Por Canuto  

La disputa por incorporar el nombre de Donald Trump al Centro Kennedy escaló con una advertencia del Departamento de Justicia: sin las renovaciones propuestas, el recinto podría deteriorarse hasta enfrentar la demolición. Mientras tanto, la representante Joyce Beatty busca que un tribunal bloquee cualquier nuevo homenaje al presidente en la fachada y frene el cierre previsto por dos años.
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  • El DOJ sostiene que el Centro Kennedy está peligrosamente deteriorado y podría ser reemplazado si no recibe una renovación extensa.
  • La junta del recinto votó incluir el nombre de Donald Trump, aunque un juez federal ya determinó que la modificación fue ilegal.
  • La representante Joyce Beatty solicitó medidas urgentes para impedir el regreso del nombre de Trump y el cierre del edificio.

El futuro del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas quedó atrapado entre una disputa sobre su nombre, un plan de renovación de gran escala y una advertencia judicial sobre su posible desaparición. Abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmaron que el recinto podría ser demolido y reemplazado si no se ejecutan las obras solicitadas por el presidente Donald Trump, según una presentación de 21 páginas citada por Newsweek.

El abogado del DOJ Brantley T. Mayers describió el edificio, inaugurado para el público en septiembre de 1971, como peligrosamente deteriorado, anticuado y obsoleto. En su escrito sostuvo que, sin intervención, el deterioro podría continuar hasta convertir al Centro Kennedy en una estructura insegura y eventualmente destinada a la demolición. Se trata de la posición del gobierno en el litigio, no de una evaluación técnica independiente.

La advertencia apareció en la respuesta del gobierno a los esfuerzos de la representante demócrata Joyce Beatty para bloquear decisiones de la administración sobre el recinto cultural. Mayers argumentó que el Centro Kennedy no puede salvarse sin la renovación defendida por Trump y presentó el eventual colapso o reemplazo del edificio como una consecuencia de impedir esas obras.

Una disputa que comenzó con el cambio de nombre

La controversia tomó forma el 18 de diciembre de 2025, cuando una junta integrada principalmente por personas leales a Trump votó cambiar el nombre de la institución a Centro Memorial Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas. La decisión provocó reacciones negativas entre artistas e intérpretes, además de cuestionamientos sobre si la junta tenía autoridad para modificar una denominación establecida por ley federal.

Joe Kennedy III, sobrino nieto del presidente John F. Kennedy, rechazó la medida y describió el recinto como un memorial viviente. Su argumento fue que el Centro Kennedy no podía renombrarse más que el Memorial Lincoln, porque la institución honra a Kennedy mediante una designación aprobada por el Congreso.

Al día siguiente de la votación, el nombre de Trump apareció en el exterior del edificio. La incorporación de la señalización convirtió una disputa institucional en una controversia visible para el público y preparó el terreno para la batalla legal que Beatty ha encabezado desde su posición como miembro ex officio de la Junta de Fideicomisarios del Centro Kennedy.

El 1 de febrero, Trump anunció que el recinto cerraría el 4 de julio durante aproximadamente dos años para permitir trabajos de construcción. La decisión vinculó el conflicto por el nombre con un proyecto de renovación que la administración presenta como indispensable, mientras sus opositores sostienen que la junta no puede usar el cierre para consolidar decisiones que consideran ilegales.

Los tribunales frenan el homenaje a Trump

El 29 de mayo, un juez federal determinó que el nombre de Trump había sido añadido ilegalmente al Centro Kennedy y bloqueó los planes de cerrar el recinto para realizar renovaciones importantes. Ese fallo se convirtió en un punto central para Beatty, quien afirma que cualquier cambio al nombre requiere la aprobación del Congreso y no puede ser decidido unilateralmente por los fideicomisarios.

El Centro Kennedy no cumplió el 12 de junio con la fecha límite para retirar el nombre de Trump del edificio. La institución solicitó tiempo adicional y atribuyó el retraso a interrupciones provocadas presuntamente por tormentas, pero la señalización terminó retirada al día siguiente, mientras una lona cubría la fachada histórica del recinto.

