Por Canuto  

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos busca ampliar las categorías excluidas de la ciudadanía por nacimiento para incluir a hijos de empleados de gobiernos extranjeros, una medida que enfrenta cuestionamientos constitucionales y podría alimentar nuevos litigios.
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  • El DHS propone reemplazar la excepción aplicable a diplomáticos por una categoría más amplia de empleados de gobiernos extranjeros.
  • Los hijos afectados podrían obtener residencia permanente desde su nacimiento, pero no ciudadanía automática, salvo que uno de sus padres sea estadounidense.
  • La propuesta está vinculada a la Orden Ejecutiva 14160 de Donald Trump y a un litigio federal que limita su implementación.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos busca ampliar las categorías de personas cuyos hijos quedarían excluidos de la ciudadanía por nacimiento, según una presentación todavía no publicada en el Registro Federal. La propuesta permitiría que ciertos niños nacidos en territorio estadounidense reciban una vía hacia la residencia permanente legal en lugar de obtener automáticamente la ciudadanía, siempre que ninguno de sus padres sea ciudadano estadounidense.

La iniciativa representa una expansión frente al régimen vigente, que tradicionalmente contempla una excepción para los hijos de diplomáticos extranjeros acreditados. Ahora, el DHS pretende incluir también a nacionales empleados por embajadas o consulados, trabajadores oficiales de gobiernos extranjeros y determinados empleados de organizaciones internacionales con inmunidad.

Una categoría más amplia que la excepción diplomática

La Decimocuarta Enmienda establece que las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas del país. El DHS sostiene que los hijos de empleados de gobiernos extranjeros quedan fuera de esa fórmula cuando ninguno de sus padres tiene ciudadanía estadounidense, una interpretación que extendería considerablemente el alcance de la excepción histórica para diplomáticos.

De acuerdo con la propuesta, la regulación vigente sería reemplazada por un marco que ya no se limitaría a los oficiales diplomáticos extranjeros. La nueva categoría abarcaría a funcionarios acreditados ante Estados Unidos, nacionales que trabajen en embajadas o consulados, personas empleadas oficialmente por gobiernos extranjeros y algunos trabajadores de organizaciones internacionales protegidos por inmunidad.

La diferencia no es meramente administrativa, porque el propio DHS reconoce que las normas anteriores solo cubrían a los empleados de gobiernos extranjeros cuando además tenían la condición de oficiales diplomáticos. Bajo el nuevo esquema, una gama más extensa de trabajadores podría quedar fuera de la ciudadanía automática para sus hijos, aunque sus funciones y nivel de inmunidad no sean equivalentes a los de un embajador.

Los niños incluidos en esas categorías podrían solicitar la residencia permanente legal mediante un proceso migratorio existente. Si la solicitud fuera aprobada, la propuesta establece que serían considerados residentes permanentes desde la fecha de nacimiento, pero no ciudadanos estadounidenses, salvo que al menos uno de sus padres tuviera esa ciudadanía.

El argumento constitucional y sus críticas

El DHS vincula el cambio con la Orden Ejecutiva 14160, firmada por el entonces presidente Donald Trump durante el primer día de su segundo mandato y titulada “Protegiendo el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”. Según la agencia, esa orden le instruyó adoptar medidas para impedir la emisión de documentos de ciudadanía a determinadas personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres pertenezcan a categorías específicas.

La propuesta insiste en la interpretación de la administración sobre la expresión “sujetas a su jurisdicción”, incluida en la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. La posición oficial sostiene que los hijos de empleados de gobiernos extranjeros no cumplen ese requisito cuando ninguno de sus padres es estadounidense, aunque la aplicación de ese razonamiento a trabajadores consulares y administrativos podría provocar una disputa jurídica más amplia.

David Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, calificó la norma de “legal y constitucionalmente deficiente” en declaraciones citadas por Newsweek. A su juicio, el DHS no tiene autoridad para declarar que ciertas categorías de personas no están sujetas a la jurisdicción estadounidense y, aun si la tuviera, debería concederles una inmunidad real frente a las leyes del país, como ocurre con los embajadores.

