Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó una disposición central de la ley SCOPE de Texas que obligaba a las plataformas sociales a vigilar y filtrar contenidos relacionados con autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios, drogas, acoso y abuso sexual. La mayoría consideró que la exigencia entraba en conflicto con la Sección 230 de la legislación federal, aunque mantuvo vigente la obligación de verificar la edad de los usuarios.

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  • Un tribunal bloqueó la obligación de filtrar contenidos perjudiciales para menores.
  • Los jueces concluyeron que la Sección 230 federal prevalece sobre la norma estatal.
  • La exigencia de verificar la edad de los usuarios continuará vigente en Texas.

 

Un tribunal federal de apelaciones impidió que Texas aplique una de las disposiciones más importantes de su ley destinada a proteger a los menores frente a contenidos perjudiciales en las redes sociales.

En una decisión dividida de dos votos contra uno, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos concluyó que la legislación federal impide al estado obligar a las plataformas a monitorear y filtrar determinadas publicaciones realizadas por sus usuarios, detalla Reuters.

La sentencia representa una victoria para varios grupos empresariales de la industria tecnológica que habían cuestionado la constitucionalidad y el alcance de la denominada Ley de Protección de los Menores en Internet mediante el Empoderamiento Parental, conocida como SCOPE Act o Proyecto de Ley 18 de la Cámara de Representantes de Texas.

La ley comenzó a regir en septiembre de 2024, aunque distintas disposiciones habían quedado suspendidas debido a medidas cautelares emitidas por tribunales inferiores.

Texas buscaba obligar a las plataformas a vigilar contenidos

La disposición cuestionada exigía que los operadores de plataformas sociales supervisaran y filtraran contenidos que promovieran, glorificaran o facilitaran diversas conductas consideradas perjudiciales.

La lista incluía publicaciones relacionadas con autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios, consumo de sustancias, acoso, intimidación, persecución y abuso sexual, entre otras categorías.

Las autoridades de Texas defendieron la medida como una herramienta necesaria para reducir los riesgos que enfrentan los niños y adolescentes al utilizar servicios digitales.

Sin embargo, organizaciones representativas de la industria tecnológica alegaron que la obligación transformaría a las plataformas en censores sometidos a criterios definidos por el gobierno estatal.

También argumentaron que la norma entraba en conflicto con las protecciones establecidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una disposición federal que generalmente protege a las plataformas frente a responsabilidades derivadas del contenido publicado por terceros.

El tribunal de apelaciones aceptó ese argumento y concluyó que la legislación federal prevalece sobre el requisito de monitoreo y filtrado establecido por Texas.

La Sección 230 vuelve al centro del debate

La Sección 230 ha sido durante años uno de los pilares jurídicos sobre los que funciona la industria estadounidense de Internet.

La norma establece, en términos generales, que los proveedores de servicios digitales no deben ser tratados como editores o autores de la información publicada por sus usuarios.

Las empresas tecnológicas sostienen que esta protección resulta indispensable para permitir la existencia de plataformas abiertas donde millones de personas pueden publicar contenidos sin que cada mensaje tenga que ser revisado previamente.

Sus críticos, en cambio, consideran que la disposición ha permitido que las redes sociales eviten asumir responsabilidad por los daños relacionados con el diseño, la moderación y el funcionamiento de sus productos.

En la decisión del viernes, la jueza Dana Douglas reconoció que la Sección 230 puede generar la percepción de funcionar como una especie de salvoconducto que protege a las empresas frente a casi todas las consecuencias derivadas del funcionamiento de sus plataformas.

Aun así, sostuvo que el texto de la legislación federal protege a las compañías frente a responsabilidades civiles vinculadas con contenidos creados por terceros.

El tribunal mantuvo la verificación de edad

Aunque bloqueó el requisito de vigilancia y filtrado de contenidos, el tribunal permitió que Texas continúe aplicando otra parte relevante de la ley.

