Por Canuto  

Camboya afirma haber desmantelado todos sus grandes complejos de estafas, pero expertos y gobiernos extranjeros cuestionan la falta de pruebas sobre el desmantelamiento de las redes criminales que los operaban.
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  • El primer ministro Hun Manet aseguró que Camboya erradicó los complejos de estafas a gran escala, sin presentar nuevas pruebas significativas.
  • Expertos reconocen el cierre de muchos centros, pero denuncian avances limitados contra las organizaciones, empresarios y figuras políticas que los protegieron.
  • La ONU estimó que las pérdidas globales asociadas a estas estafas oscilaron entre USD $88.300 millones y USD $114.100 millones en 2025.

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, aseguró que el país desmanteló por completo todos los complejos de estafas a gran escala que lo hicieron conocido internacionalmente, aunque su declaración no estuvo acompañada de nuevas pruebas significativas. La afirmación llegó durante una conferencia dedicada al combate contra las ciberestafas, organizada por Camboya junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito e Interpol.

La promesa oficial contrasta con las críticas de gobiernos extranjeros y especialistas, quienes consideran que Phnom Penh todavía no ha hecho lo suficiente para desarticular las estructuras criminales detrás de esas operaciones. El debate no se centra únicamente en si algunos edificios fueron vaciados, sino en si las autoridades investigaron y castigaron a quienes dirigieron, protegieron y se beneficiaron de una industria que afectó a víctimas de todo el mundo.

Una declaración de éxito sin nuevas pruebas

Durante su discurso, Hun Manet afirmó que los esfuerzos de su gobierno permitieron desmantelar por completo todos los complejos de estafas a gran escala dentro del reino. También sostuvo que las fuerzas de seguridad permanecen preparadas para responder si los sindicatos organizados intentan fragmentarse en operaciones más pequeñas y descentralizadas, una posibilidad que complica cualquier proclamación definitiva sobre el fin del fenómeno.

La conferencia tuvo una duración de dos días y reunió a representantes vinculados con la respuesta internacional contra las ciberestafas. Sin embargo, la información disponible no incluyó nuevas evidencias que demostraran la desaparición de las organizaciones criminales, sus redes financieras o las conexiones que les permitieron operar durante años desde territorio camboyano.

El martes, las autoridades llevaron a periodistas a varios complejos de estafas vacíos para mostrar los resultados de su campaña de cierre. Esas visitas sirvieron como demostración visual de que muchos lugares dejaron de funcionar, pero no resolvieron la cuestión central planteada por los expertos: si las operaciones desaparecieron o simplemente se trasladaron, se dividieron y cambiaron de fachada.

En agosto, Camboya ya había declarado un éxito oficial después de cerrar cientos de complejos de estafas. Hun Manet y otros participantes de la conferencia insistieron en que ningún país puede enfrentar por sí solo un problema de alcance transnacional, por lo que reclamaron una cooperación más estrecha entre gobiernos y organismos internacionales.

El cierre de edificios no desmantela una red criminal

Mark Taylor, consultor especializado en la lucha contra la trata de personas y antiguo director de un programa contra la trata en Camboya, reconoció que el gobierno efectivamente cerró la mayoría de los grandes complejos. No obstante, afirmó que las autoridades hicieron comparativamente poco para desmantelar las organizaciones criminales que dirigían las operaciones de ciberestafa o para investigar y castigar a las élites empresariales y políticas camboyanas que las protegieron y obtuvieron beneficios.

La distinción resulta importante porque los complejos físicos representan solo una parte de la industria. Un edificio vacío puede indicar una intervención policial, pero también puede reflejar el desplazamiento de trabajadores, equipos y administradores hacia instalaciones más pequeñas, menos visibles o ubicadas en otra jurisdicción, especialmente cuando los grupos criminales conservan recursos y contactos.

Las ciberestafas crecieron con especial rapidez durante la pandemia de COVID-19, cuando el aislamiento y el aumento de las actividades digitales ampliaron el número de posibles víctimas. Cientos de miles de personas fueron obligadas a mantener los esquemas en funcionamiento, mientras las víctimas perdieron decenas de miles de millones de dólares en operaciones que dependían de engaños organizados y de una infraestructura laboral coercitiva.

El sudeste asiático concentró numerosos complejos de estafas, sobre todo en países donde la aplicación de la ley era débil. Ese contexto explica por qué el cierre de instalaciones no basta para medir el éxito de una campaña: también hace falta establecer quién controlaba los negocios, quién facilitaba su protección, cómo circulaba el dinero y qué ocurrió con las personas obligadas a trabajar en ellos.

