Una nueva denuncia sacude a la Administración del Seguro Social de Estados Unidos y al controvertido D.O.G.E., luego de que un reporte señalara que un antiguo ingeniero se habría llevado en una memoria USB bases de datos altamente restringidas con información personal de cientos de millones de ciudadanos.
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- Un denunciante asegura que un exmiembro de D.O.G.E. extrajo datos sensibles de la Administración del Seguro Social de EE. UU.
- El reporte indica que las bases Numident y Master Death File podrían incluir registros de más de 500 millones de estadounidenses vivos y fallecidos.
- El inspector general de la SSA investiga la acusación, mientras la agencia niega que haya ocurrido un robo de datos.
Un reporte periodístico volvió a poner bajo presión al Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como D.O.G.E., tras revelar una denuncia según la cual un antiguo empleado habría robado datos personales de estadounidenses desde la Administración del Seguro Social de Estados Unidos y los habría almacenado en una memoria USB.
El caso añade un nuevo frente a las controversias que rodean la presencia de personal vinculado a D.O.G.E. dentro de agencias federales. En este episodio, la acusación apunta a un exingeniero de software que trabajó en la Administración del Seguro Social, también conocida como SSA por sus siglas en inglés, durante el año pasado.
De acuerdo con la información reportada por The Washington Post, el exempleado comentó a colegas en su nuevo trabajo que poseía dos bases de datos altamente restringidas con información de ciudadanos estadounidenses. Según esa versión, también tenía la intención de usar dichos datos en su nueva empresa, un punto que elevó el tono de alarma alrededor del caso.
La oficina del inspector general de la SSA está investigando la denuncia del informante. Hasta ahora, la agencia no ha divulgado resultados oficiales de esa revisión, por lo que la acusación sigue en etapa de investigación y no ha sido confirmada por una determinación pública independiente.
Qué datos habrían sido extraídos
El antiguo empleado, cuyo nombre no fue publicado, dejó en octubre su trabajo en un contratista gubernamental. Según el reporte citado, en ese entorno dijo a sus colegas que había obtenido dos bases de datos identificadas como “Numident” y “Master Death File”.
Esas bases podrían incluir registros de más de 500 millones de estadounidenses vivos y fallecidos. Entre los datos potencialmente comprometidos figuran números de Seguro Social, lugares y fechas de nacimiento, ciudadanía, raza, etnicidad y nombres de los padres, una combinación especialmente sensible por su valor para fraudes de identidad y otros abusos.
La denuncia también sostiene que el hombre afirmó haber tenido antes acceso sin restricciones, descrito por él mismo como acceso “de nivel Dios”, a los sistemas de la SSA. Esa expresión, de ser exacta, sugiere un nivel de permisos extremadamente amplio dentro de la infraestructura tecnológica de la agencia.
Por ahora no se ha publicado evidencia técnica adicional que detalle cómo se habría realizado la supuesta extracción, durante cuánto tiempo se habría mantenido el acceso o qué sistemas específicos habrían sido utilizados. Esos elementos serán claves para evaluar el alcance real del incidente si la investigación avanza.
La respuesta de la Administración del Seguro Social
Un portavoz de la Administración del Seguro Social, que sigue bajo control de D.O.G.E., negó que un antiguo empleado hubiera robado datos de ciudadanos estadounidenses. La respuesta oficial fue tajante y cuestionó los motivos de la cobertura periodística sobre el caso.
Según esa declaración, The Washington Post estaría “desesperado por clicks y ansioso por publicar noticias falsas para asustar a los mayores”. La oficina del inspector general, que es independiente de la administración Trump, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La diferencia entre la postura del portavoz y la existencia de una pesquisa del inspector general deja al caso en un terreno delicado. Por un lado, la administración de la agencia rechaza la acusación. Por el otro, una oficina con autonomía dentro del esquema institucional examina formalmente la denuncia presentada por el informante.
Ese contraste es relevante porque la SSA administra una de las mayores concentraciones de datos personales del país. Cualquier sospecha sobre accesos indebidos, incluso antes de ser probada, impacta la confianza pública en la custodia de información extremadamente sensible.
Un nuevo episodio en una cadena de controversias
La acusación no surge en un vacío. Se trata del episodio más reciente dentro de una serie de señalamientos sobre el manejo de datos personales de estadounidenses por parte de personas asociadas a D.O.G.E. durante su incursión en la Administración del Seguro Social.
En enero, dos miembros de D.O.G.E. fueron sospechosos de acceder y compartir números de Seguro Social que estaban fuera de su alcance autorizado. Según una demanda citada en el reporte original, ese acceso habría ocurrido como parte de un esfuerzo para ayudar a un grupo de defensa que buscaba “anular los resultados electorales en ciertos Estados”.
Además, otro denunciante dentro de la agencia aseguró el año pasado que miembros de D.O.G.E. pusieron en riesgo a estadounidenses al subir cientos de millones de registros del Seguro Social a un servidor de nube vulnerable. Esa denuncia elevó preocupaciones sobre prácticas de seguridad operativa y gobernanza de datos dentro de la SSA.
También el año pasado, un juez bloqueó a D.O.G.E. para acceder a sistemas de la SSA. En esa decisión, el tribunal acusó a la agencia liderada por Musk de estar “esencialmente involucrada en una expedición de pesca” en busca de fraude, una formulación que subrayó dudas judiciales sobre el alcance y la justificación de sus actividades.
Quiénes trabajaban dentro de la agencia
Varios miembros de DOGE fueron instalados en la Administración del Seguro Social después de que Trump asumiera el cargo el año pasado. La presencia de ese grupo dentro de la agencia formó parte de una estructura que, según el reporte, incluyó al menos a una docena de empleados.
La mayoría de esas personas eran personal técnico o ingenieros. Sin embargo, sus roles y actividades reales no fueron comunicados al resto del personal de la SSA, de acuerdo con la información publicada. Esa falta de claridad interna alimenta ahora preguntas sobre controles, supervisión y límites de acceso.
Para lectores menos familiarizados con el tema, el riesgo principal en este tipo de casos no es solo la filtración de datos. También importa quién puede ver la información, con qué propósito, bajo qué autorización y qué mecanismos existen para auditar esas acciones. En sistemas públicos masivos, esos controles son tan importantes como la infraestructura tecnológica misma.
El caso también resuena más allá del ámbito gubernamental. En una época marcada por el debate sobre privacidad, vigilancia digital y seguridad informática, cualquier señal de extracción irregular de bases de datos federales adquiere relevancia para sectores tan diversos como servicios financieros, identidad digital, cumplimiento regulatorio y ciberseguridad.
Lo que está en juego
Si la acusación se comprobara, el episodio podría convertirse en uno de los incidentes más delicados relacionados con información de identidad personal dentro de una agencia federal reciente. La posible exposición de bases como Numident y Master Death File implicaría riesgos significativos para millones de personas.
Si, en cambio, la investigación concluye que no existió robo de datos, el caso igualmente dejará interrogantes sobre los procedimientos de control, las cadenas de custodia de información y la forma en que se administra el acceso de equipos externos o políticamente sensibles a sistemas críticos del Estado.
Por ahora, el punto firme es que existe una denuncia de un informante, un reporte periodístico detallado y una investigación en curso del inspector general de la SSA. También está claro que la administración actual de la agencia rechaza de forma categórica la versión del supuesto robo.
Hasta que haya conclusiones oficiales, el caso seguirá siendo observado como una prueba importante sobre transparencia, trazabilidad de accesos y protección de datos en una de las instituciones más sensibles del aparato federal estadounidense.
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