Los jueces mantuvieron vigente la obligación de verificar la edad de los usuarios que acceden a determinadas plataformas y servicios digitales.

Esto significa que la sentencia no anula por completo la Ley SCOPE, sino que limita específicamente la capacidad del estado para imponer obligaciones relacionadas con la supervisión de publicaciones.

El tribunal también concluyó que Students Engaged in Advancing Texas, una organización sin fines de lucro que participó en la demanda, carecía de legitimación jurídica suficiente para cuestionar la ley.

La decisión deja en pie un marco regulatorio fragmentado, donde Texas podrá exigir mecanismos de verificación de edad, pero no podrá obligar a las empresas a filtrar determinados tipos de contenido bajo la disposición impugnada.

Un juez defendió la facultad regulatoria de Texas

El juez James Ho presentó una opinión parcialmente disidente y sostuvo que la disposición estatal debía continuar vigente.

Según su interpretación, la Ley SCOPE no regula directamente las publicaciones realizadas por terceros, sino las decisiones de las propias plataformas sobre cómo organizan, seleccionan y recomiendan contenidos.

Ho argumentó que la norma se ocupa de la curaduría realizada por las empresas y no de la publicación original de los usuarios.

Desde esta perspectiva, el diseño de los algoritmos, las recomendaciones y los mecanismos de distribución constituye una forma de expresión propia de las plataformas que puede ser objeto de regulación estatal.

La división entre los jueces refleja la dificultad de determinar dónde termina la protección legal sobre el contenido de los usuarios y dónde comienza la responsabilidad de las empresas por la manera en que sus sistemas amplifican o presentan ese contenido.

La industria tecnológica celebra la decisión

La demanda fue presentada por la Computer & Communications Industry Association y NetChoice, dos asociaciones empresariales que incluyen entre sus miembros a compañías como Amazon, Google y Meta, propietaria de Facebook e Instagram.

Matthew Schruers, director ejecutivo de la primera organización, afirmó que la decisión confirma que la legislación federal impide que Texas convierta a los servicios de Internet en censores del estado.

Paul Taske, director del centro de litigios de NetChoice, calificó la sentencia como una victoria para los residentes de Texas que rechazan que el gobierno determine qué pueden leer, ver o expresar en Internet.

Para las asociaciones, obligar a las plataformas a identificar y retirar categorías amplias de contenido podría conducir a la eliminación excesiva de publicaciones legítimas, debido al temor de enfrentar sanciones.

Las empresas también sostienen que conceptos como promover o glorificar determinadas conductas pueden interpretarse de forma ambigua y afectar conversaciones educativas, informativas o relacionadas con la salud.

Los estados avanzan con regulaciones diferentes

La sentencia se produce mientras varios estados estadounidenses desarrollan sus propias leyes para regular la relación entre menores y plataformas digitales.

En marzo, otro tribunal federal de apelaciones revocó buena parte de una medida cautelar que impedía a California aplicar su Ley de Diseño Apropiado para la Edad.

Esa norma también busca proteger a los niños frente a contenidos y prácticas digitales consideradas perjudiciales, aunque utiliza un enfoque regulatorio diferente al adoptado por Texas.

Las decisiones divergentes podrían aumentar la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos tenga que pronunciarse eventualmente sobre el alcance de la Sección 230 y las facultades de los estados para regular las plataformas sociales.

El conflicto enfrenta dos objetivos difíciles de conciliar: proteger a los menores de los daños asociados con determinados contenidos y evitar que los gobiernos obtengan un poder excesivo para decidir qué información puede circular en Internet.

Por ahora, Texas conservará parte de su sistema de protección, especialmente la verificación de edad, pero no podrá imponer a las plataformas el controvertido mandato de vigilancia y filtrado invalidado por el tribunal.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, había defendido la legislación, aunque su oficina no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre el fallo. Paxton también es el candidato republicano a un escaño de Texas en el Senado estadounidense durante las elecciones de noviembre.

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