Presión política sobre las figuras vinculadas

La respuesta internacional también ha puesto el foco en posibles vínculos entre las operaciones de estafa y figuras influyentes de Camboya. El congresista estadounidense Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, figura entre los dos líderes del Congreso que pidieron considerar sanciones contra personajes políticos clave del país.

Entre los nombres mencionados aparece Neth Savoeun, uno de los viceprimeros ministros de Camboya, señalado por sus presuntos vínculos con las operaciones de los centros de estafas. La mención corresponde a un alegato político y no constituye, por sí sola, una condena judicial, por lo que cualquier responsabilidad individual debería determinarse mediante investigaciones y procedimientos con pruebas verificables.

La presión sobre las autoridades camboyanas no se limita a la oposición entre gobiernos extranjeros y Phnom Penh. También refleja la preocupación de especialistas que consideran insuficiente una estrategia basada en mostrar edificios abandonados, mientras las personas que organizaron los fraudes y las estructuras que les dieron cobertura permanecen fuera del alcance de procesos penales.

Hun Manet presentó la vigilancia permanente como una garantía frente a la adaptación de los sindicatos criminales. La prueba decisiva, sin embargo, será si el aparato de aplicación de la ley puede identificar y procesar a los responsables cuando las operaciones se fragmenten, en lugar de limitarse a cerrar los lugares más visibles después de que la actividad ya se haya desplazado.

Una industria con pérdidas globales multimillonarias

El impacto económico de estas operaciones excede ampliamente las fronteras de Camboya. En julio, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que las pérdidas combinadas derivadas de las estafas oscilaron entre USD $88.300 millones y USD $114.100 millones durante 2025, una escala que convirtió al fenómeno en un problema internacional de seguridad, finanzas y derechos humanos.

La amplitud de esas pérdidas también ayuda a explicar el interés de otros gobiernos en exigir procesamientos, sanciones y mecanismos de cooperación. Las víctimas se encuentran en distintos países, los operadores pueden utilizar infraestructuras digitales transfronterizas y los recursos obtenidos mediante el engaño pueden moverse con rapidez, lo que dificulta reconstruir la cadena completa de responsabilidades.

La industria se sostuvo mediante cientos de miles de personas obligadas a operar los esquemas, una característica que añade una dimensión de trata y explotación al problema financiero. Para los investigadores, rescatar a esas personas no elimina la necesidad de perseguir a los administradores, reclutadores, financiadores y protectores que hicieron posible la continuidad de las operaciones.

La conferencia organizada por Camboya, las Naciones Unidas e Interpol buscó precisamente subrayar la necesidad de respuestas coordinadas. Mientras el gobierno camboyano presenta el cierre de los grandes complejos como una victoria, los expertos y otros gobiernos esperan señales más concretas: investigaciones independientes, acusaciones penales y pruebas de que las redes criminales no solo abandonaron sus edificios, sino que dejaron de operar.

Qué deberá demostrar Camboya

Para respaldar su declaración, Camboya tendría que mostrar resultados que vayan más allá de recorridos por instalaciones vacías. La evidencia relevante incluiría investigaciones sobre los grupos que administraban los complejos, procesos contra responsables identificados y acciones capaces de seguir el dinero generado por las estafas, aunque la información disponible no reporta nuevos resultados de ese tipo.

El gobierno también deberá responder a la preocupación de que los sindicatos organizados se fragmenten en unidades menores y descentralizadas. Hun Manet reconoció ese riesgo al afirmar que las autoridades permanecen vigilantes, pero la vigilancia solo podrá evaluarse mediante operaciones sostenidas que impidan la reapertura de los negocios bajo nuevos nombres o en ubicaciones diferentes.

La cooperación internacional será necesaria porque ninguna autoridad controla por sí sola todas las partes de estas redes. Las investigaciones pueden requerir intercambio de información, coordinación policial y seguimiento de víctimas y activos en varias jurisdicciones, especialmente cuando los delincuentes aprovechan las diferencias entre los sistemas legales y la debilidad de los controles locales.

Por ahora, el balance presenta dos realidades simultáneas: muchos grandes complejos parecen haber sido cerrados, pero las estructuras criminales que los hicieron posibles continúan bajo cuestionamiento. La afirmación de Camboya marcará una verdadera ruptura con el pasado solo si los cierres físicos vienen acompañados de rendición de cuentas contra quienes organizaron y protegieron la industria.

La información sobre la declaración de Hun Manet, las críticas de los especialistas y las estimaciones de pérdidas fue reportada por Fortune, que también describió la visita de periodistas a complejos vacíos. El desafío para Camboya será convertir una afirmación política de éxito en resultados verificables para las víctimas y para los gobiernos que reclaman justicia.

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