Por Canuto  

El Congreso de Colombia aprobó un presupuesto de COP 634,9 billones para 2027, con un déficit fiscal proyectado de 9,4% del PIB. El plan asigna COP 74,9 billones a defensa y reduce recursos para instituciones ligadas al acuerdo de paz de 2016.
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  • El presupuesto supera los COP 555,8 billones asignados para este año.
  • Defensa recibirá COP 74,9 billones, mientras que la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas afrontarán recortes.
  • El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció que propondrá una ley para reducir el gasto de 2027 y llevar el déficit al 7,2% del PIB.

Un presupuesto mayor y un déficit elevado

El Congreso de Colombia aprobó el presupuesto nacional para 2027, por COP 634,9 billones. La decisión se conoció al inicio del martes 20 de octubre, después de que el Senado respaldara el proyecto el lunes, y llega con una proyección de déficit fiscal de 9,4% del producto interno bruto.

La cifra supera los COP 555,8 billones del presupuesto de este año, en un momento en que el país intenta ordenar sus cuentas públicas. El aumento del monto total convive con una discusión sobre cómo financiar el gasto y reducir el déficit, dos asuntos que el Gobierno tendrá que atender mientras ejecuta las partidas aprobadas.

El reporte de Reuters describe a Colombia como la cuarta economía más grande de América Latina y señala que la deuda pública aumentaría este año y el próximo. Ese incremento alejaría al país de recuperar la calificación de grado de inversión que perdió en 2021, de acuerdo con la información publicada, aunque el texto no detalla una cifra de deuda ni un calendario específico para ese eventual retorno.

La aprobación parlamentaria tampoco cierra la discusión fiscal. El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella había prometido recortar el gasto restante de este año y dijo que planea presentar al Congreso una llamada “Ley de Rescate”, con la intención de reducir el gasto de 2027 y bajar el déficit a 7,2% del PIB.

Las principales partidas y el voto legislativo

El presupuesto destina COP 144 billones al servicio de la deuda, COP 93 billones a educación, COP 81,6 billones a salud y COP 74,9 billones a defensa. La distribución muestra el peso de esas obligaciones y áreas dentro del gasto nacional previsto para el próximo año.

Los pagos de deuda constituyen la partida individual más alta entre las cifras detalladas en el proyecto. La suma asignada a educación supera la prevista para salud y defensa, mientras que el monto de defensa queda por debajo de esas dos áreas. Las cifras, por sí solas, no especifican cómo se repartirá el dinero entre programas, entidades o gastos operativos.

La Cámara baja aprobó el proyecto con 112 votos a favor y uno en contra. El Senado había respaldado la iniciativa el lunes, y tras esa votación el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, agradeció el apoyo de los legisladores y expresó confianza en que el país podrá superar la compleja situación económica.

“Gracias a todos por darnos este voto de confianza. Vamos a tener éxito en sacar al país de esta situación económica muy compleja”, dijo Gómez después de la aprobación en el Senado. La frase refleja el mensaje del ministro ante el desafío fiscal, pero el proyecto aprobado mantiene la proyección de déficit de 9,4% y el Ejecutivo aún tendría que presentar su propuesta de reducción de gasto anunciada.

Recortes a entidades creadas tras el acuerdo de paz

El presupuesto reduce los recursos de la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, un tribunal creado bajo el acuerdo de paz de 2016 con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. La jurisdicción fue establecida para juzgar a líderes rebeldes y antiguos soldados por crímenes de guerra, según el reporte.

También se recortará la financiación operativa de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en el marco del mismo acuerdo. La entidad busca a por lo menos 137.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado que continúa en el país, una tarea que depende de recursos para desarrollar labores de búsqueda, exhumación e identificación.

Ambas entidades y sus defensores sostienen que los recortes limitarán las investigaciones y los juicios por violaciones de derechos humanos, además de las exhumaciones y la identificación de personas desaparecidas. Esa es la advertencia de las instituciones y sus partidarios; el texto presupuestario reseñado no cuantifica el impacto concreto de las reducciones ni especifica cuánto dinero perderá cada entidad.

La aprobación deja así una tensión entre las partidas generales del Estado y los compromisos de justicia y búsqueda asociados al proceso de paz. A la vez, el Gobierno ha planteado que propondrá nuevos ajustes para reducir el gasto y el déficit, por lo que el debate sobre el presupuesto podría continuar en el Congreso cuando presente la “Ley de Rescate”.

El reto de cumplir las metas fiscales

La proyección de un déficit equivalente a 9,4% del PIB sitúa la brecha fiscal entre los datos centrales del presupuesto de 2027. El objetivo anunciado por el Gobierno, reducirla a 7,2%, implicaría una diferencia de 2,2 puntos porcentuales frente a la estimación incluida en el plan aprobado, aunque la información disponible no precisa qué medidas adicionales permitirían alcanzar esa meta.

La propuesta de recortar el gasto restante de este año se suma al compromiso de buscar ahorros para el próximo ejercicio. Sin detalles sobre las partidas que podrían modificarse, no es posible determinar cómo se distribuirían los ajustes ni si afectarían de nuevo a las áreas que el presupuesto ya reduce, entre ellas las instituciones vinculadas al acuerdo de paz.

El aumento de COP 555,8 billones este año a COP 634,9 billones en 2027 también deberá leerse junto con la evolución de la deuda pública que anticipa el reporte. La asignación de COP 144 billones al servicio de deuda evidencia el tamaño de ese compromiso dentro de las cuentas, pero no permite inferir por sí sola el saldo total de deuda ni sus condiciones de financiamiento.

La noticia fue reportada desde Bogotá el 20 de octubre por Luis Jaime Acosta, Carlos Vargas y Nelson Bocanegra, con edición de Andrew Heavens, Jacqueline Wong y Louise Heavens; la fotografía del ministro Gómez en una conferencia de prensa en Bogotá, el 30 de septiembre de 2026, fue acreditada a Luisa Gonzalez para Reuters.

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