Por Canuto  

La Casa Blanca publicó una proclamación presidencial del 19 de septiembre de 2025 que restringe la entrada de ciertos trabajadores H-1B y exige un pago obligatorio de USD $100.000 para peticiones de extranjeros fuera de Estados Unidos; la medida, vigente desde las 12:01 a.m. hora de verano del Este del 21 de septiembre de 2025, busca frenar el supuesto abuso del programa y alterar niveles salariales y prioridades de admisión.
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  • La proclamación impone un pago obligatorio de USD $100.000 para decisiones de visas H-1B de trabajadores fuera de EE. UU.; la restricción expira a los 12 meses salvo prórroga.
  • La Casa Blanca argumenta que el abuso del programa H-1B ha reducido salarios y desplazado trabajadores estadounidenses en campos STEM y TI; cita datos de 2000–2019 y ejemplos de despidos masivos.
  • El Departamento de Seguridad Nacional, Estado y Trabajo coordinarán verificación y cambios regulatorios; existen excepciones discrecionales por interés nacional.

 

La proclamación presidencial del 19 de septiembre de 2025 impone una restricción temporal a la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes H-1B y condiciona la aprobación de peticiones para extranjeros fuera de Estados Unidos al pago obligatorio de USD $100.000. La medida, según la Casa Blanca, apunta a frenar el abuso del programa que habría reducido salarios y desplazado a trabajadores estadounidenses, especialmente en TI y STEM. La restricción entró en vigor a las 12:01 a.m. hora de verano del Este el 21 de septiembre de 2025 y, salvo prórroga, expirará 12 meses después.

Contexto del anuncio y argumentos oficiales

La Casa Blanca publicó la proclamación el 19 de septiembre de 2025, señalando que el programa H-1B, creado para cubrir vacantes altamente calificadas, ha sido explotado para reemplazar trabajadores estadounidenses por mano de obra extranjera de menor salario y calificación.

En el texto oficial se destaca que la proporción de trabajadores extranjeros en STEM en Estados Unidos se duplicó entre 2000 y 2019, pasando de 1,2 millones a casi 2,5 millones, mientras que el empleo total en STEM aumentó solo un 44,5 por ciento en ese periodo, según la Casa Blanca.

La proclamación añade que, en ocupaciones de computación y matemáticas, la proporción de trabajadores extranjeros creció del 17,7 por ciento en 2000 al 26,1 por ciento en 2019, y que el programa H-1B fue el principal facilitador de ese flujo de mano de obra.

Además, la administración acusa a empresas de TI y firmas de outsourcing de manipular el sistema H-1B: la proporción de trabajadores de TI dentro del programa pasó del 32 por ciento en el año fiscal 2003 a un promedio de más del 65 por ciento en los últimos cinco años fiscales.

Detalles clave de la proclamación

La sección 1 de la proclamación invoca las secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, 8 U.S.C. 1182(f) y 1185(a), para restringir la entrada a Estados Unidos de extranjeros no inmigrantes H-1B destinados a ocupaciones especializadas, salvo que la petición venga acompañada por un pago de USD $100.000.

La restricción especifica que será efectiva a las 12:01 a.m. hora de verano del Este el 21 de septiembre de 2025 y que expirará 12 meses después, salvo prórroga. La sección 1(c) contempla excepciones discrecionales que el Secretario de Seguridad Nacional podrá otorgar si determina que la contratación está en interés nacional.

La sección 2 impone obligaciones de cumplimiento: los empleadores deben obtener y conservar documentación que demuestre el pago antes de presentar peticiones H-1B para extranjeros fuera de EE. UU. El Secretario de Estado verificará la recepción del pago al procesar las solicitudes de visa.

La sección 4 ordena a los departamentos iniciar procesos regulatorios: el Secretario de Trabajo revisará los niveles de salario vigentes conforme a la sección 212(n) de la INA y el Secretario de Seguridad Nacional priorizará la admisión de extranjeros altamente calificados y bien remunerados.

Evidencia y ejemplos citados por la casa blanca

La proclamación cita estudios y datos para sustentar la decisión. Menciona un estudio que detectó un descuento salarial promedio del 36 por ciento en puestos de entrada para trabajadores H-1B comparados con trabajadores a tiempo completo tradicionales.

