Por Canuto  

El gobierno federal pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos suspender el bloqueo impuesto por una jueza federal a nuevas reglas del USPS para revisar sobres, asignar códigos de barras y recibir datos de votantes antes del envío de boletas.
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  • El gobierno federal solicitó a la Corte Suprema suspender de inmediato el bloqueo judicial a nuevas reglas del USPS sobre el voto por correo.
  • La jueza Indira Talwani advirtió que la medida podría provocar una privación generalizada del voto y cuestionó su constitucionalidad.
  • Carolina del Norte y Alabama comenzarían a enviar boletas antes del 10 de septiembre, fecha límite señalada por el gobierno.

El gobierno federal pidió el 3 de septiembre a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita implementar nuevas reglas para endurecer el procesamiento de las boletas enviadas por correo. La solicitud busca suspender una orden de la jueza federal Indira Talwani, quien bloqueó temporalmente varias disposiciones mientras avanzan las impugnaciones presentadas por estados y grupos de defensa.

El caso coloca al Servicio Postal de Estados Unidos, USPS, en el centro de una disputa sobre la relación entre la autoridad federal y la administración estatal de las elecciones. Según un reporte publicado por ZeroHedge a partir de información de The Epoch Times, el gobierno considera urgente resolver el conflicto porque algunos estados comenzarían a enviar boletas antes de que expire la orden judicial temporal.

La petición presentada ante la Corte Suprema

El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, presentó una solicitud de emergencia para que los jueces suspendan la orden emitida por Talwani el 27 de agosto. La petición fue dirigida a la jueza Ketanji Brown Jackson, quien supervisa las apelaciones de emergencia relacionadas con Massachusetts, estado donde tiene su sede el tribunal de distrito de Talwani.

Sauer también pidió una suspensión administrativa inmediata, de modo que la regulación pueda entrar en vigor mientras la Corte Suprema revisa los escritos de las partes. Jackson ordenó a los demandados, incluidos varios estados y grupos de defensa, responder antes de las 10 a. m. del 8 de septiembre, por lo que el calendario judicial quedó estrechamente ligado al calendario electoral.

El gobierno sostiene que la orden de Talwani interfiere con una política federal que impone requisitos modestos al uso del sistema postal. Sauer argumentó que los estados no pueden elegir el correo federal para organizar sus elecciones y, al mismo tiempo, sostener que los envíos electorales quedan fuera de la autoridad regulatoria del USPS.

El funcionario citó el texto de la propia regla para defender que el servicio postal no decidirá quién puede votar, no mantendrá los registros electorales y tampoco contará las boletas. Desde la perspectiva del gobierno, esas limitaciones demostrarían que la norma regula el procesamiento postal, pero no la administración estatal de las elecciones.

Qué exige la nueva regulación del USPS

La regulación final publicada el 26 de agosto implementa la Sección 3 de la Orden Ejecutiva 14399, emitida durante la presidencia de Donald Trump. Esa disposición asigna a agencias federales un papel más amplio en la determinación de quién recibe una boleta por correo y en la manera en que el USPS procesa los sobres relacionados con las elecciones.

Entre las medidas bloqueadas se encuentra el requisito de que los funcionarios electorales estatales y locales presenten al USPS los sobres de envío y retorno para una revisión de diseño. La norma también exige colocar códigos de barras de rastreo únicos en esos sobres y cargar en un nuevo portal federal los nombres, direcciones y datos asociados con los códigos de los votantes.

Los envíos que no coincidieran con la información del portal o que no cumplieran los estándares establecidos para los sobres no serían aceptados para su entrega. En la práctica, esa condición podría obligar a las autoridades electorales a modificar materiales, procesos y sistemas de transmisión de datos antes de enviar las boletas a los votantes.

La procuradora general de Nueva York, Letitia James, cuestionó la regulación el 26 de agosto y afirmó que generaría confusión, costos innecesarios y riesgos inaceptables antes del Día de las Elecciones. Según su argumento, los funcionarios tendrían que rediseñar los sobres, obtener aprobación federal y desarrollar nuevos sistemas para transmitir listas cuando ya se preparaban para iniciar los envíos.

El conflicto sobre la orden de Talwani

Talwani emitió una orden de restricción temporal por 14 días que impidió al USPS aplicar las partes de la Sección 3 relacionadas con la revisión de sobres, los códigos de barras y el portal federal. La jueza sostuvo que la agencia no había presentado evidencia de fraude en la votación por correo que justificara una modificación de ese alcance.

En su fallo del 27 de agosto, Talwani indicó además que la regulación probablemente era ilegal porque había sido adoptada en contradicción con la Constitución de Estados Unidos. Su razonamiento se apoyó en que la Constitución otorga a los estados la autoridad principal para administrar las elecciones, mientras la nueva norma daba al servicio postal un papel adicional en el circuito electoral.

La jueza afirmó que el interés del USPS en corregir un problema no fundamentado mediante medios probablemente inconstitucionales quedaba superado por el riesgo de una privación generalizada del derecho al voto. La orden temporal, añadió, estaba respaldada por el equilibrio de perjuicios y por el interés público, especialmente para los ciudadanos que necesitan recibir boletas por correo.

La medida estaba programada para expirar alrededor del 10 de septiembre si Talwani no la extendía, y la jueza celebró una audiencia sobre esa posible extensión el mismo 3 de septiembre. Por separado, el gobierno federal ya había apelado la orden ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito, donde el recurso continuaba pendiente.

La presión del calendario electoral

Sauer pidió una decisión rápida porque Carolina del Norte y Alabama comenzarían a enviar boletas a los votantes antes del vencimiento previsto de la orden temporal. Según la solicitud, Carolina del Norte podía iniciar los envíos tan pronto como el 4 de septiembre, mientras que ambos estados quedaban dentro del periodo que el gobierno considera decisivo para evitar cambios irreversibles.

El procurador general sostuvo que, una vez que los sobres con boletas ingresan al flujo postal, no existe una forma práctica de recuperarlos. Esa preocupación explica la petición de una suspensión administrativa inmediata, aunque la Corte Suprema todavía tendría que evaluar los argumentos completos de las partes y la situación procesal de la apelación ante el Primer Circuito.

La disputa llega después de que la Corte Suprema levantara el 24 de agosto una orden judicial anterior. En aquella decisión, los jueces determinaron que el desafío era prematuro porque el USPS todavía no había publicado una regla final, y permitieron que la política impulsada durante la presidencia de Trump avanzara temporalmente antes de las elecciones de medio mandato de noviembre.

Sin embargo, aquella resolución no determinó si la orden ejecutiva era legal. Los jueces concluyeron que los estados demandantes no habían demostrado perjuicio suficiente y, por esa razón, no debieron recibir el alivio concedido por la jueza de Massachusetts; el nuevo expediente vuelve a plantear el alcance de la autoridad federal, ahora frente a una regulación ya publicada.

En su solicitud más reciente, Sauer acusó al tribunal de distrito de emitir pocos días después una orden que prohibía parcialmente la implementación de la regla sin analizar de manera significativa su contenido ni explicar suficientemente por qué sería ilegal. A juicio del gobierno, ese criterio anticipado perjudica los objetivos del Ejecutivo mientras el litigio continúa, pero la decisión final dependerá de la respuesta de los estados, los grupos de defensa y la Corte Suprema.

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