Por Canuto  

La Comisión Europea evalúa una prohibición en toda la UE sobre transacciones con criptomonedas que involucren a contrapartes establecidas en Rusia, buscando cerrar un flanco que, según el reporte, ha permitido eludir sanciones mediante cambios de nombre, nuevas plataformas y redes cripto diseñadas para mover fondos pese a los controles.
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  • La Comisión Europea propone vetar en la UE las transferencias de criptoactivos hacia y desde contrapartes con sede en Rusia.
  • El plan responde a casos de “rebranding” de proveedores sancionados, como Garantex, que habría reaparecido como Grinex, según el reporte.
  • TRM Labs y Elliptic aportan lecturas distintas: una prohibición general podría sumar claridad, pero la ejecución y el cumplimiento seguirán siendo claves.

 

La Comisión Europea busca imponer una prohibición en toda la Unión Europea sobre todas las transacciones con criptomonedas que involucren a entidades rusas, como parte de los esfuerzos para reforzar el alcance real de las sanciones. La medida apunta a evitar que actores sancionados encuentren rutas alternativas para mantener el flujo de fondos mediante criptoactivos y plataformas que operan, directa o indirectamente, desde Rusia.

De acuerdo con documentos oficiales vistos por el Financial Times, el esquema impediría que cualquier individuo o entidad con sede en la UE transfiera criptomonedas hacia y desde una contraparte con sede en Rusia. En otras palabras, el foco no se limitaría a una lista concreta de empresas sancionadas, sino a la relación con una jurisdicción específica en el circuito de transacciones cripto.

El reporte también contextualiza el movimiento en el marco de los intentos por garantizar que las sanciones no pierdan eficacia por la velocidad de adaptación del ecosistema digital. A diferencia del sistema bancario tradicional, el universo cripto permite que infraestructuras, marcas y rutas de acceso cambien con rapidez, lo que complica la supervisión cuando se persigue a entidades una por una.

La propuesta, según el mismo reporte, se discute junto con otra medida adicional que prohibiría la exportación de ciertos bienes de doble uso hacia Kirguistán. Ambas políticas requerirían el respaldo de los 27 estados miembros de la UE antes de volverse ejecutables, un detalle clave porque el calendario político puede afectar el momento en que entren en vigor.

Una prohibición para cerrar el ciclo de “rebranding”

La Comisión Europea habría optado por una prohibición amplia tras observar que algunos proveedores rusos sancionados pueden relanzarse bajo otros nombres. El reporte menciona como ejemplo al intercambio cerrado Garantex, que habría reaparecido el año pasado como Grinex. Ese patrón sugiere que sancionar a un operador puntual no siempre corta el servicio, sino que puede empujar a una migración de marca y estructura.

En esa línea, un documento interno citado en la nota señala que cualquier “inclusión adicional de proveedores individuales de servicios de criptoactivos” es probable que resulte en la creación de nuevos para eludir esas listas. La frase resume un problema común en el cumplimiento: cuando la barrera se define por nombres propios, el incentivo es cambiar la etiqueta y conservar la operación.

Por eso, siempre según el texto, el enfoque pasa a prohibir transacciones “con cualquier proveedor de servicios de criptoactivos, o utilizar cualquier plataforma que permita la transferencia e intercambio de criptoactivos que esté establecida en Rusia”. El alcance propuesto abarca tanto el vínculo con proveedores como el uso de plataformas ubicadas en ese país.

La discusión, sin embargo, no estaría exenta de resistencias internas. Fuentes diplomáticas anónimas citadas por el reporte indican que tres estados miembros han expresado preocupaciones sobre las nuevas medidas potenciales. Esas dudas podrían, según se advierte, debilitar los planes para implementar las prohibiciones a tiempo para el cuarto aniversario de la incursión de Rusia en Ucrania, el 24 de febrero.

Kirguistán, bienes de doble uso y el factor geopolítico

La propuesta no llega aislada, sino acompañada de una medida relacionada con la exportación de bienes de doble uso a Kirguistán. En la práctica, este tipo de bienes suele tener aplicaciones civiles y también potencial militar o estratégico, por lo que su control se vuelve relevante en escenarios de sanciones y conflicto. El reporte los coloca en el mismo paquete de política, lo que sugiere una mirada integral sobre posibles rutas de evasión.

En paralelo, el enviado de sanciones de la UE, David O’ Sullivan, viajaría a Kirguistán más tarde en febrero para transmitir las preocupaciones del bloque. Según el reporte, el objetivo sería abordar lo que la UE percibe como una postura laxa de la República Kirguisa frente a entidades rusas sancionadas. El viaje se inserta en una estrategia de presión diplomática para reducir puntos de salida y entrada en terceros países.

El trasfondo, en términos de política pública, es que las sanciones dependen tanto del texto legal como de su ejecución y del comportamiento de jurisdicciones conectadas. Si una ruta se restringe en la UE, los flujos pueden buscar intermediarios, corredores o plataformas en otros países. Ese riesgo aparece también en el análisis de los especialistas citados, que anticipan intentos de camuflaje mediante terceros y estructuras pantalla.

Así, el paquete de medidas se explica tanto por el deseo de cerrar brechas en el terreno cripto como por el esfuerzo de vigilar cadenas logísticas más amplias. El reporte sugiere que el objetivo no se limita a castigar, sino a impedir que se construyan puentes alternos que sostengan operaciones que el bloque intenta cortar mediante sanciones.

