Por Canuto  

Una misión respaldada por la ONU concluyó que existen motivos razonables para creer que dos ataques aéreos estadounidenses en Irán pudieron constituir crímenes de guerra. La investigación documenta al menos 177 muertes civiles, incluidos más de 120 niños, y cuestiona la selección de objetivos, la posible utilización de inteligencia desactualizada y la falta de cooperación de funcionarios estadounidenses.
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  • La misión atribuye a dos ataques del 28 de febrero la muerte de al menos 177 civiles en Minab y Lamerd.
  • Los investigadores describen los bombardeos como indiscriminados y sostienen que no se verificó adecuadamente la presencia de civiles.
  • El mismo informe acusa a las autoridades iraníes de posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de protestas de finales de 2025.

 

Una misión internacional respaldada por la Organización de las Naciones Unidas concluyó que existen motivos razonables para creer que Estados Unidos pudo haber cometido crímenes de guerra durante dos ataques aéreos ejecutados en Irán en febrero de 2026. Los bombardeos alcanzaron una escuela primaria en Minab y un complejo deportivo junto a una zona residencial en Lamerd. La investigación documenta al menos 177 civiles muertos.

El informe, publicado el 17 de septiembre por la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán, describe ambos ataques como indiscriminados bajo el derecho internacional humanitario. Los hechos ocurrieron el 28 de febrero, durante la fase inicial de la campaña militar emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, y podrían ser objeto de discusión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informa CryptoBriefing.

Los ataques contra Minab y Lamerd

El primer ataque tuvo como objetivo la ciudad de Minab, donde misiles Tomahawk impactaron una escuela primaria. La misión estimó que murieron entre 156 y 170 personas, de las cuales entre 120 y 123 eran niños con edades comprendidas entre seis y 13 años, una cifra que convierte el episodio en uno de los hechos más graves documentados durante la ofensiva de febrero.

Los investigadores señalaron que el edificio presentaba indicadores civiles visibles desde la vigilancia aérea, incluidos murales, patios de recreo y otras características propias de una escuela. A juicio de la misión, esos elementos debieron haber alertado a los responsables de la operación sobre la naturaleza no militar del inmueble antes del lanzamiento de los proyectiles.

El segundo ataque alcanzó un complejo deportivo y el área residencial circundante en Lamerd, donde murieron 22 civiles. La operación empleó misiles de ataque de precisión que dispersaron aproximadamente 180.000 perdigones de tungsteno en la zona de impacto, aumentando el riesgo para las personas que se encontraban dentro y alrededor del objetivo.

La misión reconstruyó los hechos mediante imágenes satelitales, testimonios de testigos y análisis de fuentes abiertas. Con base en esa evidencia, sus integrantes clasificaron ambos ataques como indiscriminados y sostuvieron que las fuerzas estadounidenses no verificaron de manera suficiente si había civiles presentes en los dos lugares antes de disparar.

La inteligencia utilizada y la respuesta de Estados Unidos

Uno de los aspectos más delicados del informe se relaciona con la información empleada para autorizar el ataque contra la escuela de Minab. Evaluaciones militares estadounidenses citadas en la investigación sugieren que el bombardeo pudo apoyarse en inteligencia desactualizada, lo que implicaría que los datos utilizados para seleccionar el objetivo ya no reflejaban la situación existente cuando los misiles fueron lanzados.

El Pentágono no confirmó esa explicación, por lo que el informe no presenta la hipótesis como un hecho definitivamente establecido. Sin embargo, la posibilidad de que los responsables hubieran operado con información antigua introduce dudas sobre los controles utilizados para validar el blanco y sobre la capacidad de la cadena de mando para detener una operación cuando las circunstancias cambian.

Funcionarios estadounidenses se negaron a cooperar con la misión de investigación y rechazaron sus conclusiones, particularmente las relacionadas con la responsabilidad del ejército en los incidentes. Ante esa falta de colaboración, los investigadores afirmaron que debieron apoyarse de manera considerable en pruebas físicas y métodos independientes de verificación para reconstruir lo ocurrido.

