Por Canuto  

Autoridades mexicanas incautaron 300 equipos de minería de criptomonedas conectados ilegalmente a un complejo hidroeléctrico federal en Puebla. La investigación apunta a presunto robo de electricidad y analiza si la operación también pudo estar vinculada con lavado de dinero.

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  • La Marina, fiscales federales y policías de Puebla decomisaron 300 máquinas, transformadores, terminales de media tensión y antenas satelitales.
  • Los equipos, descritos como GPU por medios locales, podrían haber minado criptomonedas distintas de BTC, que ya no se extrae habitualmente con tarjetas gráficas.
  • Contadores forenses investigan el financiamiento de la operación mientras México amplía sus acciones contra el robo de electricidad asociado con la minería.

 

Autoridades mexicanas incautaron 300 equipos de minería de criptomonedas en una propiedad de Tlaola, Puebla, después de detectar una conexión eléctrica ilegal con un complejo hidroeléctrico federal. El operativo involucró a fiscales federales, la Marina y la policía estatal, y añadió un nuevo caso a la creciente disputa por el uso clandestino de infraestructura energética para sostener granjas de activos digitales.

El decomiso ocurrió en la Sierra Norte de Puebla, una zona montañosa próxima a la presa de Nuevo Necaxa, donde los investigadores habían recibido reportes sobre actividades de minería ilegal. La operación no solo puso bajo custodia las máquinas, sino también transformadores, terminales de media tensión y antenas de internet satelital que permanecían activas en el lugar.

La minería de criptomonedas es legal en México, pero las autoridades preparan un cargo por robo de electricidad contra los operadores del sitio. La investigación también examina quién financió el hardware y si los activos generados pudieron utilizarse para lavar ganancias procedentes del crimen, por lo que el caso podría avanzar más allá de una infracción relacionada con el consumo energético.

Una conexión eléctrica que llamó la atención

Francisco Sánchez, secretario de seguridad estatal, explicó a periodistas que el elevado consumo y el ruido de estas instalaciones suelen empujar a sus operadores hacia lugares aislados. Según su relato, esas características ayudaron a alertar a las autoridades, que ya seguían indicios de minería clandestina en municipios cercanos a la presa de Nuevo Necaxa.

El funcionario describió el sitio de Tlaola como parte de una red que habría aprovechado infraestructura hidroeléctrica en la Sierra Norte. También afirmó que la misma actividad se desarrolla en estados vecinos y que los allanamientos se extendieron a municipios próximos, una señal de que los investigadores no consideran el decomiso como un episodio aislado.

Tlaola tiene aproximadamente 20.000 habitantes, y su ubicación remota habría ofrecido a los operadores una combinación atractiva de discreción, conectividad y acceso a una fuente de energía de gran capacidad. Sin embargo, la escala de la instalación terminó produciendo una conexión eléctrica considerable, según Sánchez, lo que elevó el riesgo de detección por parte de las autoridades y de la empresa estatal.

Medios locales como El País y Mexico News Daily describieron los equipos incautados como máquinas con tarjetas gráficas, conocidas como GPU. Esa característica apuntaría a la extracción de criptomonedas que todavía pueden minarse con este tipo de hardware, en lugar de BTC, cuya minería industrial depende principalmente de equipos ASIC diseñados específicamente para ese algoritmo.

La investigación financiera y el costo para la red

Los fiscales mexicanos preparan el expediente por presunto robo de electricidad, mientras contadores forenses rastrean el origen del dinero utilizado para comprar las máquinas y los componentes eléctricos. El gobierno estatal no descarta que los activos producidos en la granja hayan servido para lavar ganancias criminales, aunque esa hipótesis todavía forma parte de la investigación y no constituye una conclusión judicial.

La Comisión Federal de Electricidad participa en las pesquisas, debido a que el caso involucra conexiones ilegales y posible afectación a infraestructura del sistema eléctrico. La empresa calculó que las pérdidas no técnicas por robo, alteración de medidores y conexiones irregulares sumaron 6.346 gigavatios hora entre enero y julio de 2024, con un valor aproximado de MXN $13.800 millones, equivalentes a USD $817 millones.

Ese cálculo incluye distintas formas de pérdida eléctrica y no atribuye todo el monto a la minería de criptomonedas. Aun así, el caso de Puebla muestra por qué las autoridades prestan especial atención a las granjas que concentran cientos de equipos: una instalación de ese tamaño puede generar una demanda energética difícil de ocultar y trasladar sus costos al sistema o a otros usuarios.

La ubicación junto a una presa tampoco significa que los operadores tuvieran autorización para utilizar la energía generada allí. El punto central de la acusación es la conexión clandestina a infraestructura federal, una conducta que puede generar consecuencias penales aunque la actividad de minar criptomonedas, considerada por sí misma, no esté prohibida en México.

Un patrón que también aparece en otros países

Las autoridades mexicanas ya habían desmantelado otras tres operaciones de minería en el estado y en el vecino Tlaxcala durante 2025. Además, el año anterior encontraron una granja cerca de la misma presa que presuntamente funcionaba en propiedades pertenecientes al sindicato de trabajadores eléctricos, lo que amplió las sospechas sobre el aprovechamiento irregular de terrenos e infraestructura vinculados con el sector.

El fenómeno no se limita a México, porque el alto consumo energético de la minería ha llevado a gobiernos de distintos países a perseguir conexiones clandestinas. En Malasia, las autoridades incautaron el año pasado más de 75.000 equipos en operativos contra el robo de electricidad, mientras la compañía eléctrica estimó el valor de la energía sustraída en USD $1.100 millones.

Brasil también cerró una operación ilegal en Río de Janeiro, dentro de una serie de acciones dirigidas contra granjas que evaden el pago de la electricidad o alteran sus conexiones. Estos casos muestran que el conflicto no gira únicamente alrededor del precio de las criptomonedas, sino también de quién soporta el costo de la energía, cómo se protege la red y qué controles existen sobre instalaciones de gran escala.

Para los operadores, la electricidad barata puede convertir una granja en un negocio rentable cuando los precios de los activos digitales suben; para los gobiernos y las empresas eléctricas, una conexión clandestina transforma esa rentabilidad privada en pérdidas públicas y riesgos técnicos. El expediente de Tlaola deberá determinar ahora quién organizó la instalación, cuánto tiempo funcionó, qué criptomonedas produjo y si existieron vínculos con otras operaciones detectadas en la región.

El decomiso de 300 máquinas no resuelve por sí solo la presión que la minería puede ejercer sobre redes aisladas o infraestructura estratégica. Sin embargo, la participación conjunta de autoridades federales, la Marina, policías estatales, la Comisión Federal de Electricidad y especialistas financieros indica que México está abordando estos casos como una combinación de delito energético, posible actividad económica no declarada y eventual lavado de dinero.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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