Infraestructura “diseñada” para evadir sanciones: el caso A7 y A7A5

El reporte introduce otro elemento central: el crecimiento de la red A7 y su stablecoin A7A5 vinculada al rublo. Según se afirma, A7A5 superó USD $100.000.000.000 en volumen de transacciones en enero, un dato que muestra magnitudes que, de confirmarse en su totalidad, llamarían la atención incluso en mercados de alta liquidez por el tamaño del flujo.

Gran parte de ese volumen, según el texto, se procesó en 2025. La nota añade que el Informe de Crimen Cripto de 2026 de TRM indicó que A7A5 y su red de billeteras asociada manejaron aproximadamente USD $70.000.000.000 en flujos relacionados con sanciones el año pasado. El punto es relevante porque conecta una infraestructura específica con actividades de evasión a escala.

También se cita a Ari Redbord, jefe global de política de TRM Labs, quien sostiene que este ecosistema no surgió por accidente. En declaraciones a Decrypt, Redbord lo describe como un “sistema maduro e industrializado” diseñado para apoyar a bandas de ransomware, mercados de la darknet y la evasión de sanciones a gran escala. Su tesis apunta a una arquitectura deliberada, no a un efecto emergente sin dirección.

Redbord, según el reporte, agrega que la red A7A5 y sus redes asociadas se han refinado con el tiempo. Menciona infraestructura, corredores, redes de pagos y proveedores de servicios establecidos para mantener el movimiento de fondos incluso cuando se cierran canales financieros tradicionales por acciones de cumplimiento. El mensaje de fondo es que, cuando se bloquea un carril, aparece ingeniería para sostener el tránsito por otros.

¿Una prohibición general puede ser más efectiva?

Ante la escala que el reporte atribuye a redes cripto ilegales vinculadas a Rusia, Redbord coincide en que una prohibición general podría mejorar el enfoque actual. En su lectura, las listas específicas se ven socavadas por cambios constantes de marca y por la regeneración de ecosistemas. La prohibición amplia intentaría reducir esa carrera, trasladando el criterio desde el nombre hacia el riesgo de la red o jurisdicción.

El especialista lo resume, según el reporte, con una idea operativa: una prohibición más amplia cambia el enfoque de “quién está en una lista hoy” a si la transacción está vinculada a una red de alta exposición a evasión de sanciones. En esa lógica, la UE ganaría reglas más claras, más capacidad de supervisión y mayor fricción en puntos de acceso clave. La fricción, en cumplimiento, suele traducirse en costo y en más oportunidades de detección.

El reporte, no obstante, incorpora matices de otros actores. Un portavoz de Elliptic indicó a Decrypt que la UE ya había introducido una prohibición sobre la provisión de “servicios de criptoactivos” a ciudadanos y residentes rusos, como parte de sanciones ampliadas introducidas en octubre del año pasado. Desde esa perspectiva, el bloque ya cuenta con restricciones extensas, y el reto pasa por vigilancia y aplicación consistente.

Ese portavoz, según la nota, afirmó que “las restricciones ya están ahí y son amplias”, y que mayor claridad y perfilación ayudan al endurecer sanciones. A la vez, subrayó que los reguladores deben supervisar y hacer cumplir estándares existentes. En términos prácticos, una regla nueva puede ampliar el marco, pero su impacto depende de su ejecución en exchanges, proveedores y controles de riesgo.

Elusión, AML y los límites de cualquier veto

Incluso con restricciones ampliadas, la elusión seguiría como desafío. Elliptic, según el reporte, señala que el fenómeno no es nuevo y tampoco se limita a activos digitales. En cualquier mercado global, los actores con incentivos pueden intentar sortear controles usando intermediarios, empresas pantalla o jurisdicciones con supervisión más débil.

En este punto, el reporte recuerda el rol del régimen AML, que exige evaluaciones como la diligencia debida inicial y continua, además de la supervisión de todos los clientes con los que una empresa cripto mantiene una relación “comercial”. Esa disciplina busca identificar riesgos y patrones en el tiempo, no solo validar documentos al inicio. Su efectividad, sin embargo, varía según recursos, herramientas y rigor de cumplimiento.

Elliptic también remarca, según la nota, una ventaja técnica del ecosistema: las transacciones cripto quedan registradas en un libro público. A diferencia de ciertos movimientos fiduciarios, esa trazabilidad puede ayudar a identificar técnicas de ofuscación en algunos o muchos casos. No implica que todo sea visible de inmediato, pero sí ofrece una base de datos abierta para análisis forense.

Redbord también reconoce, según el reporte, que la elusión “seguirá ocurriendo” aunque exista una prohibición general. Anticipa que actores rusos podrían disfrazar actividades mediante intermediarios, corredores de terceros países y entidades ficticias. Aun así, su argumento es que un perímetro más duro en la UE eleva el costo de evadir e incrementa la probabilidad de que los flujos aparezcan en puntos regulados donde se pueden bloquear o investigar.

En conjunto, el debate que presenta el reporte enfrenta dos necesidades simultáneas: ampliar el alcance normativo para cerrar brechas y, al mismo tiempo, fortalecer la aplicación cotidiana para que las reglas no queden en el papel. La propuesta de la Comisión Europea, tal como se describe, busca responder a un entorno donde la infraestructura cripto puede reconfigurarse rápido. La decisión final dependerá del consenso entre los 27 estados miembros, en un contexto político marcado por la fecha del 24 de febrero.


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