El acuerdo de energía nuclear civil entre Estados Unidos y Arabia Saudita llegó al Congreso con una condición que podría paralizarlo: Riad tendría que normalizar relaciones con Israel, aunque exige una vía hacia la estadidad palestina y el Gobierno israelí rechaza esa posibilidad. El pacto también genera dudas por sus salvaguardas frente al enriquecimiento de uranio y por el riesgo de una carrera nuclear regional.
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- Trump envió el acuerdo nuclear saudí al Congreso, pero lo vinculó a la normalización entre Riad e Israel.
- El pacto no incluye el llamado estándar de oro aplicado al acuerdo nuclear de Estados Unidos con Emiratos Árabes Unidos.
- Arabia Saudita evalúa ofertas de Rusia, China, Francia y Corea del Sur, mientras Washington intenta conservar influencia estratégica.
El presidente Donald Trump remitió formalmente al Congreso el acuerdo de energía nuclear civil entre Estados Unidos y Arabia Saudita para su revisión, en un paso que mantiene vivo un pacto rodeado de incertidumbre. Aunque la administración estadounidense sostiene que la cooperación puede satisfacer las necesidades energéticas de Riad, Trump insiste en que el acuerdo no entrará en vigor si Arabia Saudita no normaliza sus relaciones con Israel. Esa condición conecta un convenio nuclear con una negociación diplomática que permanece lejos de resolverse.
La exigencia podría bloquear indefinidamente el pacto porque Riad reclama una vía clara hacia la estadidad palestina antes de reconocer a Israel, mientras el Gobierno israelí se opone tajantemente a esa posibilidad. El exembajador estadounidense en Arabia Saudita, Michael Ratney, describió la normalización como una condición introducida por Trump en el último minuto, lo que habría sumido el acuerdo en mayor incertidumbre. El período de revisión congresual será de 90 días y, salvo que el Congreso apruebe una resolución conjunta de rechazo, el convenio podría entrar en vigor sin una votación afirmativa.
Un pacto atrapado entre Riad y Tel Aviv
La decisión de Trump parece buscar dos señales simultáneas: comunicar a Riad que la cooperación nuclear avanza y, al mismo tiempo, asegurar a Tel Aviv que el pacto depende de un entendimiento político con Israel. Esa ambigüedad ofrece margen de maniobra al presidente, pero también puede convertir el acuerdo en rehén de posiciones que actualmente parecen incompatibles. Arabia Saudita ha presionado para separar la cooperación nuclear de la normalización, pues considera que ambos asuntos responden a intereses distintos.
Israel ya había expresado una fuerte oposición al acuerdo en su formulación original, mientras Benjamin Netanyahu habría confiado en privado en conseguir una normalización saudí antes de las elecciones israelíes de octubre. Tras el anuncio, Marco Rubio afirmó que Estados Unidos no alcanzaría un acuerdo con ningún país que generara un riesgo de proliferación. Sin embargo, políticos israelíes cuestionaron de inmediato el pacto y argumentaron que podría permitir a Arabia Saudita desarrollar armas nucleares capaces de amenazar la seguridad de Israel.
El exministro de Defensa israelí Avigdor Lieberman advirtió que el convenio podría desencadenar una carrera armamentística nuclear en Oriente Medio y pidió a Israel presionar al Congreso estadounidense para frenarlo. Trump respondió al día siguiente en Truth Social que el reino tendría que sumarse a los Acuerdos de Abraham para mantener el acuerdo en marcha, una condición que fue recibida favorablemente por sectores israelíes. La secuencia reforzó la percepción de que las preferencias de Israel influyen de manera importante en los cálculos de Washington.
El futuro del pacto también depende de la aritmética política en el Congreso, donde existen preocupaciones bipartidistas sobre sus salvaguardas y sobre la posibilidad de que Riad conserve capacidades sensibles del ciclo nuclear. Aun así, los opositores probablemente no contarían con la mayoría a prueba de veto necesaria para detenerlo, según el análisis citado. El resultado deja una paradoja: Trump parece decidido a avanzar con Arabia Saudita, pero ha vinculado el avance a una normalización que las posturas actuales de Riad e Israel hacen improbable.
La energía nuclear y el dilema de la proliferación
El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, ha presentado el acuerdo como una herramienta para cubrir las necesidades energéticas nacionales de Arabia Saudita. Bajo el plan económico del príncipe heredero Mohammed bin Salman, la energía nuclear serviría para generar electricidad y liberar más petróleo para la venta en los mercados internacionales, en lugar de destinarlo al consumo interno. El proyecto también abriría a empresas estadounidenses la posibilidad de desempeñar un papel central en la construcción de la infraestructura nuclear saudí.
Los defensores del acuerdo calculan que el acceso al mercado nuclear saudí podría producir decenas de miles de millones de dólares en negocios y miles de empleos en Estados Unidos. La cooperación, además, se inserta en una agenda más amplia que incluye manufactura avanzada, semiconductores, inteligencia artificial y minerales críticos, áreas consideradas estratégicas por Washington para asegurar cadenas de suministro y limitar la expansión global de China. La inversión saudí también resulta atractiva para Estados Unidos mientras intenta conservar liderazgo tecnológico y reforzar su influencia económica.
