Por Canuto  

La Fiscalía de Colombia y la DEA investigan un supuesto esquema que habría dado apariencia legal a $ 2,3 billones del narcotráfico mediante sociedades, transferencias internacionales y criptoactivos. Cinco personas fueron capturadas y las autoridades ocuparon 36 bienes en Medellín y Antioquia.
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  • La investigación atribuye a una estructura el presunto lavado de $ 2,3 billones durante ocho años.
  • El esquema habría usado nueve sociedades, cuatro comercios, operaciones bancarias y criptoactivos.
  • Las autoridades impusieron medidas cautelares sobre 36 bienes valorados en aproximadamente USD $ 10,2 millones.

 

La Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, revelaron una investigación contra una estructura que presuntamente habría lavado $ 2,3 billones provenientes del narcotráfico. El caso, presentado el 10 de septiembre de 2026, señala que los recursos habrían recibido apariencia de legalidad durante los últimos ocho años mediante empresas, transferencias internacionales, operaciones bancarias y movimientos dentro del ecosistema de criptoactivos.

La operación dejó cinco personas capturadas y medidas cautelares sobre 36 bienes localizados en Medellín y otros puntos de Antioquia. Según las autoridades, los activos intervenidos incluyen inmuebles, vehículos de alta gama, sociedades y establecimientos comerciales, con un valor estimado de USD $ 10,2 millones. El proceso penal deberá avanzar ante los jueces para determinar las responsabilidades individuales.

Una estructura empresarial bajo investigación

La investigación fue coordinada por las direcciones de Extinción de Dominio y de Lavado de Activos de la Fiscalía, que trabajaron conjuntamente para reconstruir el supuesto entramado financiero. De acuerdo con el expediente citado por El Tiempo, la organización habría utilizado nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio para canalizar fondos, justificar ingresos y separar las operaciones ilícitas de los bienes adquiridos posteriormente.

Sandra Liliana Mesa, directora contra el Lavado de Activos, afirmó que la estructura habría combinado mecanismos tradicionales del sistema financiero con herramientas digitales. La funcionaria explicó que, además de las operaciones bancarias y las transferencias internacionales, los investigados habrían incursionado en el ecosistema de criptoactivos para dar apariencia de legalidad a recursos cuyo origen estaría relacionado con el tráfico de drogas.

Las empresas llamaron la atención de los investigadores porque, pese a figurar dentro de la arquitectura societaria, carecían de información que respaldara de manera consistente sus resultados contables. Esa ausencia de datos, sumada al movimiento de fondos y a la relación con actores señalados por narcotráfico, habría permitido identificar señales de alerta dentro del conjunto de compañías y comercios.

La Fiscalía también estableció, según la información divulgada sobre el caso, que se realizaron transferencias con grupos narcotraficantes sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como OFAC. Esa conexión internacional vincula el presunto circuito colombiano con contrapartes que ya habían sido objeto de medidas restrictivas en territorio estadounidense.

El papel atribuido a los criptoactivos

La acusación no presenta a los criptoactivos como el único mecanismo utilizado por la red, sino como uno de varios canales para mover o transformar el dinero. La Fiscalía indicó que el capital habría ingresado a Colombia a través del sistema financiero o mediante activos virtuales, para luego ser convertido en dinero convencional y retirado con rapidez, una dinámica que presuntamente dificultaba seguir el rastro económico completo.

En un esquema de este tipo, la conversión rápida puede servir para interrumpir la continuidad visible entre el origen de los fondos y el destino final, aunque no elimina por sí misma los registros de las operaciones. La investigación deberá establecer qué plataformas, billeteras, intermediarios o cuentas participaron, pero la información conocida hasta ahora no identifica públicamente esos instrumentos ni atribuye el uso de un criptoactivo específico.

La Fiscalía sostuvo que parte de los recursos habría terminado invertida en propiedades y vehículos de alta gama. Esa etapa habría completado, de acuerdo con la hipótesis oficial, el proceso destinado a ocultar el origen ilícito del dinero y a transformarlo en activos con apariencia de patrimonio legítimo, mientras las sociedades servían como una capa adicional para justificar las transacciones.

El caso refleja una tensión habitual en las investigaciones financieras relacionadas con blockchain: los activos virtuales pueden facilitar transferencias rápidas y transfronterizas, pero sus movimientos también pueden dejar huellas verificables cuando las autoridades obtienen información de plataformas, intermediarios y cuentas vinculadas. La existencia de una transacción con criptoactivos, por sí sola, no demuestra un delito; la Fiscalía tendrá que probar el origen de los fondos, la intención de los involucrados y la conexión entre las operaciones y el narcotráfico.

Bienes ocupados y próximos pasos judiciales

Juan Felipe Cárdenas, director de Extinción de Dominio de la Fiscalía, informó que las medidas cautelares alcanzaron 36 bienes ubicados en Medellín y Antioquia. El inventario está compuesto por cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio, una combinación que muestra cómo la investigación busca afectar tanto el patrimonio físico como las estructuras empresariales presuntamente utilizadas.

La extinción de dominio y el proceso penal cumplen funciones diferentes dentro del operativo, aunque pueden avanzar de manera relacionada. Mientras las medidas sobre los bienes buscan impedir su transferencia o disposición durante el trámite, el proceso contra los capturados deberá establecer si existieron conductas delictivas, cuál fue la participación de cada persona y si los activos fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía señaló que el valor conjunto de los bienes asciende aproximadamente a USD $ 10,2 millones. Esa cifra no equivale al monto total que la estructura habría lavado, estimado en $ 2,3 billones, porque representa únicamente la valoración preliminar de los activos ocupados dentro de esta fase de la investigación.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el resultado de las autoridades, aunque el caso todavía tendrá una etapa judicial decisiva. El fiscal a cargo deberá presentar a los cinco capturados ante los jueces, quienes analizarán la legalidad de las capturas, los elementos aportados y las solicitudes que formule el ente acusador.

Qué deberá probar la investigación

El expediente tendrá que conectar las operaciones financieras con el supuesto origen narcotraficante de los recursos, en lugar de limitarse a demostrar que existieron transferencias o movimientos en activos virtuales. También deberá determinar el papel de las nueve sociedades, los cuatro establecimientos comerciales y las personas capturadas, así como la relación concreta con los grupos sancionados por OFAC.

Otro punto central será establecer cómo se produjo la monetización y el retiro rápido de los fondos descritos por la Fiscalía. Para ello, los investigadores deberán contrastar registros bancarios, documentos contables, información corporativa, movimientos internacionales y eventuales datos asociados con billeteras o plataformas de criptoactivos, siempre bajo los procedimientos que correspondan dentro del proceso judicial.

La investigación también deberá distinguir entre la titularidad formal de los bienes y el control real que ejercían los sospechosos. Una propiedad o un vehículo registrado a nombre de una sociedad no demuestra automáticamente que exista lavado, pero puede adquirir relevancia si los documentos, los flujos de dinero y las decisiones empresariales muestran una operación coordinada para ocultar al beneficiario o el origen de los recursos.

Por ahora, las autoridades han descrito una hipótesis de lavado y han asegurado bienes mientras el caso avanza. La responsabilidad penal de los capturados no está definida, y cualquier decisión final dependerá de las pruebas que se presenten ante los jueces, de la contradicción de la defensa y de las resoluciones que adopte la justicia colombiana.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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