Por Canuto  

Una demanda presentada por CHIPS Communities United y Sierra Club, con apoyo de Earthjustice, cuestiona que la EPA haya aprobado dos químicos para fabricar semiconductores sin evaluar plenamente si pueden causar daños graves, contaminar el ambiente o comportarse como PFAS de larga duración.
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  • CHIPS Communities United y Sierra Club demandaron a la EPA por la aprobación de dos generadores de fotoácido usados en la fabricación de semiconductores.
  • Los grupos sostienen que la agencia no conoce los niveles de exposición en que estos químicos podrían causar efectos agudos y otros daños severos.
  • Los compuestos parecen pertenecer al grupo de los PFAS, conocidos por su persistencia ambiental y sus riesgos de contaminación.

Una demanda cuestiona la revisión de nuevos químicos

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, conocida como EPA, enfrenta una demanda presentada por CHIPS Communities United y Sierra Club, con apoyo de Earthjustice. La acción cuestiona la aprobación de dos químicos destinados a la fabricación de semiconductores. Según la información publicada por Earthjustice y reportada por medios como The Hill, los compuestos son generadores de fotoácido, sustancias empleadas durante procesos especializados de producción de chips, pero también estarían asociados con riesgos graves para la salud humana.

La controversia se concentra en la supuesta rapidez y el alcance de la revisión regulatoria. Los grupos demandantes sostienen que la EPA autorizó la importación y el uso de las sustancias en Estados Unidos con restricciones mínimas, pese a que la propia agencia no tendría claridad suficiente sobre los niveles de exposición capaces de provocar efectos agudos o daños duraderos.

El abogado Jonathan Kalmuss-Katz, quien trabaja con Earthjustice, afirmó que la EPA no conoce el nivel en el que los químicos podrían resultar “agudamente letales” o causar otros perjuicios graves a la salud. De acuerdo con su argumento, esa falta de información impide concluir que la aprobación protege de manera adecuada a los trabajadores, a las comunidades cercanas y al público en general.

La demanda también presenta el caso como parte de una discusión más amplia sobre el impulso a la infraestructura tecnológica y la fabricación nacional de chips. La expansión de centros de datos y plantas de semiconductores exige materiales químicos específicos, pero los grupos ambientales sostienen que acelerar los permisos no debería reducir los controles destinados a evitar daños humanos y ambientales.

Riesgos de exposición para trabajadores y comunidades

Los generadores de fotoácido cumplen una función dentro de la fabricación de semiconductores porque participan en procesos relacionados con la definición de patrones sobre materiales utilizados en los chips. Sin embargo, la demanda señala que la exposición a estas sustancias podría provocar consecuencias extremadamente severas, entre ellas muerte súbita, cáncer, corrosión ocular, daño neurológico y perjuicios reproductivos.

Es importante distinguir entre los riesgos alegados en el proceso judicial y una determinación definitiva sobre el impacto de los compuestos. La presentación de los grupos ambientales no equivale a una sentencia ni demuestra por sí sola que cada escenario descrito vaya a ocurrir, pero sí plantea que la EPA habría aprobado los químicos sin contar con datos suficientes para establecer límites de protección eficaces.

Kalmuss-Katz sostuvo que las sustancias podrían representar un “riesgo irrazonable” para los trabajadores y el público. Su argumento se apoya en la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, que obliga a la EPA a prohibir o limitar la fabricación, el procesamiento, la distribución comercial, el uso o la eliminación de una sustancia en la medida necesaria para proteger frente a ese tipo de riesgo.

El abogado describió la actuación de la agencia como una alteración del proceso de revisión de nuevos químicos y afirmó que la EPA habría incumplido su obligación fundamental de proteger al público. La disputa, por tanto, no se limita a la peligrosidad de dos sustancias, sino que también pone bajo escrutinio el criterio utilizado para permitir su entrada y utilización en el mercado estadounidense.

La preocupación por los PFAS de larga duración

Además de los posibles efectos directos sobre la salud, Earthjustice cuestiona que los generadores de fotoácido parezcan pertenecer al grupo de las sustancias perfluoroalquílicas y polifluoroalquílicas, conocidas como PFAS. Estos compuestos sintéticos contienen enlaces químicos particularmente fuertes, una característica que puede permitirles persistir durante largos periodos cuando llegan al ambiente.

Por esa resistencia, los PFAS suelen recibir el nombre de “químicos eternos”. El problema ambiental no depende únicamente de la toxicidad inmediata de una sustancia, ya que un compuesto persistente puede permanecer en el suelo o el agua, desplazarse desde una instalación industrial y dificultar durante años las labores de monitoreo y limpieza.

La industria de los semiconductores utiliza PFAS desde hace tiempo, y los investigadores trabajan en métodos para retirar o tratar los compuestos empleados durante la fabricación de chips. La aprobación de nuevas sustancias de esta clase, sin reglas claras que exijan controlar su eliminación y sus descargas, podría aumentar la carga ambiental asociada con la expansión de la producción tecnológica.