Washington teme que una negativa a satisfacer las ambiciones nucleares de Riad empuje al reino hacia Rusia o China, cuyos modelos de cooperación podrían ofrecer menos restricciones que las exigidas por la legislación estadounidense. China ha brindado históricamente asistencia nuclear bajo condiciones que Washington no habría aceptado, incluida la ayuda al programa nuclear de Pakistán, aunque Pekín ha endurecido posteriormente sus políticas de no proliferación. Rusia también participa en el régimen internacional de no proliferación y exige salvaguardas para sus exportaciones civiles, pero su cooperación no está sometida a todos los requisitos legales estadounidenses.
La presión aumenta porque Arabia Saudita parece decidida a desarrollar un programa nuclear incluso sin participación estadounidense y ya solicitó ofertas a empresas rusas, chinas, francesas y surcoreanas para construir sus dos primeros reactores de generación eléctrica. Riad también ha señalado que buscaría un arma nuclear si Irán desarrolla una, una postura que ha impulsado conversaciones con Washington desde la administración de George W. Bush. En este contexto, el acuerdo no solo responde a una necesidad energética, sino también al intento de Estados Unidos de mantener influencia sobre una decisión estratégica que Arabia Saudita podría tomar por su cuenta.
Salvaguardas inferiores al modelo emiratí
Una de las principales críticas apunta a que Trump estaría dispuesto a relajar ciertas condiciones de no proliferación, entre ellas la renuncia saudí al enriquecimiento de uranio y al reprocesamiento nacional de combustible nuclear usado. La administración firmó con Arabia Saudita un Acuerdo de la Sección 123, el marco legal requerido por la Ley de Energía Atómica para una cooperación civil significativa con otro país. No obstante, el acuerdo no incluye el Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Ese protocolo amplía las facultades de inspección y exige controles completos sobre sitios nucleares declarados y no declarados, además de compromisos para abandonar tecnologías del combustible que podrían facilitar la producción de uranio apto para armas o plutonio. El acuerdo estadounidense de 2009 con Emiratos Árabes Unidos obligó a Abu Dabi a aplicar el Protocolo Adicional y a renunciar por separado al enriquecimiento nacional y al reprocesamiento. Por esa combinación, el pacto emiratí suele considerarse el estándar de oro para los acuerdos de cooperación nuclear civil.
El convenio saudí no contiene compromisos equivalentes, y los críticos temen que sus salvaguardas no impidan un futuro programa de enriquecimiento o el desarrollo de armas. Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron un acuerdo bilateral de salvaguardas para cubrir instalaciones sensibles del ciclo de combustible, pero ese mecanismo no elimina todas las dudas sobre la permanencia de las restricciones. La diferencia entre una limitación temporal y una renuncia jurídicamente duradera se vuelve especialmente relevante si cambian las prioridades del reino o aumenta la tensión con Irán.
Los dos países planean utilizar un enfoque de caja negra, mediante el cual la tecnología de enriquecimiento permanecería sellada físicamente y fuera del alcance del personal saudí para proteger conocimientos sensibles. Trump declaró que no habría enriquecimiento, pero el análisis de Responsible Statecraft advierte que nada en el acuerdo vuelve permanente esa prohibición. La fórmula podría reducir el acceso inmediato de Riad a capacidades delicadas, aunque no ofrece la misma claridad que una renuncia explícita y separada a las actividades de enriquecimiento y reprocesamiento.
El proceso que sigue para el acuerdo
La presentación al Congreso inicia un período de revisión de 90 días, durante el cual los legisladores pueden examinar los compromisos de cooperación, las salvaguardas y la relación entre el pacto nuclear y la normalización con Israel. El acuerdo puede avanzar sin una aprobación afirmativa si el Congreso no adopta una resolución conjunta para rechazarlo. La posibilidad de que los críticos carezcan de una mayoría suficiente para superar un veto presidencial reduce las probabilidades de una derrota legislativa directa.
Eso no significa que el proceso resuelva las contradicciones políticas del convenio. Cuatro congresistas demócratas señalaron el mes pasado que Trump inició una guerra contra Irán para impedir que enriqueciera uranio, pero ahora estaría dispuesto a otorgar a Arabia Saudita los medios para hacer algo similar. Según esos legisladores, la contradicción vuelve imposible tomar en serio la política estadounidense y socava cualquier posibilidad de alcanzar un acuerdo duradero con Irán.
La comunidad de no proliferación y legisladores de ambos partidos han planteado objeciones independientes de la posición israelí, centradas en el enriquecimiento, el reprocesamiento y la fortaleza de las inspecciones. Israel constituye una fuente visible de resistencia, pero no explica por sí solo el debate técnico y legal que rodea al acuerdo. La administración tendrá que defender simultáneamente el valor comercial y estratégico de la cooperación, así como la capacidad del pacto para evitar que el programa civil se transforme en una plataforma militar.
En última instancia, la supervivencia del acuerdo podría depender de qué relación estratégica valore más la administración Trump: la asociación con Arabia Saudita o la coordinación con Israel. Riad busca una ruta autónoma hacia la energía nuclear y puede recurrir a otros proveedores, mientras Washington intenta conservar el control político y comercial del proyecto. Al introducir la normalización como condición, Trump avanzó el expediente ante el Congreso, pero también dejó abierta la posibilidad de que su propia exigencia convierta el acuerdo en una promesa difícil de cumplir.
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