También se señalan ejemplos de empresas tecnológicas que, según el texto, fueron aprobadas para un número elevado de trabajadores H-1B y, a la par, anunciaron despidos masivos: una firma aprobada para más de 5.000 trabajadores H-1B en el FY 2025 anunció despidos por más de 15.000 empleados.

Otro caso documentado en la proclamación relata una empresa aprobada para casi 1.700 H-1B en el FY 2025 que despidió 2.400 trabajadores estadounidenses en Oregón. Una tercera compañía redujo su plantilla en aproximadamente 27.000 trabajadores desde 2022 y fue aprobada para más de 25.000 H-1B desde el FY 2022.

El texto oficial afirma además que empleados estadounidenses reportaron haber sido obligados a capacitar a trabajadores extranjeros que les reemplazaban, y que firmaron acuerdos de confidencialidad como condición para recibir indemnizaciones.

Riesgos para la seguridad nacional y efectos en el mercado laboral

La Casa Blanca sostiene que el abuso del programa H-1B no solo daña salarios y oportunidades laborales, sino que también constituye una amenaza a la seguridad nacional. Según la proclamación, agencias de aplicación de la ley han investigado a empresas de outsourcing por fraude de visas, lavado de dinero y conspiración bajo la Ley RICO.

La proclamación cita además un estudio que estimó que, en 2001, los salarios de científicos informáticos estadounidenses habrían sido entre un 2,6 por ciento y un 5,1 por ciento más altos y que el empleo hubiera sido entre un 6,1 por ciento y un 10,8 por ciento mayor si no se hubieran importado trabajadores extranjeros al campo de la informática.

En cuanto al mercado laboral reciente, el documento indica aumentos en las tasas de desempleo para ocupaciones de computación: de un promedio de 1,98 por ciento en 2019 a 3,02 por ciento en 2025.

También se invocan cifras del Federal Reserve Bank de Nueva York que muestran tasas de desempleo elevadas entre graduados recientes en ciencias de la computación e ingeniería informática, con 6,1 por ciento y 7,5 por ciento respectivamente.

Implicaciones para la industria tecnológica, criptomonedas e inteligencia artificial

Para empresas de tecnología, startups de blockchain y proyectos de IA, la medida puede encarecer la contratación de talento extranjero y retrasar incorporaciones desde el exterior. El requisito de pago de USD $100.000 funciona como una barrera económica inmediata para muchas contrataciones internacionales.

En el ecosistema cripto y de cadenas de bloques, donde equipos distribuidos y contratación global son comunes, la proclamación podría incentivar modelos de trabajo remoto no sujetos a visas o impulsar la relocalización de talento a jurisdicciones con marcos migratorios más flexibles.

Las empresas de outsourcing y consultoras de TI, ampliamente mencionadas en la proclamación, podrían enfrentar cambios en su modelo de negocios si las verificaciones de pago y las prioridades de admisión se endurecen.

Finalmente, la revisión de niveles salariales y la priorización de trabajadores altamente remunerados podrían favorecer a perfiles senior y muy especializados, pero complicar la inserción de recién graduados en el mercado estadounidense.

Qué sigue: implementación y posibles disputas legales

La proclamación establece plazos: a más tardar 30 días después de la lotería H-1B que siga a la proclamación, varios secretarios del gobierno presentarán recomendaciones sobre la extensión o renovación de la restricción. La implementación estará a cargo del Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

El texto señala que las acciones se realizarán “conforme a la ley aplicable y sujeto a la disponibilidad de asignaciones”, y que la proclamación no crea derechos ejecutables contra el gobierno ante tribunales.

Quedan por verse litigios y desafíos judiciales; medidas de esta magnitud suelen enfrentar impugnaciones en tribunales federales, en especial cuando afectan a empleadores y trabajadores que invocan intereses económicos y contractuales.

La Casa Blanca y las agencias federales deberán coordinar la verificación del pago y la documentación requerida, mientras el Departamento de Trabajo inicia el proceso reglamentario para revisar niveles salariales conforme a la INA.

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