Por Canuto  

Supermicro afirma que una investigación independiente no encontró pruebas de que su CEO y la alta dirección conocieran un supuesto esquema para enviar a China hardware con chips de Nvidia por USD $2.500 millones. Sin embargo, pesquisas en Taiwán, actuaciones en Estados Unidos y el proceso penal contra el cofundador Wally Liaw mantienen abierta la crisis.
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  • La investigación del consejo no halló evidencia de conocimiento del supuesto contrabando por parte del CEO Charles Liang y otros altos ejecutivos.
  • Supermicro reconoció medidas disciplinarias y despidos en áreas de ventas, soporte técnico y tarjetas de investigación.
  • Las autoridades de Estados Unidos y Taiwán mantienen pesquisas paralelas. La evidencia disponible no respalda que el juicio de Wally Liaw esté previsto para marzo de 2027.

 

Supermicro asegura que su CEO y la alta dirección no conocían un supuesto esquema para contrabandear a China hardware valorado en USD $2.500 millones y equipado con chips de Nvidia. La conclusión proviene de una investigación independiente ordenada por el consejo de administración, pero no puso fin a las dudas de los inversionistas porque la empresa ofreció pocos detalles sobre los hallazgos concretos. El anuncio busca aliviar la presión acumulada desde la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el cofundador y director de Supermicro, Yih-Shyan “Wally” Liaw, y otras dos personas.

Supermicro no fue nombrada como acusada en ese expediente y declinó ofrecer comentarios adicionales más allá de su comunicado. La compañía, fabricante de servidores utilizados en centros de datos y sistemas de inteligencia artificial, señaló que el consejo no encontró pruebas de que el director ejecutivo Charles Liang ni los miembros actuales de la alta dirección conocieran el supuesto plan de contrabando, detalla Fortune.

La investigación interna no despejó, sin embargo, otros frentes regulatorios y judiciales. Una pesquisa paralela en Taiwán llevó a la detención de empleados de Supermicro en relación con ventas a una empresa tecnológica, mientras que la compañía también recibió una citación de un gran jurado federal en Nueva York.

El anuncio de la empresa no mencionó esos procedimientos, tampoco identificó por nombre a Liaw ni explicó cómo sus conclusiones se relacionan con las investigaciones gubernamentales. Mark Newman, director ejecutivo de una firma de investigación de renta variable, resumió la reacción de algunos observadores al afirmar que Supermicro básicamente comunicó que “no hay nada que ver aquí” y que podría estar intentando enterrar el asunto.

Un expediente que sigue abierto

El Departamento de Justicia acusó a Liaw de ser presuntamente el cabecilla del esquema, junto con otras dos personas. Liaw cofundó Supermicro con Liang y Sara Liu, y ocupó cargos ejecutivos y un puesto en el consejo hasta que las acusaciones se hicieron públicas el 19 de marzo de 2026.

La evidencia disponible confirma que Liaw fue acusado y arrestado, pero no respalda afirmar que se declaró no culpable ni que su juicio esté previsto para marzo de 2027. Por tanto, el calendario del proceso debe considerarse no identificado con la información suministrada.

Si resulta condenado, Liaw podría enfrentar hasta 20 años de prisión. Su abogado no respondió a una solicitud de comentarios, mientras que la empresa evitó referirse directamente a la estrategia legal del cofundador o a los detalles de la acusación federal.

La posición que Liaw ocupó durante años alimentó las preguntas de algunos inversionistas sobre la supervisión interna de Supermicro. El cofundador mantuvo vínculos prolongados con Liang y Liu, quienes continuaban formando parte del consejo, y regresó a la empresa como consultor externo en mayo de 2021 antes de ser nombrado vicepresidente sénior y reincorporarse al consejo en diciembre de 2023.

Qué encontró la investigación de Supermicro

La revisión fue encabezada por Scott Angel, director independiente principal y exsocio de auditoría de Deloitte, junto con Tally Liu, presidenta del Comité de Auditoría. El consejo contrató a Munger, Tolles & Olson como asesor legal externo y a AlixPartners como consultor especializado en contabilidad forense.

Según Supermicro, el equipo examinó transacciones específicas con clientes mencionados en la acusación federal y revisó una muestra representativa de operaciones en las que otros compradores adquirieron productos sujetos a restricciones. La empresa dijo que el trabajo buscó evaluar tanto las ventas concretas bajo escrutinio como la eficacia de sus controles de exportación.