La misión no determinó una responsabilidad penal definitiva, pero su lenguaje establece un umbral relevante para posibles procesos posteriores. La expresión «motivos razonables para creer» no equivale a una sentencia judicial, aunque puede servir como base probatoria para fiscales nacionales, tribunales internacionales y futuras discusiones diplomáticas sobre la conducta de las operaciones militares.

El alcance del informe y sus posibles consecuencias

La investigación no se limitó a examinar las acciones de Estados Unidos durante la campaña aérea. El mismo informe documentó graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades iraníes durante una ola de protestas que comenzó a finales de 2025, con denuncias de asesinatos ilegales y torturas perpetradas por las fuerzas de seguridad.

El gobierno iraní informó oficialmente de 3.038 muertes relacionadas con la represión, pero la misión consideró que la cifra real probablemente supera ese número. El documento calificó las acciones de las autoridades como posibles crímenes de lesa humanidad, una acusación distinta de los posibles crímenes de guerra atribuidos a los ataques estadounidenses.

La misión fue creada originalmente en 2022 para investigar abusos de derechos humanos en Irán, con especial atención a la represión interna. La expansión de su trabajo hacia los ataques aéreos de febrero de 2026 incorporó la conducta militar estadounidense al mismo marco de escrutinio, lo que permitió presentar en un solo informe acusaciones contra actores enfrentados.

Según Cryptobriefing, las conclusiones podrían ser discutidas formalmente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque este tipo de procedimientos rara vez produce consecuencias legales inmediatas. Su importancia radica en la creación de un expediente documentado que podría ser utilizado más adelante por tribunales internacionales, fiscales nacionales o gobiernos involucrados en negociaciones diplomáticas.

Qué queda por aclarar

El silencio del Pentágono sobre la posible utilización de inteligencia desactualizada ocupa un lugar central en las preguntas que deja abiertas el informe. Si Washington confirmara esa explicación, reconocería una falla grave en el proceso de identificación y validación del objetivo; si la negara, tendría que sostener que el ataque ocurrió con conocimiento suficiente de lo que ocupaba el edificio.

También permanece sin respuesta pública la cuestión de por qué los indicadores civiles de la escuela de Minab no evitaron la operación. La presencia de murales, patios de recreo y niños en el inmueble, de acuerdo con la misión, ofrecía señales que debían formar parte de la evaluación previa, especialmente en una campaña basada en armas de precisión.

El caso de Lamerd plantea un problema adicional sobre los efectos previsibles de las armas empleadas cerca de zonas habitadas. Aunque los misiles fueran descritos como de precisión, la dispersión de aproximadamente 180.000 perdigones de tungsteno y la muerte de 22 civiles llevaron a los investigadores a cuestionar si la operación respetó las obligaciones de distinción y proporcionalidad.

La publicación del informe no cierra el debate ni determina por sí sola sanciones contra los responsables. Sí coloca los ataques de Minab y Lamerd dentro de un registro internacional que podría adquirir mayor peso si nuevas pruebas, investigaciones nacionales o procesos judiciales corroboran las conclusiones de la misión.

El documento también muestra que la rendición de cuentas puede abarcar simultáneamente a gobiernos enfrentados, sin convertir las acusaciones contra uno en una justificación para las acciones del otro. Mientras la misión examina posibles crímenes de guerra estadounidenses, mantiene igualmente el señalamiento de posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades iraníes durante la represión de las protestas.

La información fue reportada por Cryptobriefing a partir de las conclusiones de la misión y de los elementos incluidos en su investigación. Hasta que los organismos competentes adopten nuevas medidas, el principal efecto del informe será preservar un registro detallado de las víctimas, las decisiones militares cuestionadas y las respuestas oficiales pendientes.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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