Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Las autoridades federales de EE. UU. informaron haber desmantelado un supuesto complot para atacar el evento UFC Freedom 250, celebrado el pasado domingo en los jardines de la Casa Blanca. Según los documentos judiciales, los sospechosos planeaban utilizar drones cargados con explosivos para provocar una estampida y posteriormente abrir fuego contra asistentes y figuras políticas de alto perfil.

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  • Cinco personas fueron detenidas por presuntamente planificar un ataque contra el evento UFC Freedom 250.
  • El supuesto plan contemplaba el uso de drones explosivos para dispersar a la multitud antes de un ataque armado.
  • Entre los asistentes figuraban Donald Trump, JD Vance, Mark Zuckerberg y varios miembros del Congreso.
  • La investigación comenzó después de que familiares de uno de los acusados alertaran a las autoridades.

 

El FBI, en alianza con otras agencias federales, anunciaron el martes la detención de cinco individuos acusados de planificar un ataque contra UFC Freedom 250, un evento celebrado el pasado domingo en el South Lawn de la Casa Blanca y que reunió a miles de asistentes, incluidas algunas de las figuras más influyentes de la política y los negocios estadounidenses.

De acuerdo con las denuncias penales y declaraciones juradas presentadas ante la justicia, reseñadas por Decrypt, los acusados habrían diseñado un plan para utilizar drones cargados con explosivos sobre el recinto del evento. El objetivo habría sido generar pánico y obligar a la multitud a evacuar hacia zonas previamente identificadas, donde otros miembros del grupo presuntamente actuarían como francotiradores y tiradores armados.

Los detenidos fueron identificados como Tycen Proper, residente de Ohio; Daniel Eskridge, de Missouri; Abraham Hermosillo Alvarez, de Nebraska; y los californianos Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas.

Drones, francotiradores y objetivos de alto valor

Según la investigación, las conversaciones entre los integrantes del grupo comenzaron en marzo a través de TikTok y posteriormente se trasladaron a la aplicación de mensajería cifrada Signal.

Los documentos judiciales indican que el grupo planeaba reunirse en Fredericksburg, Virginia, antes de desplazarse hacia Washington D.C. para ejecutar el ataque.

Christopher Betts, oficial de la Fuerza de Tarea del FBI, afirmó en la denuncia que Proper explicó a los investigadores que los drones debían detonar sobre el evento para forzar la evacuación de los asistentes.

“El plan consistía en que miembros del grupo actuaran como francotiradores y otros tiradores, preferiblemente equipados con rifles de largo alcance, ubicados cerca de los puntos de evacuación para disparar contra la multitud y contra objetivos de alto valor mientras huían de las explosiones”, señala el documento.

Las autoridades sostienen que el grupo buscaba desencadenar una especie de revolución en Estados Unidos mediante un ataque de gran impacto mediático.

La alerta vino desde la propia familia de uno de los acusados

La investigación se inició después de que familiares de Tycen Proper contactaran a las fuerzas de seguridad para expresar preocupación por su comportamiento reciente.

Según el expediente judicial, la familia alertó sobre compras de armas de fuego, actividad en línea relacionada con extremismo y cambios significativos en sus creencias.

La madre de Proper declaró a los investigadores que varios miembros del grupo afirmaban tener experiencia militar previa y utilizaban argumentos religiosos para influir sobre su hijo.

“Creía que estas personas estaban utilizando la religión para manipularlo e influenciarlo”, escribió el FBI en los documentos presentados ante la corte.

Durante la investigación, las autoridades recuperaron conversaciones que supuestamente incluían ubicaciones para francotiradores, posibles rutas de escape, refugios temporales, puntos de lanzamiento de drones y otros elementos operativos relacionados con el presunto ataque.

Un evento con fuerte presencia política y del sector cripto

El UFC Freedom 250 reunió a numerosas figuras públicas, entre ellas el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, el secretario de Defensa Pete Hegseth y varios legisladores estadounidenses.

El evento también contó con una importante presencia de empresas vinculadas al ecosistema de criptomonedas. Compañías como Crypto.com, Exodus, World Liberty Financial y Polymarket participaron mediante patrocinios y campañas promocionales.

Entre las iniciativas destacaron una bolsa promocional de USD $1 millón en tokens CRO y USD $250.000 distribuidos en stablecoins USD1.

Crece la preocupación por amenazas vinculadas a drones

El caso se produce en un momento en el que las autoridades estadounidenses mantienen una vigilancia creciente sobre amenazas relacionadas con drones y tecnologías de bajo costo capaces de causar daños significativos.

La semana pasada, el grupo de hackers Handala, presuntamente vinculado a Irán, afirmó haber obtenido acceso a drones de vigilancia utilizados por el FBI y lanzó amenazas contra selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque las autoridades no han vinculado ambos casos, los incidentes reflejan la creciente preocupación de los organismos de seguridad por el uso potencial de drones en ataques contra eventos masivos.

El FBI asegura que el evento nunca estuvo en peligro

Pese a la gravedad de las acusaciones, el director del FBI, Kash Patel, aseguró que el evento nunca llegó a estar realmente comprometido gracias a la rápida intervención de las autoridades.

“Gracias a la acción inmediata del FBI, nuestros socios y el Departamento de Justicia en una operación coordinada entre varios estados, múltiples individuos están ahora bajo custodia y los presuntos ataques fueron detenidos antes de materializarse”, escribió Patel en la red social X.

El funcionario añadió que este tipo de operaciones forman parte de las labores habituales de los equipos encargados de proteger eventos de gran escala y prevenir amenazas contra la población civil.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades federales avanzan en el proceso judicial contra los acusados.

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