El consejo afirmó que no halló evidencia de que la dirección hubiera gestionado el supuesto contrabando, ni pruebas de que Supermicro vendiera productos sujetos a controles de exportación a compañías o personas sancionadas. Tampoco encontró indicios de que los estados financieros anteriores de la empresa fueran poco fiables.

“Nos enorgullece informar la conclusión de esta investigación independiente”, afirmó Angel, según el comunicado corporativo. El director añadió que los miembros independientes del consejo respaldaban las medidas adoptadas por la empresa para fortalecer sus políticas y procedimientos internos, además de las mejoras adicionales que planea implementar.

Despidos y otros requerimientos oficiales

Supermicro informó que tomó varias medidas de personal relacionadas con empleados de las áreas de ventas, soporte técnico y tarjetas de investigación. Las acciones incluyeron despidos por incumplimientos de las políticas corporativas o del Código de Conducta en conexión con las pesquisas.

La compañía también enfrenta una citación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, cuyo personal solicitó documentos sobre clientes, incluido el cliente mencionado en la acusación formal. El requerimiento añade una dimensión bursátil al caso, porque la SEC puede examinar la divulgación corporativa, los controles internos y la información entregada a los inversionistas.

La citación del gran jurado provino de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El requerimiento solicita información relacionada con la acusación y con otras personas mencionadas en ella, por lo que su alcance podría superar la situación individual de Liaw.

La investigación interna y las pesquisas oficiales cumplen funciones distintas, de modo que la primera no determina el resultado de las segundas. La revisión del consejo se concentró en la conducta y el conocimiento de la dirección, mientras las autoridades todavía pueden reunir pruebas sobre ventas, intermediarios, clientes y eventuales violaciones a los controles de exportación.

Antecedentes de una empresa bajo escrutinio

Esta es la segunda ocasión en dos años en que Supermicro anuncia que una investigación interna no encontró fraude o responsabilidad entre sus principales ejecutivos. En 2024, la empresa concluyó otra revisión después de que EY renunciara inesperadamente como auditor y señalara problemas relacionados con la trazabilidad de ciertas operaciones.

Aquella investigación fue dirigida por Susie Giordano y revisó 11 transacciones de exportación. Según sus conclusiones, nadie dentro de la compañía había intentado evadir los controles de exportación ni conocía un supuesto desvío de productos.

La revisión de 2024 recomendó varias medidas de personal, incluida la salida inmediata del director financiero David Weigand y su reemplazo por una persona con experiencia financiera directa. Weigand continuaba en el cargo 20 meses después, un antecedente que algunos inversionistas podrían considerar al evaluar la credibilidad de las nuevas acciones anunciadas.

Supermicro también resolvió un caso con la SEC en 2020 por USD $17,5 millones, mientras que el exejecutivo Howard Hideshima fue acusado y sancionado por separado. Liaw dejó el consejo y la empresa en ese momento, pero regresó como consultor externo en mayo de 2021 y posteriormente asumió el cargo de vicepresidente sénior.

La defensa de Supermicro y lo que sigue

Cinco meses después del regreso de Liaw al consejo, los fiscales sostienen que el supuesto esquema de defraudación se encontraba en pleno desarrollo. En una carta enviada a los inversionistas en marzo de 2026, Liang describió a Supermicro como una víctima y dijo sentirse profundamente entristecido y conmocionado por acciones que, según afirmó, se habrían colocado por encima de la misión de la compañía y de su responsabilidad con la seguridad nacional.

La postura corporativa intenta separar a la empresa y a su actual dirección de las presuntas actuaciones individuales descritas por los fiscales. No obstante, la relación histórica entre los fundadores, el retorno de Liaw a puestos de relevancia y la continuidad de las pesquisas explican por qué el comunicado no disipó completamente la incertidumbre.

Para los inversionistas, el próximo foco estará en los resultados de las investigaciones oficiales, las eventuales respuestas de Supermicro a la SEC y el desarrollo del proceso penal. La empresa puede fortalecer sus controles y aplicar sanciones internas, pero esas medidas no sustituyen las conclusiones de las autoridades sobre el origen, el destino y la legalidad de las ventas investigadas.

El calendario del juicio de Liaw no está confirmado con la información disponible y podría exponer nuevos detalles sobre las transacciones examinadas. Hasta entonces, la declaración de Supermicro representa una defensa de su dirección, no una resolución definitiva de todas las preguntas que rodean el supuesto contrabando de hardware con chips de Nvidia hacia China.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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