Por Canuto  

La expansión de los centros de datos vinculados con la inteligencia artificial enfrenta una creciente disputa entre la búsqueda de inversiones y el derecho de las comunidades a conocer los proyectos que transformarán su entorno.
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  • 25 de 31 localidades identificadas tienen acuerdos de confidencialidad que limitan el acceso ciudadano a información sobre centros de datos.
  • Funcionarios defienden los NDAs como una herramienta para competir por inversiones, mientras residentes denuncian exclusión y falta de transparencia.
  • La Parroquia de West Feliciana, en Luisiana, sostiene que logró negociar un proyecto sin ocultar ante el público los detalles relevantes.

La expansión de los centros de datos en Estados Unidos está abriendo una disputa que va más allá de la tecnología: quién puede conocer, discutir y eventualmente cuestionar los proyectos antes de que se aprueben. Estas instalaciones sostienen servicios digitales y cargas de inteligencia artificial, pero también requieren terrenos, energía, agua, incentivos fiscales y nuevas conexiones de infraestructura, asuntos que impactan directamente a las comunidades donde se instalan.

Una investigación de la Universidad de Mary Washington, citada por Tom’s Hardware, encontró que 25 de las 31 localidades con un centro de datos existente, aprobado o propuesto habían firmado acuerdos de confidencialidad, conocidos como NDAs. Esos contratos dificultan, y en algunos casos hacen prácticamente imposible, que los ciudadanos obtengan información sobre las conversaciones entre las empresas desarrolladoras y sus gobiernos locales.

El secreto como puerta de entrada a los proyectos

Los NDAs son contratos que restringen la divulgación de información compartida entre las partes durante una negociación. En el caso de los centros de datos, pueden abarcar desde las primeras conversaciones con una empresa hasta detalles sobre posibles ubicaciones, incentivos, compras de terrenos o condiciones de desarrollo, aunque el alcance concreto depende de cada acuerdo.

Según NPR, la falta de información ha dejado sin respuesta numerosas preguntas de los residentes y ha provocado que muchos se sientan excluidos de decisiones que afectarán a sus vecindarios. La consecuencia inmediata es una mayor desconfianza hacia los funcionarios locales, especialmente cuando las comunidades descubren tardíamente que una instalación será construida cerca de sus viviendas.

El problema se vuelve más sensible porque los centros de datos pueden representar proyectos de gran escala, con efectos sobre el uso del suelo, el consumo energético y la planificación municipal. Sin embargo, la información entregada a la ciudadanía suele aparecer después de que las conversaciones privadas ya definieron buena parte de las condiciones económicas o territoriales.

La investigación también muestra que el uso de estos acuerdos no se limita a una región específica. Pueblos de distintos estados han firmado NDAs incluso antes de iniciar conversaciones formales con posibles desarrolladores, lo que convierte el secretismo en una práctica de entrada para competir por una industria impulsada por la computación en la nube y la inteligencia artificial.

Funcionarios alegan competencia y riesgos legales

Varios funcionarios defendieron los acuerdos bajo el argumento de que constituyen una práctica habitual en la industria tecnológica. Desde esa perspectiva, una localidad que divulgue demasiado pronto la identidad de una empresa o los términos preliminares de una negociación podría perder el proyecto frente a otro estado, territorio o municipio dispuesto a ofrecer mayor discreción.

Susan Bourgeois, secretaria de Desarrollo Económico de Luisiana, declaró que los NDAs son «fundamentales para el desarrollo económico» porque permiten al estado competir por inversiones en centros de datos. La funcionaria sostuvo que las empresas no quieren que la información compartida al comienzo, ni durante ninguna otra etapa de la discusión, sea divulgada públicamente.

Bourgeois también argumentó que la confidencialidad puede facilitar conversaciones más abiertas, en lugar de impedirlas. En su explicación, los acuerdos no se utilizan para aumentar el encubrimiento, sino para que las compañías y las autoridades puedan hablar con mayor franqueza antes de comprometer públicamente una negociación.