Los grupos ambientales no sostienen necesariamente que Estados Unidos deba detener la fabricación nacional de semiconductores. Su posición reconoce que estos procesos pueden requerir químicos potencialmente dañinos, pero exige que la EPA garantice que no alcancen los sistemas de agua y que las personas que trabajan con ellos cuenten con protección frente a la exposición.

Fabricación de chips y presión política

La administración del presidente Donald Trump busca atraer nuevamente a Estados Unidos una mayor parte de la fabricación de semiconductores. En ese contexto, Trump emitió en julio de 2025 una orden ejecutiva para acelerar los permisos relacionados con infraestructura de centros de datos. No está establecido que los dos compuestos cuestionados estén directamente relacionados con esa orden.

El vínculo político explica por qué la demanda adquiere relevancia más allá de una disputa técnica sobre materiales industriales. Los centros de datos que sostienen servicios digitales e inteligencia artificial dependen de una cadena de suministro de chips, equipos y productos químicos, mientras las autoridades intentan equilibrar la rapidez de las inversiones con las obligaciones ambientales previstas en la legislación.

Los grupos demandantes afirman que ese equilibrio se habría inclinado demasiado hacia la velocidad de aprobación. La organización considera que un procedimiento acelerado puede ser compatible con la producción nacional, pero no cuando la agencia carece de información sobre la letalidad aguda, los efectos graves o la persistencia ambiental de las sustancias que autoriza.

La discusión también refleja una tensión conocida en la política tecnológica estadounidense: reducir la dependencia externa de componentes estratégicos sin trasladar los costos de esa estrategia a los trabajadores, las comunidades o los ecosistemas. Para los grupos ambientales, la revisión regulatoria debe identificar los riesgos antes de que la producción alcance una escala que haga más difícil controlar residuos y descargas.

Un antecedente relacionado en Nueva York

La preocupación por el posible ingreso de PFAS a cuerpos de agua ya aparece en otra disputa vinculada con la planta de semiconductores planificada por Micron en Nueva York. Una demanda relacionada sostiene que los permisos de aguas residuales y de emisiones atmosféricas concedidos a la empresa podrían permitir que esos químicos lleguen al río Oneida.

Ese caso no determina el resultado de la acción presentada contra la EPA, pero ayuda a explicar por qué los ambientalistas observan con cautela la expansión de la industria. Cuando una planta utiliza compuestos persistentes, el debate sobre la autorización no termina en la puerta de la instalación, porque también incluye el tratamiento de residuos, la vigilancia de los vertidos y la responsabilidad por una eventual contaminación.

La experiencia de la fabricación de silicio muestra, además, que las restricciones ambientales pueden coexistir con sistemas industriales de recuperación y reciclaje de químicos. El desarrollo de esos mecanismos puede exigir inversiones importantes, pero también puede reducir desperdicios y generar beneficios operativos para las empresas a largo plazo, según el argumento recogido en el material de origen.

La demanda busca que la EPA responda por la forma en que evaluó los dos generadores de fotoácido y por las condiciones que fijó para su importación y uso. El proceso judicial deberá aclarar qué información tenía la agencia, cómo aplicó la Ley de Control de Sustancias Tóxicas y si las medidas adoptadas resultaban suficientes frente a los riesgos alegados.

El desafío de acelerar sin eliminar controles

La controversia plantea una pregunta central para la política industrial estadounidense: cómo acelerar la construcción de infraestructura tecnológica sin desmantelar los procedimientos que reducen riesgos previsibles. Para los demandantes, una revisión rigurosa no constituye un obstáculo injustificado cuando están en juego sustancias que podrían causar daños severos y permanecer durante largos periodos en el ambiente.

Desde la perspectiva de la industria, la disponibilidad de químicos especializados puede influir en los tiempos y costos de fabricación de semiconductores. No obstante, el material de origen destaca que el reciclaje de muchas sustancias ya forma parte de prácticas industriales que, aunque inicialmente costosas, pueden resultar rentables y limitar las consecuencias ambientales de la producción.

La demanda también pone el foco en la transparencia de las decisiones regulatorias. Si una agencia no puede establecer el nivel de exposición asociado con efectos agudos o graves, los trabajadores y las comunidades tienen menos elementos para conocer qué riesgos enfrentan y qué medidas deben exigir a las empresas que manipulan los compuestos.

El desenlace podría influir en futuras aprobaciones de químicos para plantas de chips y centros de datos, aunque cualquier efecto dependerá de las decisiones judiciales y de la respuesta de la EPA. Mientras tanto, el caso mantiene abierta una discusión incómoda para el auge tecnológico: la carrera por producir más semiconductores no elimina la necesidad de saber qué sustancias se usan, cómo se controlan y hacia dónde terminan sus residuos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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