Bier también sostuvo que, con excepción de los embajadores y de cierto personal protegido, los empleados de gobiernos extranjeros continúan sujetos a las leyes estadounidenses. Por esa razón, argumentó que la propuesta contradice la interpretación de la Corte Suprema, que considera determinante el hecho de que una persona esté sometida a la jurisdicción de Estados Unidos.

Una batalla legal con implementación incierta

La medida enfrenta además un obstáculo judicial relacionado con los esfuerzos para restringir la ciudadanía por nacimiento. El DHS reconoce que una orden judicial en el caso Casa Inc. v. Trump afecta actualmente la implementación de sus medidas vinculadas con este asunto.

La agencia afirma que no aplicará la nueva regla de una manera que entre en conflicto con esa orden, a menos que el gobierno obtenga una exención de la medida cautelar. Esa salvedad muestra que la norma no llega a un terreno jurídico despejado y que su alcance podría depender de nuevas decisiones de los tribunales.

La controversia se suma a los esfuerzos iniciados durante la administración Trump para redefinir los límites de la ciudadanía por nacimiento. La nueva propuesta no modifica formalmente la excepción diplomática tradicional, pero intenta aplicar una lógica similar a un grupo mucho más numeroso y diverso.

Newsweek informó que la regla provisional final está programada para publicarse en el Registro Federal el 9 de septiembre y que entraría en vigor de inmediato, mientras el DHS recibe comentarios del público. La agencia indicó que el cambio tendría aplicación prospectiva para los niños nacidos en la fecha de entrada en vigor o después, sin afectar a quienes hayan nacido previamente.

Qué está en juego para las familias afectadas

La diferencia entre ciudadanía y residencia permanente tiene consecuencias relevantes para las familias, aunque la propuesta no elimina por completo una vía migratoria para los niños incluidos. La ciudadanía automática otorga un estatus distinto al de un residente permanente y evita que el menor dependa de una solicitud migratoria para regularizar su situación.

El texto del DHS busca presentar la residencia permanente como una alternativa disponible mediante un procedimiento existente. Sin embargo, la discusión central no se limita a la documentación que recibirían los niños, sino a si una agencia ejecutiva puede definir por regulación que ciertos grupos no están sujetos a la jurisdicción estadounidense a efectos de la ciudadanía.

La excepción para los hijos de diplomáticos acreditados cuenta con un reconocimiento histórico porque los diplomáticos suelen considerarse fuera de la jurisdicción plena de Estados Unidos. El debate de la propuesta nace precisamente de que empleados consulares, trabajadores administrativos y otros funcionarios extranjeros podrían seguir sujetos a las leyes estadounidenses, aun cuando desempeñen labores oficiales.

Por ello, la ampliación probablemente será examinada como una cuestión constitucional y no solo como un ajuste técnico de los procedimientos migratorios. Los tribunales tendrán que evaluar si la interpretación del DHS puede extender a esos empleados el trato reservado durante décadas a diplomáticos con inmunidades específicas.

Los próximos pasos de la propuesta

Una vez publicada en el Registro Federal, la regla provisional final abriría un periodo para recibir comentarios del público, aunque comenzaría a tener efecto de inmediato según el calendario señalado por la agencia. La aplicación prospectiva anunciada por el DHS busca limitar el cambio a los nacimientos ocurridos desde la entrada en vigor y preservar el tratamiento de quienes nacieron antes.

El principal interrogante será si los tribunales aceptan la interpretación ampliada de la expresión “sujetas a su jurisdicción”. La respuesta podría determinar no solo el destino de esta regulación, sino también el margen de acción de la administración para modificar mediante normas ejecutivas el acceso a la ciudadanía por nacimiento.

La existencia de una medida cautelar en Casa Inc. v. Trump añade una capa de incertidumbre a la estrategia del DHS. Aunque la agencia dice que respetará la orden judicial, el reconocimiento de esa limitación anticipa que la propuesta podría incorporarse a las batallas legales en curso sobre la Decimocuarta Enmienda.

En ese contexto, la nueva regla se perfila como el frente más reciente de una disputa política y jurídica mucho más amplia. La propuesta pretende extender una excepción conocida para diplomáticos a una categoría que incluye a numerosos empleados de gobiernos extranjeros, mientras sus críticos sostienen que esa expansión no puede establecerse únicamente mediante una declaración regulatoria.

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