Otro argumento citado por los desarrolladores apunta a evitar conflictos con las normas contra el uso indebido de información privilegiada. Si una empresa cotizada revela datos sensibles sobre una expansión, una compra de terrenos o un posible acuerdo antes de comunicarlo al mercado, la divulgación prematura podría crear riesgos regulatorios y financieros, aunque esa justificación no resuelve por sí sola las preguntas sobre asuntos de interés público.

El conflicto llega a las comunidades

El debate se intensificó a comienzos de 2026 en Wisconsin, donde al menos cuatro comunidades firmaron acuerdos de confidencialidad mientras negociaban proyectos de centros de datos. Reportes de Wisconsin Watch señalaron que funcionarios de al menos cuatro comunidades habían suscrito acuerdos de no divulgación. La existencia de esos pactos alimentó la preocupación de ciudadanos que consideran que sus representantes electos pueden comprometer el futuro de la comunidad sin ofrecer explicaciones suficientes durante el proceso.

Para los residentes, la molestia no se limita a desconocer el nombre de una empresa o la ubicación exacta de una instalación. También incluye no saber qué incentivos fiscales se estudian, qué terrenos podrían venderse y qué compromisos asumiría el gobierno local, elementos que pueden modificar las finanzas públicas y la planificación urbana.

La percepción de exclusión puede convertirse en un problema político cuando los ciudadanos reciben la noticia de un proyecto después de que las autoridades ya lo presentan como una oportunidad económica. En ese momento, las reuniones públicas suelen concentrarse en condiciones difíciles de modificar, mientras la comunidad intenta reconstruir qué se decidió durante los meses de conversaciones privadas.

Los centros de datos asociados con la inteligencia artificial han aumentado el valor estratégico de estas negociaciones, pero también la presión sobre los municipios para actuar con rapidez. La carrera por atraer inversiones no elimina la necesidad de explicar cómo se distribuirán sus beneficios, quién asumirá los costos de infraestructura y qué mecanismos permitirán supervisar el cumplimiento de las promesas.

West Feliciana ofrece una alternativa

La Parroquia de West Feliciana, en Luisiana, mostró que un proyecto de centro de datos puede avanzar sin mantener todos sus detalles en secreto. Kenny Havard, presidente de la parroquia, afirmó que el desarrollo económico no exige necesariamente firmar NDAs, salvo que las empresas deban compartir información verdaderamente propietaria dentro de una negociación protegida.

Havard, quien ocupa la presidencia de la parroquia desde 2018, diferenció entre los secretos comerciales y los asuntos que involucran directamente a los ciudadanos. A su juicio, las ventas de terrenos y los incentivos fiscales deben discutirse públicamente porque comprometen recursos y decisiones que pertenecen a toda la comunidad, no únicamente a los funcionarios que negocian con las compañías.

El funcionario dijo que West Feliciana se siente orgullosa de haber concretado el proceso sin recurrir a acuerdos de confidencialidad. Su experiencia sugiere que una localidad puede intentar proteger información empresarial sensible mediante límites específicos, sin convertir en secreto permanente cada conversación relacionada con el suelo, los impuestos o el impacto público del proyecto.

El caso no demuestra que todas las negociaciones puedan desarrollarse de la misma manera, porque cada empresa y jurisdicción enfrenta condiciones distintas. Sí plantea, sin embargo, una pregunta central para la expansión de la infraestructura digital: si los centros de datos necesitan respaldo público, energía y territorio local, la transparencia debería formar parte de la negociación desde el inicio.

El crecimiento de la inteligencia artificial seguirá impulsando la construcción de instalaciones capaces de procesar grandes volúmenes de datos, pero la aceptación social será tan importante como la disponibilidad de capital y electricidad. Los gobiernos que prioricen la confidencialidad tendrán que explicar con precisión qué información protegen y por cuánto tiempo, mientras los ciudadanos exigirán conocer cualquier decisión que afecte sus bienes, impuestos y servicios.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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