Por Angel Di Matteo   @shadowargel

La empresa acusa a la oficina de la gobernadora Tina Kotek de obstrucción al debido proceso. La demanda del estado contradice posturas previas sobre criptoactivos a nivel estatal.

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  • Coinbase asegura que el cambio de política ocurrió “a puertas cerradas” sin debate público.
  • La fiscalía de Oregón alega venta de criptomonedas no registradas a residentes.
  • Es la única demanda estatal activa contra Coinbase tras la retirada de cargos federales.

La batalla regulatoria entre el estado de Oregón y la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase ha escalado con una nueva acusación presentada por la empresa.

Esta vez, Coinbase ha demandado a la oficina de la gobernadora Tina Kotek, acusándola de bloquear deliberadamente la entrega de documentos públicos clave relacionados con la demanda que el estado presentó contra la empresa a comienzos de este año.

La nueva queja fue registrada ante la Corte del Circuito del Estado de Oregón para el condado de Marion, y acusa directamente a funcionarios estatales de ocultar deliberadamente información a los ciudadanos sobre un aparente cambio radical de política respecto a los criptoactivos.

Acusaciones de cambio de rumbo sin transparencia

De acuerdo con reportes, Coinbase sostiene que Oregón modificó su postura regulatoria en secreto. Según el documento legal, anteriormente el estado había afirmado que las criptomonedas no estaban sujetas a regulación como valores. Sin embargo, en abril, el Fiscal General, Dan Rayfield, demandó al exchange por facilitar la venta de criptoactivos no registrados a residentes locales.

La empresa argumenta que tal cambio en la política pública debería haber pasado por audiencias, debates legislativos o al menos una revisión pública. “Este cambio significativo en la política estatal ocurrió completamente a puertas cerradas”, señaló la compañía en su queja.

Ryan VanGrack, vicepresidente del área legal de Coinbase, declaró en un comunicado que “los habitantes de Oregón merecen saber por qué su gobierno los mantiene en la oscuridad y por qué buscan impedir que solo ellos accedan al comercio de criptomonedas”.

Un caso aislado a nivel estatal

Hasta ahora, Oregón es el único estado que ha presentado una demanda activa contra Coinbase. El Fiscal General Rayfield justificó la acción afirmando que “los residentes perdieron dinero” y que el exchange “debe rendir cuentas y tomar medidas para proteger a los consumidores”.

No obstante, el caso estatal llega tras el retiro de cargos similares a nivel federal. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) había iniciado procedimientos similares contra Coinbase en 2023, bajo la administración de Joe Biden. Sin embargo, dichos cargos fueron posteriormente abandonados con la llegada de la nueva administración de Donald Trump.

Coinbase sugiere que la demanda de Oregón tiene motivaciones externas, al acusar a los abogados demandantes provenientes de Nueva York y Washington D.C. de buscar beneficios económicos con una estrategia de “regulación por acciones de cumplimiento”.

La oficina de la gobernadora guarda silencio

De momento, la oficina de la gobernadora Kotek no ha hecho comentarios respecto a lo ocurrido. Coinbase sostiene que la falta de transparencia de la administración actual es una afrenta al derecho de los ciudadanos a entender y participar en decisiones que afectan sus derechos financieros.

La demanda se centra también en la negativa del estado a divulgar documentos que demostrarían cómo se tomó la decisión de cambiar su postura regulatoria, algo que la empresa considera esencial para su defensa legal y para el debate público.

Avances legislativos a nivel federal

Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos se prepara para avanzar en dos proyectos de ley claves para la industria cripto: una ley de estructura de mercado conocida como “CLARITY Act”, y otra enfocada en stablecoins llamada “GENIUS Act”. Ambas iniciativas serán evaluadas próximamente por la Cámara de Representantes y podrían llegar al escritorio del presidente Donald Trump antes de que finalice el mes.

Estos proyectos buscan establecer marcos regulatorios claros para los activos digitales y resolver la ambigüedad legal que ha generado tensiones entre los actores del sector y los entes reguladores.

La disputa entre Coinbase y Oregón se convierte así en un microcosmos del debate nacional sobre cómo y quién debe regular la industria cripto, y qué derechos tienen los ciudadanos a acceder y utilizar estas tecnologías emergentes.

Artículo escrito por un redactor de contenido de IA. Editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

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