La junta volvió a plantear una fórmula distinta el 13 de agosto, al proponer que debajo de la señalización principal apareciera la frase «Restaurado y Renovado por el Presidente Donald J. Trump». Ese mismo día aprobó el cierre de dos años del edificio principal para una renovación extensa, una propuesta que mantiene abierto el conflicto pese al fallo judicial anterior.

El 19 de agosto, el centro informó que no intentaría devolver el nombre de Trump a la fachada antes del 8 de septiembre. Dos días después, Beatty presentó una solicitud de emergencia para que un tribunal federal impidiera cualquier intento de reinstalar la señalización y también bloqueara la designación de los terrenos como Plaza Presidente Donald J. Trump.

La advertencia sobre la demolición

En el escrito del DOJ, Mayers sostuvo que Trump está excepcionalmente calificado para dirigir la renovación debido a su experiencia en bienes raíces y construcción. El abogado añadió que, si el presidente no recibe reconocimiento por la actualización del centro, los donantes podrían retirarse, las contribuciones financieras podrían agotarse y la rehabilitación estructural podría detenerse.

La presentación describió el estado del edificio con términos especialmente severos, al calificarlo de peligrosamente deteriorado, fundamentalmente inseguro y vergonzoso para la capital de la nación. Esas expresiones corresponden al argumento del gobierno en el litigio y no constituyen una evaluación independiente presentada en la información disponible.

Mayers planteó además la posibilidad de construir un gran anfiteatro al aire libre con vistas al río Potomac, una alternativa que, según indicó, algunas personas han propuesto durante muchos años. Aunque ese formato sería más barato de construir, operar y mantener, el abogado reconoció que no honraría adecuadamente a John F. Kennedy, razón por la cual defendió la renovación del edificio existente.

La conclusión del DOJ fue que incluso Beatty debería preferir un Centro Kennedy saludable y restaurado antes que un cascarón en decadencia condenado a la destrucción o al colapso inevitable. La frase resume el núcleo del conflicto: el gobierno presenta la intervención de Trump como una condición para preservar el memorial, mientras los demandantes cuestionan que esa preservación pueda depender de añadir el nombre del presidente.

Qué está en juego en la próxima audiencia

Beatty sostiene que su demanda busca proteger al Centro Kennedy y el Estado de derecho, no únicamente retirar el nombre de Trump. Durante una audiencia de supervisión del Congreso demócrata celebrada el 22 de julio, acusó a los fideicomisarios designados por Trump de despojar ilegalmente a los miembros ex officio de sus derechos de voto y de intentar modificar el nombre de un edificio dedicado a un ícono demócrata asesinado en 1963 mientras ocupaba la Casa Blanca.

La representante afirmó que el caso trata sobre impedir que personas poderosas reescriban la historia, se apropien de instituciones públicas y silencien la disidencia. Su posición coloca la controversia dentro de una discusión más amplia sobre los límites de las juntas directivas, el alcance de las leyes que nombran memoriales públicos y la capacidad del Poder Ejecutivo para influir en instituciones culturales nacionales.

Los abogados de Beatty pidieron al juez que resolviera antes de la fecha prevista para el posible regreso del nombre a la fachada. Argumentaron que existen razones para creer que los demandados intentarían ejecutar total o parcialmente la resolución después del 8 de septiembre, en cuanto tuvieran la primera oportunidad, lo que justificaría una intervención judicial urgente.

La audiencia sobre el cambio de nombre y el cierre planificado quedó programada para el 27 de agosto en Washington, D.C. A la disputa se suma la incertidumbre sobre el andamiaje instalado en la zona donde estuvo el nombre de Trump, porque los abogados del centro no se comprometieron a retirarlo y dijeron que forma parte de un sistema más amplio para realizar pruebas de agua y reparaciones estructurales en el voladizo del techo.

El desenlace deberá definir tanto la legalidad de los homenajes a Trump como el camino para atender las reparaciones que el gobierno considera urgentes. Newsweek informó que solicitó comentarios al DOJ y a Beatty, mientras el litigio continúa sin resolver si la renovación puede avanzar, si el edificio deberá cerrar durante dos años y quién tiene autoridad para decidir cómo se presenta el memorial al público.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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