

La nueva propuesta llega después de un paquete de proyectos inicialmente planteado en marzo, que ya incluía sanciones penales contra los mineros cripto ilegales. Sin embargo, el texto más reciente incorpora detalles concretos sobre multas y posibles penas de prisión para servicios de activos digitales no registrados, con una formulación más precisa sobre las consecuencias legales.

Ese detalle no es menor. En la práctica, un proyecto con sanciones definidas ofrece una señal más clara sobre la intención del gobierno de pasar de una supervisión difusa a un esquema de cumplimiento más agresivo. También puede modificar el cálculo de riesgo para empresas, plataformas y operadores que aún no tengan una vía formal de autorización.

No obstante, la iniciativa no avanza sin objeciones. De acuerdo con el medio ruso RBC, la Corte Suprema del país sostuvo que el proyecto de ley sobre criptomonedas carece de una “justificación fundamentada” para imponer sanciones penales. El tribunal consideró que la medida resulta “prematura” mientras Rusia no promulgue su ley sobre Moneda Digital y Derechos Digitales.

Esa ley, según el reporte citado, se espera para julio. La observación de la Corte Suprema introduce un matiz importante, ya que sugiere que el aparato judicial ve una falta de base normativa suficiente para criminalizar ciertas conductas antes de que exista una ley marco plenamente en vigor sobre activos digitales.

Más control estatal sobre la industria cripto

Si el proyecto es aprobado, el gobierno ruso tendría una herramienta adicional para ejercer mayor control y supervisión sobre la industria cripto. El Banco de Rusia pasaría a ocupar un papel todavía más central como puerta de entrada para quienes quieran operar legalmente en actividades relacionadas con moneda digital.

En términos políticos y económicos, este tipo de iniciativas suele responder a una combinación de factores. Por un lado, las autoridades buscan limitar riesgos asociados con fraude, evasión o flujos financieros no rastreados. Por otro, también intentan ordenar un mercado que históricamente ha crecido más rápido que las normas diseñadas para regularlo.

Para el sector, el problema es que un marco más estricto puede generar claridad regulatoria, pero también elevar de manera significativa los costos de cumplimiento. En países donde la licencia estatal se vuelve indispensable para casi toda operación relevante, las empresas pequeñas o informales suelen quedar bajo presión inmediata.

En el caso ruso, la discusión se produce además en un entorno donde la relación del Estado con las criptomonedas ha sido compleja. En distintos momentos, las autoridades han mostrado interés en aprovechar tecnologías de activos digitales, pero también han impulsado limitaciones severas para su circulación y uso fuera de canales estrechamente controlados.

El caso de Grinex y el contexto de seguridad

La noticia sobre el proyecto de ley coincidió con otro episodio relevante en el ecosistema cripto ruso. Grinex, un exchange con sede en Rusia que actualmente está sancionado, suspendió las operaciones para usuarios el jueves después de perder más de RUB 1.000.000.000, alrededor de USD $13.700.000, a causa de un hack.

La empresa dijo que sospecha que el ataque fue ejecutado por “entidades de estados hostiles”. También informó que remitió la información pertinente a las agencias de cumplimiento de la ley y presentó una denuncia penal, en un intento por activar una respuesta formal de las autoridades.

Aunque el incidente de Grinex no forma parte del texto legislativo, sí aporta contexto sobre el entorno en que Rusia debate el endurecimiento regulatorio. Los problemas de seguridad, los hackeos y las disputas geopolíticas suelen alimentar la narrativa oficial a favor de una vigilancia más intensa sobre plataformas e intermediarios del sector.

En ese sentido, la combinación entre riesgos de ciberseguridad y nuevas sanciones penales puede terminar reforzando la posición de quienes dentro del Estado ruso defienden un modelo más cerrado para la actividad cripto. La clave estará en si el proyecto avanza tal como fue presentado o si sufre cambios tras las críticas sobre su sustento jurídico.

Por ahora, la señal es clara. Rusia evalúa elevar el costo legal de operar servicios cripto sin registro oficial, con penas que van desde multas relativamente moderadas hasta años de cárcel. El desenlace dependerá tanto de la tramitación en la Duma como de la entrada en vigor de la futura ley sobre Moneda Digital y Derechos Digitales.


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